Política

Nuestro país se encuentra altamente preparado para proteger a la población ante la posibilidad de la presencia de fuertes lluvias por el fenómeno de El Niño en la zona costera del Perú, afirmó esta mañana el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.

"No puedo tener un pronóstico meteorológico de cómo se presentará (el fenómeno de El Niño en nuestras costas), pero si puedo garantizar que nos encontramos altamente preparados para recibir y proteger a nuestra población", manifestó.

Durante una conferencia de prensa efectuada en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), con la finalidad de informar sobre la situación de las lluvias estacionales y los peligros asociados al fenómeno El Niño, Chávez Cresta precisó que cada escenario en que se presenta El Niño en el país, como los ocurridos en 1983, 1997 y 2017 "tienen su peculiaridad", siendo que el año pasado se presentó un fenómeno distinto como lo fue el Ciclón Yaku.

"Lo que puedo garantizar y estoy completamente convencido es que esta ventana de oportunidades que hemos tenido de julio a diciembre (de 2023) por información de entidades científicas nos hemos preparado de diferente manera, nos hemos preparado de multisectorialmente a diferencia de los otros Niño en los cuales se actuó de manera reactiva", dijo.

Asimismo, refirió que se cuentan con los recursos humanos y equipo mecánico de ingeniería necesarios, a diferencia de otros años.

"Vamos a responder rápidamente como lo venimos haciendo actualmente desde toda la plataforma del Estado y en los tres niveles de Gobierno", agregó.

Finalmente señaló que se informará día a día y de presentarse los peligros asociados al fenómeno de El Niño, nuestras entidades científicas lo comunicarán. 

/ES/Andina/

El Poder Judicial rechazó el pedido presentado por el expresidente Pedro Castillo para revisar de oficio la prisión preventiva de 36 meses dictada en su contra, tras ser investigado por los delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias.

El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, señala que la investigación en las entidades Petroperú S.A., Provías, y Ministerio de Vivienda, es compleja; por lo que existiría peligro de fuga y obstaculización por parte de Castillo Terrones.

"Declarar infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva dictada contra el imputado Pedro Castillo, y consecuentemente se declara la vigencia de la medida de prisión preventiva por el plazo de 36 meses dictada por este juzgado supremo mediante resolución 3 del 9 de marzo del 2023", refiere la decisión.

Dicha prisión preventiva fue confirmada por la Sala Permanente de la Corte Suprema mediante auto de apelación del 31 de marzo del 2023.

Pedro Castillo viene siendo procesado por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad organización criminal agravada por su condición de líder, ilícito penal previsto y sancionado en el primer y segundo párrafo del artículo 317 del Código Penal.

Asimismo, por la comisión del delito contra la administración pública-delitos cometidos por funcionarios públicos, en la modalidad tráfico de influencias agravado, ilícito penal previsto y sancionado en el primer y segundo párrafo del articulo 400 del Código Penal.

Además, por su calidad de cómplice de presunto delito contra la administración pública-delitos cometidos por funcionarios públicos, en la modalidad de colusión.

/ANDINA/PE/

La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, demandó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que respete el debido proceso en la investigación en su contra y que dé inicio a la misma de modo que pueda hacer uso de su derecho a la defensa.

De acuerdo con el mensaje difundido por Benavides Vargas a través de medios de comunicación, aún no se han iniciado las diligencias correspondientes a la investigación que se le sigue por presunta participación en una organización criminal dentro del Ministerio Público, motivo por el cual exigió a la JNJ atender el caso.

"Aún como fiscal suprema, y sobre todo como ciudadana peruana, exijo a la Junta Nacional de Justicia respeto al debido proceso y exijo que se me inicie las investigaciones que correspondan para hacer uso de mi derecho de defensa, lo que hasta el día de hoy no ha ocurrido", expresó la suspendida fiscal.

