Economía

La Secretaría del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) felicitó a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD) del Indecopi por la elaboración del destacado reporte de conclusión realizado en el marco del Proyecto “Diálogo Público Privado sobre Estándares de Publicidad en la Economía Digital”.

Dicho documento, presentado en junio del presente año a APEC, constituye el reporte final del proyecto liderado por la CCD del Indecopi, el cual incluye los logros y objetivos alcanzados, en el marco de las reuniones de altos funcionarios del Foro APEC, realizadas en Chile en el 2019.  

Para la Secretaría de APEC, el reporte elaborado por el Indecopi “es uno de los mejores de los últimos tiempos”, por lo que será compartido como ejemplo de buena práctica con otras economías del bloque que cuenten con proyectos en curso. 

Cabe precisar que es la primera vez que el Indecopi recibe dicho reconocimiento por el liderazgo de proyectos para APEC. 

/AC/Andina/

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) viene ultimando detalles para aprobar un marco normativo que permitirá dar un mayor impulso a la inversión en vehículos eléctricos y a la puesta en valor del litio como insumo valioso para el transporte en el futuro cercano.

Para ello, el Minem convocará a instituciones públicas especializadas.

Así lo adelantó la ministra Alessandra G. Herrera Jara en reunión con el parlamentario de la bancada Perú Democrático, Roberto Kamiche, quien acudió a la sede del Minem a pedir información sobre los proyectos en energías renovables alternativas y si hay políticas en marcha para aprovechar el litio.

Al respecto, la ministra indicó que su sector trabaja apuntando a un cambio de la matriz energética y por eso elabora propuestas normativas para dar un mayor impulso a la electromovilidad en el país, de manera que se constituya en una alternativa viable para el transporte que permita reducir la dependencia a los derivados del petróleo.

Esto se realiza en paralelo con la masificación del gas natural, donde ya hay convenios suscritos con Ayacucho, Cusco, Ucayali y Junín para invertir en infraestructura de distribución y permitir el acceso a una energía más económica y limpia que pueda ser utilizada en el transporte y el hogar.

/AC/Andina/

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó hoy que propuso cambios a la normativa aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Así, la SBS publicó un proyecto de resolución que modifica la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT), aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú (Resolución SBS 789-2018), precisando y/o incorporando diversas disposiciones referidas a la debida diligencia en el conocimiento del cliente, beneficiario final, registro de operaciones, umbrales, entre otros, indicó.

Ello, a fin de fortalecer el sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (Splaft), señaló.

El proyecto plantea, entre otros aspectos, delimitar el alcance en las definiciones de los sujetos obligados, entre ellos: comercialización de maquinarias y equipos, comercio de joyas, empresas mineras, comercialización de metales y/o piedras preciosas, organizaciones sin fines de lucro, casas de cambio, entre otros, precisó.

Se adecua la normativa referida al beneficiario final, conforme a la definición prevista en el decreto legislativo (DL) 1372, y se precisa el porcentaje de participación en la persona jurídica para una adecuada aplicación del proceso de debida diligencia en el conocimiento del beneficiario final, reportó.

En el proceso de identificación y evaluación de los riesgos LA/FT que aplican los sujetos obligados, se propone incorporar la obligación de incluir también los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT, la cual se debe replicar en las diversas normas sectoriales para cumplir con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI), indicó.

También se establecen obligaciones diferenciadas para la implementación del Splaft de los agentes inmobiliarios, a través de una segmentación de éstos, en consideración a las características particulares de dicha actividad, comentó. 

Asimismo, se regulan las obligaciones de las personas jurídicas profesionales como sujetos obligados a implementar su Splaft, añadió.

/AC/Andina/

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó que, en lo que resta del 2022, adjudicaría cuatro proyectos de Asociaciones Público – Privadas (APP), por más de 400 millones de dólares, en beneficio de miles de familias peruanas.

ProInversión detalló que los proyectos que se adjudicarían hasta diciembre del 2022 son:

- Línea de Transmisión Piura Nueva Frontera (217 millones de dólares), que tiene como objetivo darle seguridad energética a la zona norte del país.

- Enlace Ica – Poroma (56 millones de dólares), que facilitará el transporte de la energía generada con recursos renovables.

- Proyecto eléctrico ITC Cáclic - Jaén (74 millones de dólares), que permitirá darle mayor confiabilidad al sistema energético en la zona nororiente del país.

- PTAR Puerto Maldonado (cuyo monto actual es 59 millones de dólares), que asegurará el tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Puerto Maldonado, reduciendo el impacto sobre los ríos Madre de Dios y Tambopata.

Los proyectos eléctricos contribuirán a mejorar la productividad y competitividad de las zonas beneficiarias, a través de la provisión confiable y eficiente de energía eléctrica, impulsando el crecimiento de nuestra economía.

