Locales

La Municipalidad de Lima ha organizado una serie de actividades deportivas, artísticas, culturales y turísticas a lo largo de este domingo, en el marco de la campaña “Al Damero de Pizarro sin Carro” que busca fomentar el ciclismo y el tránsito peatonal.

El Centro Histórico de Lima será cerrado , desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, y por primera vez  no podrán ingresar vehículos a 68 manzanas que forman parte del denominado "Damero de Pizarro".

La circulación de los vehículos de transporte particular y público será normal por la Av. Abancay, Av. Nicolás de Pierola y Av. Tacna.

En ese sentido, se aplicará el siguiente plan de desvío:

Norte a Sur

Ruta 1: Av. Abancay – Av. Grau – Av. 9 de Diciembre - continuar ruta.

Ruta 2: Av. Tacna – Av. Garcilaso de la Vega – Av. 9 de Diciembre – seguir ruta

Sur a Norte:

Ruta 1: Av. 9 de Diciembre – Plaza Grau – Av. Grau – Av. Abancay continuar ruta.

Ruta 2: Av. 9 de Diciembre – Av. Garcilaso de la Vega – Av. Tacna– continuar ruta.

Este a Oeste: Av. Abancay – Av. Grau –Av. 9 de Diciembre – Av. Garcilaso de la Vega…seguir ruta habitual.

Oeste a Este: Av. Inca Garcilaso de la Vega – Av. Bolivia – Av. Paseo de la República – Av. Grau – Av. Abancay - continuar ruta.

Durante las horas que dure el evento, personal de la Policía Nacional orientará a los conductores sobre las rutas alternas, a fin de evitar el congestionamiento vehicular en los puntos de concentración y vías en las que se desarrollará la actividad.

/MO/

El presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (Ampe), Óscar Benavides, exhortó a todos los alcaldes del país sumarse a los esfuerzos para llevar a cabo acciones de prevención y contención ante la posible llegada del Fenómeno El Niño.

Señaló que los gobiernos locales son los llamados no solo a invertir dinero, sino a organizar simulacros de forma periódica, así como campañas de información en sus respectivas localidades.

Para el también burgomaestre del distrito limeño de Ate, estas actividades son importantes para que El Niño “no nos coja desprevenidos”, sobre todo, en aquellos distritos y provincias que se sitúan en las zonas más vulnerables del país.

/MO/

La policía capturó esta madrugada a Jorge Antonio Jiménez Aguilar (39) tras haberse hecho pasar como agente del orden en los exteriores de una discoteca en el distrito de Independencia.

Al momento de su detención contó que utiliza el uniforme desde hace seis meses y que lo hace por necesidad trabajando como vigilante en la discoteca en la calle C de la Urbanización Industrial.

El detenido comentó que consiguió el uniforme por 60 nuevos soles en la avenida Francisco Pizarro en el distrito de El Rímac. La policía informó que todo el traje era una copia fiel, incluso tenía el marbete con su apellido. Solo el otro marbete decía “Seguridad” cuando debía decir “Policía Nacional”.

/MO/

El primer centro público de prevención, tratamiento y rehabilitación de personas adictas a las drogas será construido en la provincia constitucional del Callao, informó el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Alberto Otárola.

Este centro de rehabilitación se levantará sobre un terreno de 2,340 metros cuadrados donado por el gobierno Regional del Callao y que está ubicado en la zona de Nuevo Pachacútec, distrito de Ventanilla, precisó el funcionario. 

Otárola Peñaranda resaltó que este proyecto busca terminar con la informalidad que existe actualmente en los centros de rehabilitación para drogodependencia, donde no suele haber profesionales de salud sino exadictos. 

La construcción del centro forma parte del programa que impulsa Devida a favor de las personas dependientes a las drogas y que cuenta con un presupuesto de S/. 13 millones para su implementación.

"Devida está financiando el expediente técnico en la región Callao y a fin de año vamos a tener ya la definición para empezar con este primer centro de rehabilitación", manifestó.

No descartó que este centro piloto pueda ser administrado en una asociación público privada, pero bajo la supervisión de las autoridades competentes, que en este caso es el Ministerio de Salud.

