La congresista de Cambio Democrático, Sigrid Bazán presentó un proyecto de ley por el cual aumenta a un mínimo de cuatro años la pena de cárcel para quienes cometan prácticas contra la libertad de trabajo y asociación sindical.

La parlamentaria explicó que la iniciativa legislativa fue formulada frente al abuso que por años ejercen ciertos empleadores contra sus trabajadores, coaccionándolos para evitar su derecho a la sindicalización.

La propuesta considera, además, sancionar otras prácticas como tomar represalias contra los trabajadores por afiliarse a un sindicato o realizar actividades sindicales, y simular causales para la terminación colectiva de los contratos de trabajo.

El proyecto de ley modifica el artículo 168 del Decreto Legislativo 635 - Código Penal, con lo cual aumenta la sanción a no menos de cuatro ni más de seis años de cárcel.

Bazán indicó que el objetivo es desincentivar las malas prácticas de ciertos empleadores y servir de garantía a la actividad sindical de los trabajadores.

De acuerdo con la legisladora, existen regulaciones similares frente a las prácticas antisindicales en países como España, Argentina y Colombia.

A la fecha, el Código Penal contempla la regulación del delito de atentado contra la libertad de trabajo y asociación sindical, con una pena que va de dos a cinco años para quien obligue o impida a otro integrar un sindicato mediante violencia o amenaza.

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