El caso de las esterilizaciones forzadas practicado en Perú en la década del 90, es el más emblemático en América Latina, señaló Ericka Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), organización que lanzó la campaña "Contra su Voluntad", para establecer un registro de víctimas de este tipo de intervenciones.

“A pesar de que hemos documentado casos en otros países de la región como México y Guatemala, no hemos constatado una situación tan grave como el de las esterilizaciones forzadas en Perú”, señaló.

La representante para las Américas de Amnistía Internacional manifestó que este “es un caso emblema de violación a los derechos humanos de las mujeres” en América Latina, no solo por su dimensión numérica, sino porque se estableció a través de una política de Estado”.

Indicó que para Amnistía Internacional este tipo de intervenciones médicas practicadas en el gobierno de Alberto Fujimori, fue “parte de un programa de planificación familiar”, aplicado por el gobierno de ese entonces.

El organismo internacional lanzó hoy una campaña que busca implementar un registro de víctimas de las esterilizaciones forzadas.

Acompañada por representantes del Amnistía Internacional en el Perú y de los abogados de las víctimas, Guevara-Rosas indicó que esta movilización tiene por objeto sensibilizar al Estado para que implemente un registro integral de personas afectadas por estas prácticas. 

Busca, asimismo, la aplicación de sanciones penales a quienes resulten responsables de la implementación de estas intervenciones quirúrgicas y la creación de una política pública de reparación a las víctimas, que incluya el acceso a la atención de salud mental y al pago de una reparación económica.

Llegar a este estado de cosas es necesario, luego de trece años de investigación, aseveró.

También participo en la rueda de prensa Esperanza Huayama, natural de Huancabamba, Cusco, quien afirmó haber sido objeto de una intervención quirúrgica por médicos del Ministerio de Salud, que la dejó estéril.

Pidió a la fiscal Marcela Gutiérrez, encargada de esta investigación, tomar las medidas correspondientes, tras conocer los testimonios de más de 200 mujeres afectadas por las esterilizaciones sin consentimiento entre 1996 y 1999, principalmente en zonas altoandinas.

/CCH/ Andina