Congresista Francis Paredes rechaza acusaciones tras allanamientos por presunta organización criminal
La congresista Francis Paredes, de Podemos Perú, rechazó categóricamente las acusaciones en su contra y la de su hermana Rosa Paredes, luego del allanamiento de varios inmuebles por una investigación que las vincula con una presunta organización criminal.
A través de un comunicado, la legisladora aseguró que tanto ella como su hermana son involucradas “sin sustento y verdad”.
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“Mi hermana no es funcionaria pública ni ha trabajado para el Estado, por lo que resulta irresponsable pretender vincularla a hechos irregulares sin prueba alguna”, añadió.
Asimismo, sostuvo que no pueden ser responsables de que terceros hayan utilizado sus nombres o referencias “sin autorización” para aparentar influencias o vínculos inexistentes.
Pla parlamentaria indicó además que se pondrá a disposición de las autoridades y colaborará con las investigaciones para esclarecer los hechos.
PIDIÓ CELERIDAD EN LAS INVESTIGACIONES
En el pronunciamiento, la congresista pidió a las autoridades actuar “con celeridad y objetividad”, al considerar que las acusaciones vienen afectando su honra y la de su familia.
“Mi honra, buen nombre y el de mi familia vienen siendo seriamente afectados, impactando directamente en mis padres y en mi menor hija. Reitero mi compromiso con la verdad, la transparencia y el respeto irrestricto al debido proceso”, expresó.
El comunicado fue difundido horas después del operativo denominado Los Operadores del Oriente, mediante el cual se allanaron inmuebles en Lima y Ucayali por presuntas contrataciones irregulares en entidades públicas.
OPERATIVO DE LA PNP Y LA FISCALÍA
La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público allanaron la vivienda de Rosa Paredes Castro, hermana de la congresista Francis Paredes Castro (Podemos Perú), ubicada en Barrios Altos, en el Cercado de Lima, como parte de una investigación por presunta organización criminal.
El operativo, denominado Los Operadores del Oriente, se ejecuta de manera simultánea en diez inmuebles: siete en Ucayali y tres en Lima, específicamente en Barrios Altos, Surco y Jesús María.
La intervención responde a una investigación fiscal contra la legisladora, quien es señalada de presuntamente liderar una organización criminal dedicada a captar personas de confianza para colocarlas en distintas entidades del Estado.
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