Política

Presidente de CNM no renunciará al cargo y critica pedido para separar a consejeros

Solicitud para removerlos dinamita institucionalidad de organismo
15:53 h - Mié, 18 Nov 2015

El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Águila, descartó renunciar al cargo tras la vacancia del exconsejero Alfredo Quispe Pariona, y consideró que el pedido del Congreso para remover a todos los magistrados “dinamita” la institucionalidad del organismo.

Tras defender su legitimidad al frente del CNM, al representar a unos 15,000 abogados, sostuvo que el Parlamento no puede pedirle explicaciones a este organismo por las decisiones que se adoptan, pues se trata de una institución constitucionalmente autónoma.

Sin embargo, el titular del CNM dijo que los consejeros mantienen su plena predisposición de acudir al Congreso de la República para exponer la vacancia por incapacidad moral de Quispe Pariona, a quien primero decidieron mantener en el cargo, pese a las denuncias en su contra.

“A nadie se le ocurriría en su sano juicio que por una decisión fundamentada se pida la remoción (de los consejeros). Eso es dinamitar la institucionalidad. Hace tres meses cuando destituimos al entonces fiscal de la Nación, (Carlos) Ramos Heredia, éramos la reserva moral del país”, anotó.

Según explicó, en un inicio Quispe Pariona no pudo ser vacado debido a una insuficiencia probatoria y a la falta de reglamento de vacancia en el CNM, pero luego se optó por removerlo del cargo, mediante un procedimiento ad hoc, amparado en una sentencia del Tribunal Constitucional.

“La pregunta era si se procedía o no con la vacancia al no existir un reglamento (…). No podemos vacar a nuestros pares por hechos anteriores. Lo primero que hicimos fue suspenderlo inmediatamente. Quispe Pariona nunca se sentó en el CNM”, apuntó Águila.

Agregó que la decisión final de separar al cuestionado exconsejero fue “ponderada”, tras la renuncia de su presidente, Pablo Talavera; y por sendos pedidos institucionales formulados, en ese sentido, por la Defensoría del Pueblo y por el propio Congreso de la República.

 

/M.R.M./


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