Las autoridades, funcionarios y servidores públicos no pueden expresar sus preferencias políticas ni su respaldo a una agrupación o candidato a las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022, de acuerdo con el Decreto Supremo emitido recientemente por el Ejecutivo.

La disposición precisa una serie de prohibiciones relacionadas con el uso de la posición o el cargo del funcionario o el servidor en el Estado, y con el uso de los bienes y los recursos públicos, incluido el tratamiento de la información pública.

“El propósito de la norma es mitigar los riesgos asociados a la prohibición de proselitismo político durante las próximas elecciones regionales y municipales y mantener informados a los funcionarios y servidores sobre los impedimentos que rigen durante el período electoral”, sostuvo el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

Los funcionarios y servidores públicos que incurran en incumplimiento serán pasibles de las sanciones de amonestación, suspensión de goce de remuneraciones, destitución e inhabilitación conforme a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y a las sanciones establecidas en otras normas que resulten aplicables, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.

Las prohibiciones en relación al uso de la posición o cargo, el decreto establece que los funcionarios y servidores deben cuidar su comunicación y no expresar sus preferencias políticas, así como tampoco usar prendas con colores o símbolos que identifiquen agrupaciones políticas y/o a sus candidatos.

Igualmente, deben evitar e impedir que los bienes y recursos públicos sean usados en favor o en contra de alguna candidatura o grupo político y no condicionar, jamás, sus servicios a la ciudadanía por su filiación o simpatía política. 

Tampoco pueden emplear su posición, su cargo y su horario de trabajo para influenciar políticamente sobre sus colegas o personas a su cargo. En relación al uso de bienes y recursos públicos, los funcionarios o servidores no pueden exhibir propaganda electoral dentro de la entidad en la que trabajan ni disponer que lo hagan en otra institución pública y deben impedir que los bienes y recursos públicos sean usados en favor o en contra de alguna candidatura o grupo político.

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