La Policía Nacional capturó a uno de los condenados por el asesinato de cuatro líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, ocurrido en 2014. Se trata de José Carlos Estrada Huayta, quien fue ubicado en el distrito de Campoverde, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.

Estrada Huayta tenía una condena de 28 años y tres meses de prisión por el delito de homicidio calificado en agravio de Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo.

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Según la acusación fiscal, los dirigentes indígenas fueron asesinados tras recibir reiteradas amenazas por parte de madereros ilegales. Los líderes fueron emboscados y atacados con armas de fuego mientras se dirigían a pie hacia la localidad de Apiwtza, en Acre (Brasil), donde participarían en una reunión de defensores del bosque.

El detenido figuraba en la lista de los más buscados del país, por lo que el Gobierno ofrecía una recompensa de S/50 000 por su captura. Será puesto a disposición del juzgado correspondiente para la ejecución inmediata de su sentencia y su traslado a un penal donde cumplirá su condena.

Los otros tres condenados por este caso —Hugo Soria Flores y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix— se encuentran prófugos. Por cada uno de ellos también se ofrece una recompensa de S/50 000.

PODER JUDICIAL RATIFICÓ CONDENA POR HOMICIDIO 

Cabe recordar que el 26 de agosto de 2025, la Corte Superior de Justicia de Ucayali ratificó la condena de 28 años y tres meses de prisión contra los responsables del homicidio de los cuatro líderes indígenas de la comunidad de Alto Tamaya-Saweto.

Los sentenciados son los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, declarados autores mediatos del homicidio calificado, así como los hermanos Segundo Atachi Félix y Josimar Atachi Félix, sentenciados como coautores materiales del crimen.

El único implicado que no fue juzgado es Eurico Mapes Gómez, de nacionalidad brasileña, quien continúa prófugo y ha sido declarado reo contumaz por la justicia.

Además, los sentenciados deberán pagar una reparación civil de S/400 000 (S/100 000 por cada víctima).

La sentencia fue leída en audiencia pública tanto en español como en lengua originaria ashéninka, con el fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y sus comunidades.

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