Ricardo Brousset Salas, juez supremo provisional, advirtió sobre las severas penas que enfrentan los funcionarios públicos que incurren en el delito de concusión.

El acto ilícito se comete cuando un funcionario, abusando de su cargo, obliga, induce o promete a una persona entregar un bien o beneficio patrimonial indebido, ya sea para sí mismo o para un tercero.

Brousset destacó que las penas por concusión pueden variar entre dos y ocho años de prisión efectiva. Además, los responsables también deberán pagar una multa equivalente a entre 180 y 365 días de su salario diario y serán inhabilitados para ejercer cargos públicos.

La autoridad judicial también señaló que, en algunos casos, la pena de prisión puede no ser efectiva, especialmente si no supera los cinco o seis años y no existe un pronóstico de reiteración delictiva.

El juez recordó incidentes anteriores en el Parlamento, donde ciertos congresistas abusaron de su cargo al contratar empleados para su despacho y luego obligarlos a entregar parte de su remuneración. Estos actos, según Brousset Salas, constituyen claros ejemplos de concusión a favor de terceros o de sí mismos.

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