Y el proyecto PTAR Puerto Maldonado, ayudará a mejorar la salud, el medio ambiente y la calidad de vida de más de 100,000 personas de Puerto Maldonado.

Para el 2023, ProInversión tiene previsto adjudicar 13 proyectos por más de 3,400 millones de dólares, y la aprobación de declaratoria de interés de 12 proyectos por 3,600 millones de dólares.

/AC/Andina/

En una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez Alván, abordó la agenda transversal pendiente y la de las diversas actividades productivas, entre ellas la joyería, que atraviesa un difícil momento que le impide aprovechar las oportunidades existentes en el mundo.

“En base a una reunión sostenida con su antecesor, Oscar Graham Yamahuchi, y su equipo de trabajo se resaltó la importancia de esa actividad, la situación que enfrenta y se plantearon posibles soluciones a fin de asegurar el abastecimiento de oro, uno de sus principales problemas”, manifestó. 

Refirió que Burneo entendió la delicada posición en la que se encuentran las empresas del sector cuyo mayor porcentaje son micro y pequeñas (mypes), por ello sostendrán otra reunión la próxima semana a fin de avanzar en la solución.

La Gerencia de Manufacturas de ADEX informó que efectivamente, el desabastecimiento de insumos y otros factores afectan a la cadena productiva de la joyería peruana en particular a las mypes exportadoras cuyo número pasó de 294 en el 2011 a 179 el año pasado, una reducción de -39%.

“Las empresas atraviesan momentos complicados por la coyuntura internacional (sobrecostos de fletes, restricciones por el Covid-19) y por lo que acontece en el plano interno (crisis política, falta de la materia prima), todo lo cual impide aprovechar las oportunidades existentes en el mercado global”, detalló Pérez.

Todo ello resulta en una fórmula fatal para las empresas –añadió–, en particular las mypes, que dejan de exportar o peor aún, cierran sus puertas al no poder superar los problemas que encuentran en su día a día.

En el 2011 exportaron un total de 502 grandes, medianas, pequeñas y microempresas del sector joyería (incluidas las que envían muestras), número que se redujo a 249 en el 2021 (caída de -50%).

El año pasado, de las 249, solo el 4% exportó por más de US$ 1 millón, el 14% entre US$ 100 mil y US$ 999 mil 999, el 28% entre US$ 10 mil y US$ 99 mil 999, el 26% entre US$ 1,000 y US$ 9 mil 999; y el 28% por menos de US$ 1,000 (envío de muestras). 

/ES/NDP/

La Comisión de Protección al Consumidor N° 3 del Indecopi sancionó en primera instancia a siete empresas inmobiliarias y a sus gerentes con una multa total de S/ 586 914 por no adoptar acciones necesarias para culminar la construcción de proyectos inmobiliarios.

Dicha decisión se tomó en el marco del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra las empresas ‘Promotora Ibiza S.A.C.’; ‘Desarrolladora Promotora Ibiza S.A.C.’; ‘Constructora e Inmobiliaria Rato S.A.C.’, ‘Promotora Costa Azul S.A.C.’, ‘Promotora Ocean View S.A.C.’; ‘Promotora Girasoles II S.A.C.’ y ‘Desarrolladora Inmobiliaria Girasoles II S.A.C.’ con relación a los siguientes proyectos:

-   “Ibiza”, ubicado en Calle Echenique Sublote 45 E Urbanización Miramar San Miguel

-   “Costa Azul”, ubicado en Sub-Lote B Parcela 3 Zona Norte, Ciudad Satélite, Ventanilla, Callao.

-   “Ocean View” en el Jirón Leoncio Prado N°285 Urbanización Miramar, San Miguel, Lima.

-   “Girasoles II” en la Calle Los Nísperos N°215 del Fundo Vicentelo Alto, El Agustino.

Las empresas infringieron el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, el que señala que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen.

Respecto al sector inmobiliario, el consumidor espera que el proveedor cumpla con las obligaciones asumidas expresamente en el contrato de compraventa; como edificar estructuras de calidad y seguras; efectuar la independización e inscripción del inmueble de manera oportuna, entre otros aspectos. 

/LC/NDP/

Las exportaciones tradicionales ascendieron a US$ 4 458 millones en junio, monto mayor en 18,7 % al registrado en similar mes de 2021, explicado principalmente por los mayores embarques de productos mineros e hidrocarburos.

Se observó también un incremento en los volúmenes de 19,3 % interanual.

Estas ventas al exterior acumularon un valor de US$ 24 679 millones en el primer semestre de 2022, un 17,2 % superior a las registradas en el mismo semestre del año pasado.

