El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, y los titulares de las cortes superiores de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Puno reportaron ante la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visita nuestro país, los daños ocasionados a la infraestructura y expedientes durante las protestas que se realizan en varias regiones.  

“Esto es un atentado al Poder Judicial, es un atentado de este poder del Estado que ha tratado de estar a la altura de las circunstancias en esta crisis política que vive el país”, afirmó.

Añadió que en el Perú no existe una política de violación de los derechos humanos. “En este momento existe una situación de violencia que tiene dos vertientes: los justos reclamos de la población y los actos vandálicos que sufre nuestro país”, acotó.

Consecuencias

Arévalo Vela indicó que se teme por la integridad física de jueces, juezas y trabajadores, por lo que se han tomado medidas de trabajo remoto y de suspensión de los plazos procesales. Asimismo, informó que se han quemado expedientes de los juzgados de paz, que mayormente tramitan juicios de alimentos y se afecta a los más pobres.

Reportes

En tanto, el presidente de la Corte de Ayacucho, Juan Ortiz Arévalo, informó que en diciembre fue incendiado el Módulo Básico de Justicia y el Módulo Penal de Huanta; quemaron el local El Progreso, así como el frontis del local central, Oficina de Requisitorias, Mesa de Partes y Atención al Usuario.

Por su parte, el titular del Distrito Judicial de Puno, Juan Ticona Ura, detalló que su sede central fue atacada y que lo más grave fue el incendio del local de El Collao-Ilave.

El presidente de la Corte de Apurímac, Erwin Tayro Tayro, denunció que han sido atacadas las sedes de Chincheros, el Módulo de Familia y de Trabajo de la provincia de Abancay; en el Módulo Penal de Andahuaylas colocaron un explosivo e incendiaron la sede del local central.

El presidente de la Corte de Huancavelica, René Espinoza Avendaño, informó que en diciembre el primer piso de la sede central y el local de los Chancas fueron incendiados; en tanto, en enero la sede de Lircay- Angaraes también fue quemada.

Finalmente, el vicepresidente de la CIDH, Stuardo Ralón, expresó su solidaridad con Arévalo Vela y lamentó estos graves hechos que, dijo, “no son parte de una protesta pacífica”.

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