Caso Los Niños: Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Pedro Castillo, congresistas y exministros
La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo Terrones por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, en el marco del caso Los Niños.
La imputación, presentada ante el Congreso, recae también contra los parlamentarios de Acción Popular: Darwin Espinoza, Jorge Flores, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Ilich López, Wilson Soto, Silvia Monteza, José Arriola, Pedro Martínez, Luis Aragón, Hilda Portero y Carlos Zeballos, por los ilícitos de organización criminal, tráfico de influencias y/o alternativamente cohecho pasivo impropio.
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Asimismo, la legisladora Karol Paredes enfrenta acusaciones por organización criminal y tráfico de influencias, en tanto que su colega Carlos Alva fue acusado únicamente del primer delito.
Congresistas de Perú Libre y del Bloque Magisterial también fueron incluidos en esta acusación constitucional. Ellos son Germán Tacuri, Pasión Dávila, Francis Paredes, Óscar Zea, Katy Ugarte, Paul Gutiérrez, Segundo Quiroz, Nivardo Tello y Américo Gonza, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.
A esta lista de más de 20 congresistas junto al exmandatario, se suman los exministros Juan Silva (Transportes), denunciado por organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada; Jorge Prado (Producción), sindicado por organización criminal y negociación incompatible; y Betssy Chávez (Trabajo), por negociación incompatible.
CASO LOS NIÑOS: ANTECEDENTES
Los hechos están referidos a que el expresidente Pedro Castillo Terrones habría liderado la presunta organización criminal integrada por los congresistas y ministros denunciados con el fin de negociar votos congresales a cambio direccionar licitaciones y contrataciones públicas en los ministerios de Transportes y Comunicaciones; Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Producción; así como en organismos públicos descentralizados; Superintendencia Nacional de Migraciones, Policía Nacional del Perú y la Empresa Nacional de Puertos.
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