El alcalde provincial de Ayabaca, en Piura, Darwin Quinde Rivera, fue azotado por integrantes de las rondas campesinas del caserío Hualcuy. De acuerdo con las versiones difundidas, el incidente habría ocurrido por el incumplimiento de compromisos con la comunidad.

El burgomaestre se encontraba en la Asamblea Regional para dar a conocer los avances de las obras en la comunidad, cuando un representante de la ronda le indicó: “Señor alcalde, usted tiene que ser consciente de la disciplina que va a recibir hoy; es su pueblo quien lo juzga”.

Quinde Rivera recibió hasta doce azotes por parte de dos ronderos de la zona. En su defensa, aseguró que no había cometido ninguna falta y enfatizó:

“Yo no he robado al pueblo, no tengo por qué pedir disculpas. Los errores han sido de otras personas que contraté y que no cumplieron”.

Posteriormente, en sus redes sociales, el alcalde afirmó que todo se habría producido por no apoyar con un sonido, expresando así su disconformidad por la forma en que fue tratado.

El castigo quedó grabado y se viralizó en redes sociales, generando un amplio debate entre los pobladores de la zona, quienes solicitaron una investigación sobre lo ocurrido.

¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN SOBRE LAS RONDAS?

Hay que destacar que los ronderos están amparados por el artículo 149.º de la Constitución Política. La norma reconoce a las rondas campesinas otorgándoles función jurisdiccional.

“Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, y en su defecto las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona”, precisa el artículo.