Ello reflejó, principalmente, el incremento de los precios de los metales, del gas natural, petróleo crudo y derivados y café.

/ES/NDP/

El Gobierno designó como presidente ejecutivo del Banco de la Nación a Juan Carlos Galfré García como representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Mediante la Resolución Suprema Nº 016-2022-EF, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se nombró a Juan Carlos Galfré García como presidente ejecutivo del Banco de la Nación, cargo que se encontraba vacante.

Juan Carlos Galfré García reemplaza a José Carlos Chávez Cuentas, quien había presentado su renuncia a la Presidencia Ejecutiva del Banco de la Nación el 10 de julio del presente año.

La presente resolución suprema es refrendada por el presidente de la República, Pedro Castillo, y el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo.

Cabe indicar que el Banco de la Nación es gobernado por un directorio integrado por cinco miembros, de los cuales uno es el presidente ejecutivo.

/ES/Andina/

De 2020 a junio de 2022, 1,286,258 personas en todo el Perú sufrieron la interrupción de los servicios de agua potable y alcantarillado, debido a 111 emergencias provocadas por fenómenos naturales, que dañaron la infraestructura de los servicios de saneamiento y detuvieron el normal abastecimiento. 

Se precisó que estos eventos ocasionaron el corte de los servicios de saneamiento por un total de 1536 días. 

Las lluvias intensas fueron las que más emergencias ocasionaron (48), seguida por los deslizamientos (31), inundaciones (13), sismos (8), huaicos (7), incendios forestales (2), contaminación (1) y tormentas eléctricas (1). 

Asimismo, la población afectada por las emergencias y el corte de los servicios de saneamiento durante el 2020 y 2021, fue similar. En el 2020 fueron 611 561, en el 2021 ascendieron a 640 350 y entre enero y julio de 2022 se registran 34 347. 

La data, recopilada a través del Sistema de Monitoreo de Emergencias de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), indica que, el 94% de afectados por este tipo de sucesos se ubicó en zonas urbanas, mientras que el 6% en las zonas rurales.  

En la mayoría de los casos, la afectación de los sistemas de saneamiento se presentó en los prestadores de las organizaciones comunales del ámbito rural, impactados con 53 emergencias, en tanto que las empresas prestadoras de servicios de saneamiento por 42 y las unidades de gestión municipal por 16 fenómenos naturales.

La capacidad de respuesta de los prestadores ante estas emergencias se dio con más prontitud en las EPS, que lograron reponer el servicio en un promedio de 5 días. En las unidades de gestión municipal la demora fue de 17 días, en promedio.

En tanto, las organizaciones comunales fueron las que tuvieron mayor dificultad para restablecer el servicio, llegando hasta 21 días, en promedio. 

El bono alimentario tiene como expectativa apoyar a más de seis millones de personas que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema (vulnerabilidad) y que fueron afectadas drásticamente por el incremento de los precios de los alimentos debido a la crisis económica que afecta al mundo, afirmó el director general de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini.

También, detalló que este bono alimentario tiene dos tramos. “El primero, es una subvención extraordinaria que irá directamente a los beneficiarios de los programas Juntos, Pensión 65 y Contigo. Esta subvención extraordinaria es un monto adicional a lo que normalmente cobran estas personas.”

Demartini sostuvo que el segundo tramo consiste en la entrega del bono alimentario propiamente dicho. “Se trata de un subsidio de 270 soles para más de seis millones de personas que no se encuentran inscritos en los programas sociales mencionados. Próximamente se aprobarán los criterios de focalización y de priorización para identificar a las personas que se verán beneficiadas con esta iniciativa”.

El funcionario precisó que, en el caso del primer tramo, ya se cuentan con canales de cobro y sistemas que permiten a los beneficiarios acceder a este bono. “El banco de la Nación nos apoya mucho en este aspecto, es nuestro principal aliado estratégico para llegar a todas estas personas y familias”.

Además del bono alimentario que, como otras iniciativas de este tipo son dirigidas principalmente a garantizar la seguridad alimentaria del país, hay otras medidas que el Midis viene desarrollando e implementando en beneficio de los que menos tienen.

“El Gobierno se ha trazado estrategias en este aspecto. Por ejemplo, tenemos un apoyo alimentario temporal a las ollas comunes y que, desde el programa Qali Warma, estamos culminando el proceso adquisición y, a fines de agosto, empezaremos la distribución de los alimentos para estos grupos”, aseveró.

Además, precisó Demartini, se están diseñando otras medidas que no solamente comprendan apoyo de este tipo, sino que también el fortalecimiento de capacidades para que las personas más vulnerables puedan desarrollar emprendimientos y o para tomar oportunidades de empleabilidad formal en el país.

/AC/Andina/