Mediante un documento presentado por la Oficina de Naciones Unidad contra la Droga y el Delito (UNODC) y UNODC y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), se informa que por tercer año consecutivo el Perú ha registrado una disminución acumulada del 30 por ciento de la extensión total de plantaciones de coca existentes. Perú redujo en 13.9 por ciento su espacio cocalero en el año 2014, al pasar de 49, 800 a 42, 900 hectáreas, la extensión más baja desde 1998.

Según el informe, Aguaytía fue la zona de mayor reducción de espacio cocalero en 2014, al pasar de 1,796 a 332 hectáreas, lo que representa una disminución de 81.5 por ciento, seguida del Alto Huallaga, que bajó de 4, 302 hectáreas, en 2013; a 1, 555, en 2014, es decir, tuvo un descenso de 63.9 por ciento.

En tanto, en lugares como Mazamari, Callería,Masisea, Contamana, y Huallaga Central, la disminución fue del 58.9 por ciento, al pasar de 950 a 390 hectáreas en similar periodo.

Asimismo, se menciona a Pichis Palcazú – Pachitea, que bajó de 863 a 402 hectáreas (53.4 por ciento), mientras que en el Bajo Amazonas, el área cocalera neta bajó en dicho periodo de 3,070 a 2, 137 hectáreas (30.4 por ciento).

En el caso del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), una de las zonas de mayor producción cocalera, la reducción fue de 1.7 por ciento, al pasar de 19, 167 hectáreas, en 2013; a 18,845 en 2014, en tanto que en La Convención – Lares se redujo de 10, 843 a 10, 342 hectáreas (4.6 por ciento).

Cabe mencionar que, pese a las reducciones registradas, las mayores extensiones de ocupadas por coca se concentran en el VRAEM (18,845 hectáreas), y la Convención y Lares (10,342), que en su conjunto representan el 68 % del total nacional.

De acuerdo con la información de años anteriores, la reducción de la extensión de coca en el Perú en el periodo 2012-2013 fue de 17.5 por ciento, mientras que el reporte correspondiente al periodo 2011-2012 arrojó una disminución de 3.4 por ciento.

Enfoque integral

Para el representante de Naciones Unidas, es destacable el enfoque integral adoptado por el Gobierno, no solo por su mayor cobertura de intervención, sino por el aumento de sus metas anuales de erradicación (35,000 hectáreas en 2015) y los programas de desarrollo alternativo.

“Estas estrategias han permitido reducir y minimizar los conflictos sociales que generan estos procesos de cambio, y también han motivado a la población dedicada al cultivo a involucrarse en el desarrollo alternativo”, manifestó Mirella.

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