Mediante un comunicado, la Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de Educación el retorno a las clases presenciales obligatorias en las instituciones de educación superior con el objetivo de impulsar el “desarrollo educativo con las condiciones básicas de calidad universitaria, como por ejemplo el acceso a bibliotecas, laboratorios, desarrollo de prácticas, entre otros”.

Por ello, la entidad solicitó que se modifique la Resolución Viceministerial n.º 015-2022-MINEDU, con la finalidad de tener un nuevo marco normativo que acelere la reapertura de universidades e institutos y que se garantice el servicio educativo presencial a miles de jóvenes.

“La Defensoría del Pueblo sostiene que dicha norma es insuficiente para promover el efectivo retorno a las aulas universitarias de forma presencial, lo que se ve reflejado en las numerosas quejas recibidas por la poca disponibilidad de clases presenciales tras dos años de educación virtual”, indica el documento.

Además, señala que la situación sanitaria en la que nos encontramos es distinta a la de los años 2020 y 2021, la cual cuenta con un avance de la vacunación contra el covid-19 y con conocimiento suficiente de las medidas de bioseguridad. Por ende, este permitiría el retorno a la presencialidad.

“El cierre de universidades e institutos afecta la formación profesional de miles de jóvenes, su competitividad y salud emocional, así como las posibilidades de realizar producción académica y científica, aspecto consustancial a la existencia de las universidades”, indicó la institución.

Finalmente, la Defensoría exhortó al Minedu a que la nueva normativa establezca la obligatoriedad de la prestación del servicio educativo presencial y que solamente de manera excepcional y debidamente justificada se brinde educación semipresencial y a distancia.

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