La minería ilegal de oro en el Perú es una actividad multibillonaria que ha impulsado un ecosistema criminal que socava el imperio de la ley mediante la corrupción, facilita la trata de personas, destruye recursos naturales y es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en la Amazonía Peruana. 

La contaminación por mercurio de la minería ilegal también pone en peligro la salud pública, particularmente de mujeres y niños.  

75% de la población indígena que vive cerca del epicentro de las regiones amazónicas de minería ilegal tiene niveles de mercurio 27 veces por encima de los límites de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). 

Clanes familiares controlan áreas con mínima presencia del Estado y dirigen las actividades ilícitas que luego alimentan redes criminales transnacionales.  

A pesar de amenazas por parte de organizaciones criminales transnacionales y de enquistados intereses políticos y económicos que pretenden desacreditar y descarrilar su trabajo, Flor de María Vega articuló la inter-agencia de aplicación de la ley ambiental para enfrentar actividades de minería ilegal resultando en 500 operaciones contra mineros ilegales sólo en el 2016. 

Sus esfuerzos para capacitar, equipar y liderar a su equipo de fiscales trajo consigo las primeras convicciones en casos de minería ilegal en el 2019.

Sesenta por ciento de la superficie terrestre del Perú está cubierta por bosques, incluyendo la Cuenca del Amazonas, la cual alberga algunas de las más comercialmente valiosas especies de madera en el mundo. 

Muchas de estas especies tienen significativa importancia biológica y ecológica y se encuentran bajo la amenaza de la tala ilegal y de la explotación no sostenible de bosques y otros recursos naturales. 

La tala ilegal y la usurpación ilegal en tierras boscosas degradan los ecosistemas, contaminan las vías fluviales y amenazan la vida y los derechos humanos de comunidades indígenas y de defensores del medio ambiente.

 Para enfrentar este desafío, Flor de María Vega lideró su equipo de fiscales en Iquitos – una capital de región en la Amazonía Peruana – para investigar e incautar $1.6 millones en madera ilegal, la mayor carga de madera ilegal en la historia del Perú.  Su trabajo en el caso de madera ilegal “Yacu Kallpa” se convirtió en un punto clave en la lucha del Perú contra la tala ilegal.  Este caso de alto perfil llamó la atención internacional en torno a la precaria situación que enfrenta el sector forestal peruano.  

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