La defensora pública Castorina Quiroz Vásquez, representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), explicó para El informativo de Radio Nacional, en qué consiste el delito de omisión a la asistencia familiar, una infracción que continúa en aumento, según reportes de la Defensa Pública.

La especialista recordó que este delito está establecido en el artículo 149 del Código Penal y se configura cuando un padre o madre, previamente obligado mediante una sentencia judicial, incumple el pago de la pensión de alimentos, incluso después de ser notificado con la liquidación de devengados y un plazo de tres días para regularizar la deuda. Si el pago no se realiza, el juzgado remite copias al Ministerio Público, donde se inicia una investigación preliminar y, en muchos casos, un proceso inmediato ante el Poder Judicial.

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Quiroz señaló que es común que una misma persona acumule varias denuncias en paralelo, pues cada periodo de pensión impaga constituye una nueva infracción penal. Además, advirtió que la pena por este delito puede ir de uno a tres años de cárcel, inicialmente suspendida, pero susceptible de convertirse en efectiva si el obligado reincide o incumple las reglas de conducta.

La defensora también respondió consultas del público. Aclaró que dejar de pagar dos o tres meses ya permite solicitar la liquidación de devengados; que la falta de empleo no exime la obligación; y que las notificaciones son válidas en la dirección proporcionada en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, incluso si el deudor está en el extranjero.

En cuanto al apoyo estatal, recordó que el MINJUSDH brinda asesoría legal gratuita a través de la Defensa Pública y los Centros Alegra. Las personas pueden solicitar orientación llamando a la línea gratuita 1884 o acudiendo a cualquiera de sus 34 sedes a nivel nacional.

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