La Junta de Fiscales Supremos presentará en los próximos días ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley promulgada por el Congreso que regula los crímenes de lesa humanidad a cometidos ante del 2002.

A través de un comunicado, el Ministerio Público rechaza la ley aprobada, “porque vulnera la autonomía e independencia funcional de los magistrados”.

En el documento, los fiscales supremos expresan su rechazo a la norma a la que consideran como  contrapuesta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

También alertan del impacto negativo en la tramitación de las investigaciones y procesos judiciales en casos de lesa humanidad como Madre Mía, Humaya Chambara, Geotendia, Lurigancho, Paccha I y II, Galván Borja, el Frontón, Barrios Altos, Universidad del Centro, El Santa, Chuschi y los Cabinos, entre otros.

Además, los fiscales expresan su preocupación por los integrantes del subsistema de derechos humanos. “Al hacerlos pasibles de responsabilidad administrativa, habilita la posibilidad de que la Autoridad Nacional de Control ejerza un control disciplinario de las decisiones que adopten”, precisan en el documento.

El pronunciamiento se produce horas después de que tres acusados en casos emblemáticos de lesa humanidad presentaron un recurso para que se archive sus procesos.

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