Política

El analista internacional, Luis Fernando Nunes, dijo, que por los contactos que mantiene en el ámbito político, académico y en el propio gobierno de Brasil, es evidente que se estaría pensando romper relaciones diplomáticas con Venezuela.

“Hay que recordar el discurso del presidente Jair Bolsonaro absolutamente en contra de los países socialistas y comunistas”

También abordó el tema de las relaciones de Venezuela con el Grupo de Lima y dijo la mayoría de países que lo conforman tiene una posición muy crítica y frontal sobre el tema Nicolás Maduro.

 “Un elemento terrible es que en Venezuela tengamos aviones y pilotos rusos y me parece un elemento preocupante y es importante saber la posición de los Estados Unidos ante la posición del Grupo de Lima por que como todos sabemos usa es el cliente más grande del petróleo de Venezuela”.

Agregó que es satisfactorio saber que el mundo se ha dado cuenta lo que realmente está pasando en Venezuela y han entendido que el problema dejó de ser interno y ya es una complicación regional, que está afectando de diferentes formas a las otras naciones de Sudamérica.

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El ex Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, también se pronunció sobre la Ley de Emergencia presentada al Congreso por el Poder ejecutivo y dijo que La ley de Emergencia tiene algunas inconsistencias y contradicciones que no son salvables y van contra la Constitución.

“Si se quiere hacer una reforma tiene que hacerse dentro del marco constitucional, para que tenga una solidez y ser legítimo y pueda ser acatado por todos los ciudadanos”

Señaló que es verdad que se requieren cambios, pero eso debe, pero deben ser debidamente motivados y sustentados bajo las normas constitucionales.

Explicó que no se puede establecer una junta de Fiscales Supremos adjunto para que evalúen a Fiscales Supremos Titulares no es a la simple lógica algo viable por un tema de jerarquía, entonces los de menor grado no pueden actuar en contra de los de mayor grado.

Caso Chávarry

Dijo que en estos momentos y circunstancias el Fiscal de la Nación Pedro Chávarry debe dar un paso al costado. “todo lo que está ocurriendo y la manera cómo se comporta el doctor Domingo Pérez y la situación que hay al interior deben verse y arreglarse al interior del Ministerio Público”.

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El fiscal adjunto supremo, Javier Luna García, se pronunció sobre el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo en el que se solicita declarar en emergencia el Ministerio Público, y dijo que él y la Junta de Fiscales consideran que este documento es inconstitucional.

Explicó que las normas presentadas en el proyecto señalan que el objeto es suspender en el ejercicio de sus funciones al Fiscal de la Nación y a los Fiscales Supremos Titulares y conformar una Junta Transitoria.

“Ahí viene el primer problema, pues estos se rigen por un estatuto especial que está enmarcado en la Constitución y esta indica que es el Congreso quien tiene que ver cualquier situación con un mal ejercicio de la función”.

Indicó que estamos en un Estado Constitucional de Derecho y entiende el malestar de los diferentes sectores, pero eso no significa que se va a actuar al margen de la Constitución, afirmó.

“El problema es que si la sociedad civil no se alinea en un orden constitucional hay un desborde y eso no se puede permitir. Yo no estoy defendiendo nada, estoy hablando de los mecanismos que la Constitución establece y no se puede quebrar ese orden”.

La Junta de Fiscales no tiene capacidad, ni atribuciones para cesar a al fiscal Pedro Chávarry, dijo.

Agregó que las instituciones- refiriéndose al Congreso- no actúan con la prontitud que se requiere y que las manifestaciones civiles tienen que ser evaluadas por ese organismo.

/LD/

En una acción conjunta entre la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) del Ministerio del Interior y la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, y de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se detuvo en flagrancia a 15 miembros de la organización criminal ‘Los Impostores de la Reconstrucción’ en Piura.

En la operación, que se llevó a cabo el pasado 31 de diciembre en la Cámara de Comercio de Piura por personal de la Diviac, se intervino en flagrancia a 15 miembros de esta organización, los cuales pretendían realizar la suscripción de contratos apócrifos a nombre del falso Programa Crecer Multisectorial-PCM Zonal Piura.

Los detenidos, que se hacían pasar por funcionarios públicos, fueron trasladados a la Divincri de esta ciudad donde se están realizando las gestiones el caso para pedir 36 meses de prisión preventiva contra los involucrados mientras se realizan las investigaciones del caso.

Asimismo, se informó que se allanaron tres locales utilizados para sus actividades delictivas, se incautaron vehículos, computadoras, laptops y abundante documentación como contratos falsos, correos electrónicos, resoluciones falsas y cartas, entre otros documentos.

/ES/Andina/

Un implicado más en el caso Cocteles fue detenido. La Interpol capturó a Giancarlo Bertini Vivanco en Italia, sobre quien pesan 36 meses de prisión preventiva por camuflar aportes ilícitos en la campaña electoral de Fuerza 2011, liderada por Keiko Fujimori.

