La procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, solicitó en tres ocasiones autorización para hacer declaraciones en los medios de comunicación y, por lo tanto, sí conocía la normativa que deben cumplir los agentes del Estado sobre dicho tema, sostuvo el viceministro de Justicia, Alfonso Garcés.

Garcés mostró –en conferencia de prensa- los documentos que demuestran que la procuradora Príncipe pidió permiso antes de hacer declaraciones durante la gestión de los exministros de Justicia, Rosario Fernández; en dos ocasiones, y Francisco Eguiguren, en una oportunidad. 

Explicó que en las tres oportunidades Príncipe envió las solicitudes al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, el cual le autorizó dar entrevistas siempre y cuando cuide no revelar estrategias de defensa, ni violar la reserva de los casos a su cargo. 

“Una prueba de que la procuradora sí conocía estas disposiciones son los pedidos formulados a la entonces ministra de Justicia, Rosario Fernández; en julio de 2011, y al exministro Francisco Eguiguren, en agosto de 2011 (…)”, indicó.  

Detalló que en dos oportunidades, Príncipe pidió declarar ante un medio para esclarecer un caso en el que sería afectado su honor  y, en otra ocasión, solicitó conceder una entrevista para explicar a la población su labor contra el lavado de activos. 

En otro momento, Garcés remarcó que la actual gestión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solo cumple con acatar y hacer cumplir la norma, aprobada el 2008, según la cual los procuradores deben solicitar autorización al Consejo de Defensa Jurídica del Estado para declarar en los medios de comunicación. 

Comentó que la mencionada disposición tiene por objetivo evitar revelar las estrategias de defensa del Estado y la reserva a la que están obligados los procuradores. Asimismo, negó que el Poder Ejecutivo haya ejercido alguna "mordaza" sobre algún procurador del Estado.

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