Asimismo, señaló que el procedimiento disciplinario inmediato en su contra que dispuso la suspensión de todos sus cargos no cuenta con prueba alguna. "Voy más de un mes dentro de unos procedimientos disciplinarios denominado inmediato, u otros que llamarían exprés o sumario, sin una sola prueba directa o indirecta en mi contra", manifestó.

"Hasta el momento, ¿qué actos de investigación ha realizado la Junta Nacional de Justicia? Ninguno, ni un solo testigo, solo documentos que seguramente, o quizás, le estén entregando los fiscales a cargo de la señora Marita Barreto. Si esto fuese verdad sería gravísimo porque son documentos obtenidos sin la mínima garantía de contradicción o defensa", agregó Benavides Vargas.

/PE/

En el marco del proceso judicial sobre los supuestos aportes ilegales de Odebrecht a la campaña presidencial de Alejandro Toledo, en 2011, el Poder Judicial dispuso el embargo de tres inmuebles del exministro Javier Reátegui.

Se trata de un departamento y un estacionamiento ubicados en el distrito limeño de Miraflores, y de un local comercial en el distrito de Santiago de Surco, también en Lima.

La medida de embargo en forma de inscripción fue dispuesta por el titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Jorge Chávez.

Este embargo deberá aplicarse hasta por un monto de 467 mil soles, de acuerdo a la resolución emitida por dicha instancia, adscrita a la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada

Esta fue motivada por un pedido hecho por la fiscalía ad hoc encargada del caso Lava Jato que el juez Chávez declaró fundado.

De acuerdo a la denuncia fiscal, Perú Posible habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht 700 mil dólares para financiar la campaña electoral de Alejandro Toledo, quien postuló a la presidencia de la República en 2011.

De acuerdo al testimonio del ejecutivo de dicha empresa, Jorge Barata, este dinero habría sido alcanzado a Abraham Dan On, exjefe de seguridad de Palacio de Gobierno y hoy prófugo de la justicia peruana.

Caso Interoceánica

Por otro lado, hoy continuó el juicio a Toledo por las irregularidades en la Carretera Interoceánica, referido al dinero otorgado al exmandatario por parte de Odebrecht a fin de asegurar la concesión de dicha obra.

La diligencia realizada por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional comprendió un interrogatorio al exsecretario de Proinversión, Ítalo Bizerra.

/NDP/PE

La Oficialía Mayor del Congreso dispuso el retiro del proyecto de ley presentado desde la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) a fin de establecer que el Parlamento tenga potestad de sancionar a jueces y fiscales.

El titular de la mencionada dependencia del Poder Legislativo, Giovanni Forno, dispuso dicha medida, en atención al pedido hecho en ese sentido por el vocero de APP, Eduardo Salhuana.

“Téngase por retirado el proyecto de ley No. 6738/2023-CR, de autoría del señor congresista Roberto Enrique Chiabra León”, se indica en el documento remitido hoy por la Oficialía Mayor.

Solicitud previa

En la víspera, Salhuana, en su calidad de vocero de APP remitió a Forno un oficio en el que exponía la decisión de su bancada de retirar la mencionada iniciativa legislativa.

Esta establecía modificaciones a los artículos 144 y 158 de la Constitución, referidas a la designación, gestión y cese de los titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público.

En ese contexto, se disponía, también, que el Congreso pueda sancionar a los jueces y fiscales.

La iniciativa dio pie a una respuesta del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, durante la ceremonia de inicio del Año Judicial 2024, pidiendo respeto a la autonomía de la institución a su cargo.

/AC/Andina/

El ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, se pronunció sobre la situación del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y aseguró que “pronto” se dará su captura.

Asimismo, agregó que el trabajo del sistema de inteligencia es permanente, y pidió a la población un poco de paciencia respecto al tema.

Cerrón actualmente se encuentra en calidad de no habido tras ser sentenciado a prisión judicialmente por irregularidades denunciadas durante su gestión al frente del gobierno regional de Junín.

/AC/

El Gobierno peruano prorrogó por 30 días el estado de emergencia en la Red Vial Nacional y en las redes viales departamentales o regionales.