El pasado 21 de octubre, Bertini salió del país por el Cusco con rumbo a Bolivia, pese a que se había dictado 36 meses de prisión preventiva. Las funciones que este personaje cumpliría dentro de la presunta organización criminal eran de recibir una alta cantidad de dinero, de origen desconocido, para reportarlo en pequeñas partes. De esta forma evitaban levantar sospechas sobre un financiamiento ilícito.

A esta acción se le atribuyó el término de ‘pitufear’. En la campaña del 2011, Bertini habría ‘pitufeado’ el dinero ingresado a pedido de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino del ex ministro fujimorista Jaime Yoshiyama Tanaka.

La cantidad que supuestamente se le entregó al empresario fue de unos US$ 50 mil. Bertini se encargó de conseguir las firmas de personas que aparecerían como aportantes, para luego efectuar los depósitos.

/KAB/

En el penal de Lurigancho se suscribieron esta tarde dos convenios de cooperación con el propósito de mejorar la resocialización de los internos en los penales del país, así como para fortalecer su educación e impulsar su emprendimiento empresarial el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), órgano adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), actividad que contó con la presencia del ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

En primer término se firmó un acuerdo con la Iglesia Hogares Clamor en el Barrio, para consolidar y ampliar la labor de este proyecto en los penales del país, inculcando valores y resocializando a jóvenes adictos a las drogas mediante una estrategia basada en la fe.

Actualmente, Clamor en el Barrio interviene en tres pabellones del penal de Lurigancho, atendiendo a 116 internos. Ellos participan en 3 etapas del tratamiento: novatos, guerreros y vencedores.

Seguidamente, se firmó un acuerdo con la empresa Importaciones Barber Shop S.A.C. para que esta empresa privada capacite a la población de penales en el oficio de barbero, a fin de que se convierta en una nueva oportunidad laboral para los internos y puedan tener mejores oportunidades de trabajo cuando salgan en libertad.

/ES/NDP/

El grupo parlamentario Nuevo Perú presentó una nueva acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por apartar de sus cargos a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela.

Según la acusación, Pedro Chávarry infringió los artículos 39, 41 y 43 de la Constitución del Perú, considerados por el Tribunal Constitucional como los artículos que garantizan la proscripción de la corrupción. Con la decisión anunciada el 31 de diciembre del 2018, el Fiscal de la Nación pretendió impedir la eficiente lucha contra la corrupción, por lo que merecería ser sancionado.

Cabe señalar que esta denuncia contra Chávarry es la primera presentada por este motivo, pero la sexta en lista de espera de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cuyo presidente, Cesar Segura, se ha negado en reiteradas ocasiones a darles prioridad.

/ES/NDP/

Los países que conforman el Grupo de Lima no reconocen la legitimidad del nuevo periodo gubernamental de Nicolás Maduro, que se inicia el próximo 10 de enero, e instan a que no asumir dicho mandato.

En un pronunciamiento difundido en Lima, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Santa Lucía y Perú, ratificaron su pleno respaldo y reconocimiento a la Asamblea Nacional, elegida legítimamente el 6 de diciembre de 2015, como órgano constitucional democráticamente electo en Venezuela.

El Grupo de Lima también ratifica su inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de derecho en Venezuela, resaltando que sólo a través del pleno restablecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos, se podrán atender las causas de la crisis política, económica, social y humanitaria en ese país. 

/ES/Andina/

El Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), Juan Carlos Requejo, mencionó que una de sus líneas de trabajo será el fortalecimiento de la inspección del trabajo, haciéndola más eficiente, y que redundará en que más peruanos tengan un trabajo digno.

“Tenemos una cuota pendiente: los ciudadanos esperan un Estado más cálido y con mayor cobertura, por eso tenemos que trabajar de manera articulada con el sector Trabajo”, señaló durante la ceremonia de presentación ante sus colaboradores.

Por otro lado, Requejo mencionó que se pondrá énfasis en mantener una relación colaborativa con los gobiernos regionales, para poder desarrollar un trabajo conjunto en la inspección del trabajo, a nivel nacional.

/ES/NDP/

La Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial revocó la prisión preventiva de 36 meses que pesaba en contra de asesora de  keiko Fujimori, Ana Herz, declarando fundado el recurso de apelación de la defensa técnica de la investigada y ordenando su inmediata liberación. 

En la resolución N°28, el colegiado que preside el juez Octavio Sahaunay determinó "revocar" la disposición del juez de investigación preparatoria Richar Concepción Carhuancho.

La decisión del colegiado en el caso de la asesora de la hija de Alberto Fujimori estriba en que el Ministerio Público no habría hecho una "imputación específica" en contra de Ana Herz.