La legisladora de Avanza País Patricia Chirinos presentó una denuncia constitucional con el fin de solicitar que  el titular del Ministerio Público Juan Carlos Villena sea inhabilitado por 10 años por haber archivado la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra por la adquisición de pruebas rápidas para detectar Covid-19.

Según indicó la referida parlamentaria en los fundamentos de su denuncia, "resulta inverosímil" que el fiscal de la Nación haya archivado la denuncia contra Vizcarra Cornejo, lo cual plantea "serias preocupaciones sobre la falta de rendición de cuentas y transparencia en la gestión de la crisis sanitaria por Covid-19".

"Este acto vulnera los preceptos constitucionales establecidos en los artículos 2.1, 2.2, 9, 38, 39, 118.1 de la Constitución Política del Perú, al no investigar a los presuntos responsables que pusieron en riesgo la vida e integridad de más de 33 millones de ciudadanos que confiaron en las políticas públicas durante el Gobierno del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, quien aseguró que las pruebas rápidas eran una opción segura, pese a que no contaban con sustento científico-técnico", señala el documento.

En ese sentido, según Chirinos, "el representante del Ministerio Público ha evidenciado una violación a sus funciones constitucionales y competencias como funcionario público y representante de una institución que tiene por objetivo la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos".

"El titular del Ministerio Público ha optado por violar no solo (...) la Constitución, sino su propia Ley Organica, al archivar la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo y otros altos funcionarios en el marco de la investigación por la compra millonaria de las pruebas rápidas durante la pandemia del Covid-19, pese a contar con informes de la Contraloría y del Congreso, los cuales concluyeron que los funcionarios antes señalados han incurrido en delitos contra la salud publica al adquirir una prueba que carecía de efectividad y causando una daño irreparable en la población", indica.

"Se ha demostrado en la presente denuncia que el representante del Ministerio Público tenía la obligación de continuar la investigación y no lo hizo sin una justificación válida", puntualiza.

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