La Defensoría del Pueblo inició una intervención de oficio al conocerse el caso de más de cien escolares de nivel secundario del distrito de Sóndor, en la provincia piurana de Huancabamba, quienes fueron desalojados luego que el área que ocupaba el plantel en el que estudiaban fuera reclamado por las rondas campesinas de la zona, afectando con ello el derecho a recibir una educación de calidad.

Mediante un oficio dirigido al gobernador regional, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego, solicitó efectuar las coordinaciones urgentes con las diversas instituciones vinculadas al sector Educación para no continuar afectando a los alumnos y alumnas del nivel secundario de la institución educativa N° 14519.Como parte de las recomendaciones, se solicitó atender la instalación oportuna de módulos educativos y la pronta culminación del expediente técnico para la construcción, en el más breve plazo, de una infraestructura con material noble que pueda albergar a los y las estudiantes del plantel.

Orrego informó también que la Defensoría del Pueblo hará seguimiento a los compromisos adoptados en la reunión sostenida hoy entre representantes de la Dirección Regional de Educación de Piura y de las rondas campesinas del caserío de Imbo, donde se acordó prorrogar por un mes más el uso de las instalaciones a favor del plantel en tanto se implementan cinco módulos educativos en una zona cercana al lugar que ocupaban.

La cita contó con la asistencia, también, de representantes de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancabamba, municipalidad distrital de Sóndor, Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) y autoridades del centro educativo.

Según informó Orrego, la intervención de la Defensoría del Pueblo tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada institución, dirigidos fundamentalmente a garantizar que se dote de una infraestructura adecuada a los estudiantes afectados.

Cabe señalar que la Defensoría del Pueblo ha realizado reiteradas supervisiones al servicio educativo que el Estado brinda a la población, principalmente en el ámbito rural donde las personas se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. En 2013 se realizó una primera supervisión a 412 escuelas rurales públicas de nivel de educación primaria; y en 2015 se supervisó 566 instituciones educativas con las mismas características.

En el informe elaborado a propósito de la supervisión del 2015, se describe que solo el 53% de las escuelas rurales tenía acceso a agua potable y el 20%, a red pública de desagüe. Asimismo, que los predios de más del 44% de las instituciones educativas carecían de saneamiento físico legal, a pesar de tener la condición de propiedad pública.

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