La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en la promoción del proyecto Línea 2 del Metro de Lima y Callao, que elevaría los costos en perjuicio del Estado y además retrasaría la conclusión de las obras.

Un informe de auditoría, presentado hoy por el contralor Edgar Alarcón Tejada, da cuenta de diversos factores que generan esa situación, como la decisión de adelantar la ejecución y culminación de la etapa 1A, que comprende solo 4.3 kilómetros de extensión, desde el Mercado Mayorista de Santa Anita hasta la vía de Evitamiento.

El contralor explicó que es poco probable que los usuarios se bajen de un bus para abordar el Metro, recorran solo esos 4.3 kilómetros y nuevamente desciendan para tomar otro bus que los lleve a sus destinos.

Los cálculos de la Contraloría indican que la demanda para ese pequeño tramo sería solo de 28,592 pasajeros y no de 103,455, como lo estimó el consultor integral del proyecto contratado por ProInversión.

La auditoría revela que esta decisión (de adelantar la ejecución de la etapa 1A) ha ocasionado un incremento de 156.2 millones de dólares en el costo; pero además su puesta en funcionamiento obligaría al Estado a aumentar el nivel de subsidio, de 39 millones de dólares a 63.3 millones.

Esto porque la proyectada demanda del servicio (número posible de pasajeros) fue calculada de manera inadecuada, usando una regla de tres simple.

De no lograrse esas expectativas, el Estado tendría que desembolsar más dinero para cubrir los ingresos que no consiga la empresa concesionaria del Metro por concepto de pasajes.

En ese contexto, la Contraloría General recomendó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) implementar mecanismos de seguimiento y control para asegurar que se obtengan los beneficios proyectados que sustentaban la decisión de adelantar la construcción de este tramo. En caso de que esta medida ocasione un perjuicio económico, deberán iniciarse las acciones legales para la reparación al Estado por los daños.

Involucrados

Al culminar esta auditoría, el ente de control determinó que hay 23 funcionarios de ProInversión involucrados en el caso y que tendrán responsabilidad civil o administrativa. El tema ya está en manos del Poder Judicial y el 36 Juzgado Civil es el encargado de verlo, indicó Alarcón Tejada.

Otro problema detectado en el proceso de control es la entrega de predios para la ejecución del proyecto, lo que no se está cumpliendo y provoca retraso tanto en las obras como en el inicio de las operaciones.

El contralor señaló que el primer tramo debió concluirse en junio de este año, pero luego se fijó el plazo para setiembre. “Pero dudamos de que sea así, pues, tal como se está avanzado, consideramos que es posible que no se cumpla”, afirmó.

BT