La reunión que tuvieron las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro con el expresidente Martín Vizcarra en el 2018 por el caso ‘Cuellos Blancos’, traerá consigo consecuencias serias sobre el propio acto de la investigación, sostuvo Carlos Rivera abogado del Instituto de Defensa Legal-IDL.

“La evidencia que se está mostrando es seguramente que los investigados van a comenzar a cuestionar la legalidad de la investigación, la regularidad de la investigación y la autonomía e independencia de las decisiones que han tomado las fiscales, donde probablemente los implicados señalen que se han visto afectados como consecuencia de una injerencia política indebida”

“La otra consecuencia también es las medidas legales o administrativas que recaigan sobre las fiscales en el marco de algún tipo de investigación, que no me extrañaría lleguen a la propia Junta Nacional de Justicia”. 

Para el especialista, este hecho fue calificado como un gravísimo error porque resulta un hecho abiertamente irregular.

“Que dos magistradas puedan reunirse con una autoridad política es irregular, más aún si en algún momento había sido mencionada por algún investigado en el curso de las investigaciones. Estamos ante un hecho que puede ser calificado como una grave inconducta funcional que sin duda alguna va a tener consecuencias”, refirió.

“Me parece que esto ha sido una insensatez por parte de las magistradas de poder reunirse con la primera autoridad política de un país, como es el presidente de la República”, expresó Rivera.

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