La medida se aplicará a partir de mañana, sábado 6 de enero, de acuerdo a lo establecido en el decreto supremo 001-2024-PCM, publicado hoy en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

La declaratoria de emergencia incluye también la zona comprendida en los 500 metros adyacentes a cada lado de las redes viales mencionadas.

Esta prórroga se da con el fin de “restablecer y/o preservar el orden interno, así como garantizar los derechos de la constitucionales de la población frente a los actos violentos que se llevarían a cabo en las vías que integran la Red Vial Nacional y las Redes Viales Departamentales o Regionales”, según se señala en el texto publicado hoy.

Asimismo, esta extensión del estado de emergencia responde a una recomendación hecha por la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú.

Restricciones y marco legal

Mientras dure esta situación de excepción se aplicarán suspensiones en el ejercicio de los derechos constitucionales de inviolabilidad de domicilio, de seguridad personal y de las libertades de tránsito por el territorio nacional y de reunión.

Se indica también en este decreto supremo que, dentro de los cinco días posteriores al final del estado de emergencia, la Policía Nacional debe presentar al ministro del Interior “un informe detallado de las acciones realizadas” durante este periodo.

Se precisa asimismo que las intervenciones que realicen la Policía y las Fuerzas Armadas se darán en el marco de los decretos legislativos que regulan el uso de la fuerza por parte de ambas instituciones (decretos legislativos 1186 y 1095, respectivamente).

/AC/Andina/

El ministro de Economía, Alex Contreras, señaló que desde el Poder Ejecutivo se continuará trabajando para la reactivación económica del país y enfrentar distintos retos tales como la próxima llegada del fenómeno El Niño en la zona costera.

Ello luego de haber sostenido una reunión con la presidenta de la República, Dina Boluarte, con quien aseguró haber tenido una conversación productiva para seguir cumpliendo los objetivos trazados por el Gobierno.

“He tenido una reunión bastante productiva con la presidenta, justamente haciendo un balance del año y en esa línea vamos a seguir avanzando en los objetivos de este Gobierno. Uno, la recuperación de la economía, que para nosotros es fundamental, y dos, el tema de la seguridad, seguir dotando de recurso”, dijo el ministro Contreras.

Agregó que, en esa línea, se está avanzando con la ejecución del Plan Unidos por la reactivación busca impulsar mayor financiamiento y evitar que los shocks de gran impacto afecten la cadena de pagos, además de impulsar la inversión privada.

“Hemos tenido esta reunión para poder avanzar algunos temas estratégicos, la reactivación no puede parar. Tenemos un plan en ejecución, ya se han aprobado cuatro medidas del plan Unidos y lo que queremos es seguir avanzando en la siguiente semana con el resto de medidas pendientes”, expresó.

En otro momento, el ministro Contreras dijo que no ha presentado su carta de renuncia al cargo y que continuará trabajando. “No he presentado nada, creo que la reunión de ayer (de la presidenta) ha generado algunos rumores, pero como menciono, seguimos trabajando en la reactivación”, manifestó.

“La presidenta tiene derecho a reunirse con quienes estime conveniente, siempre es bueno tener esa visión (...). Yo me siento cómodo, trabajando, y como lo dije desde un inicio, estos son cargos de confianza y en ese sentido uno no piensa en temas como renuncia, sino básicamente en seguir trabajando por el país”, agregó.

/ANDINA/PE/

El contralor Nelson Shack consideró que las tareas de prevención ante El Niño y otros fenómenos climáticos deben ser una práctica permanente, aún así no se presenten, porque lo que está en riesgo es el bienestar de la población.

Agregó que, lamentablemente, este tipo de acciones preventivas no ocurre y los gestores públicos solo toman medidas preventivas cuando la llegada de los fenómenos como El Niño, heladas, friaje está cercana, o por las observaciones realizadas por la Contraloría y la crítica de la ciudadanía.

Ante esta situación, el titular de la Contraloría expresó en el programa Puntos de Vista que el Estado debe inducir a un cambio cultural en la administración pública y en la población. 

“Las reglas deben apuntar a cambiar las autorizaciones por disposiciones. En lugar de facultar hay que mandar, asignando una proporción fija de los presupuestos institucionales de los tres niveles de gobierno para que cada año, independientemente si hay (Fenómeno El) Niño o no, se vaya fortaleciendo el sistema de gestión de riesgos de desastres”, sostuvo el contralor.

Si se logra este cambio, añadió, le permitiría al Sistema Nacional de Control verificar el cumplimiento de la disposición e imputará las responsabilidades a los directivos, funcionarios y profesionales comprometidos en dicha falta.

“El control gubernamental en el Perú es de legalidad, nos guste o no, y en consecuencia la imputación de responsabilidad como resultado del control solo cuenta cuando hay una infracción normativa”, agregó Nelson Shack.

Discapacidad

De otro lado, entre los años 2019-2022 los gobiernos regionales y locales debieron gastar S/ 2161 millones en materia de discapacidad, pero según el seguimiento realizado, se reveló que solo invirtieron S/ 200 millones, ni siquiera el 1% de lo establecido por ley, informó la Contraloría.

Dado que la Ley de Presupuesto autoriza y dispone la asignación efectiva de recursos en materia de discapacidad, la Contraloría General puede intervenir.

En el caso de la ejecución del gasto público en favor de la población con discapacidad, este año, el presupuesto institucional modificado (PIM) de los gobiernos regionales y locales, a octubre alcanza los 433.5 millones de soles y se han ejecutado S/ 270.7 millones, es decir, casi 5 veces y media más que los 50 millones promedio anual del cuatrienio anterior. 

Se trata de un importante avance, aunque todavía queda mucho por hacer para lograr que los servicios sean más accesibles a las personas en situación de discapacidad, precisó la Contraloría.

/NDP/PE/

Mayor celeridad en la resolución de recursos y procesos judiciales tramitados ante la Corte Suprema pidió el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo.

Durante la ceremonia de juramentación de cinco magistrados supremos provisionales, dijo que esta rapidez puede darse en virtud de que se ha renovado en parte la máxima instancia judicial.

“No puede haber resoluciones kilométricas. El problema de la justicia no es la corrupción, es la demora”, manifestó Arévalo.

El titular del Poder Judicial recordó que, con la juramentación de los nuevos jueces supremos provisionales “hemos renovado la Corte Suprema en parte”. “Todos los magistrados deben trabajar al día”, añadió.

En la ceremonia, realizada en el Palacio de Justicia, Arévalo tomó juramento a los magistrados Eloy Zamalloa Campero, José Manzo Villanueva, Jackeline Yalán Leal, Luis Gutiérrez Remón y Óscar Alarcón Montoya.

Conformación de las salas de la Corte Suprema

A partir del presente Año Judicial, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, que preside Héctor Enrique Lama More, estará integrada por Carlos Arias Lazarte, Emilia Bustamante Oyague, José de la Barra Barrera y Eloy Zamalloa Campero.

A su vez, la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria la presidirá Silvia Rueda Fernández, y la integrarán Carmen Cabello Matamala, Rufo Rubio Zevallos, Javier Reyes Guerra y José Manzo Villanueva.

De igual manera, la Cuarta Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social Transitoria la encabezará Víctor Castillo León y la conformarán Wilber Bustamante del Castillo, Jackeline Yalán Leal, Martín Ato Alvarado y Gino Yangali Iparraguirre.

Se informó también que la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria la integrarán Ulises Yaya Zumaeta (quien la preside), César Proaño Cueva, Yuri Pereira Alagón, Yenny Delgado Aybar y Luis Gutiérrez Remón.

Asimismo, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema la preside José Neyra Flores y la conforman Walter Cotrina Miñano y Oscar Alarcón Montoya.

/ANDINA/PE/