Este centro de rehabilitación será el primero de varios que deberán construirse en el Perú, "porque hay un déficit de infraestructura para la atención de estos problemas", puntualizó. 

/PAG/

Penas de seis a 15 años de cárcel recibirán quienes sin estar debidamente autorizados, fabrican, comercializan, ofrecen o tienen en su poder bombas, armas, municiones o materiales explosivos, así como inflamables o tóxicos, sustancias o materiales destinados para su preparación, según Decreto Legislativo que modifica el Código Penal.

La misma pena recibirán quienes presten o alquilen, sin la debida autorización, las armas a las que se han hecho mención.

También, se impondrá la misma sanción para el que trafique con los materiales, residuos peligrosos o materiales destinados para su preparación señalados. Además serán inhabilitados.

Igualmente, el que de manera ilegal, transforma o transporta materiales y residuos peligrosos sólidos, líquidos, gaseosos u otros, que ponga en peligro la vida, salud, patrimonio público o privado y el medio ambiente, será sancionado con la misma pena.

El dispositivo lleva la firma del presidente Ollanta Humala, del jefe del Gabinete Ministerial y de los titulares del Interior y Justicia.

/PAG/

Según un decreto legislativo que modifica el Código Penal, quienes intervengan o interfieran indebidamente comunicaciones electrónicas, de mensajería instantánea, o similares, serán sancionados con penas de 5 a 10 años de cárcel.

La norma publicada hoy modifica el artículo 162 del citado Código, que para este caso contemplaba penas privativas de la libertad entre 3 a 6 años.

Pero, cuando la persona que cometa este delito tenga la condición de funcionario o servidor público, la pena de cárcel será entre 10 y 15 años, además de la inhabilitación de su cargo.

La misma sanción se impondrá cuando el delito recaiga sobre información clasificada como secreta, reservada o confidencial o cuando el delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacionales.

"Si el agente comete el delito como integrante de una organización criminal, la pena se incrementa hasta en un tercio por encima del máximo legal previsto en los supuestos anteriores", añade el Decreto Legislativo, que lleva la firma del presidente Ollanta Humala, del presidente del Consejo de Ministros y del titular de Justicia.         

/PAG/

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, afirmó hoy que poco a poco se irán viendo los resultados de los decretos legislativos emitidos en materia de seguridad ciudadana y subrayó que para ello también será importante el trabajo conjunto con la Fiscalía, el Poder Judicial, los alcaldes y juntas vecinales.

Destacó que hay una buena coordinación con la Fiscalía y el Poder Judicial, donde ha observado un "cambio de actitud", mientras que la sinergia con los alcaldes es fundamental para luchar contra la delincuencia.

"La ley está, los plazos están, estamos trabajando ahora los reglamentos y poco a poco se irá viendo comó las nuevas normas tendrán resultados. El terrorismo lo derrotamos todos, ahora tiene que ser la delincuencia", indicó en RPP.

Refirió que, gracias a las coordinaciones del Ejecutivo con el Poder Judicial, salió la norma que permite juicios rápidos cuando hay flagrancia en casos de delincuencia, pensión de alimentos y conducción en estado de ebriedad. En el caso de los municipios, anotó, la Policía está capacitando a sus serenos.

También dijo que los megaoperativos policiales se hacen con presencia y en muchos casos a pedido de los alcaldes, así como de las juntas vecinales, cuya presencia, refirió, ha permitido últimamente que algunos delincuentes, al verse rodeados, abandonan las granadas en la vía pública. "Hace poco hemos encontrado dos instalazas".

El titular del Interior refirió que su sector está trabajando ahora en la reglamentación de las 21 normas dadas en materia de seguridad ciudadana, por ejemplo en el caso de geolocalización, recompensa, desactivación de celulares robados, entre otros.

"Estamos dejando al próximo gobierno el marco legal adecuado para que pueda actuar con mucha más eficacia contra la delicuencia, nosotros lo hemos iniciado y lo ejecutaremos en el tiempo que tengamos", aseveró.

En otro momento, Pérez Guadalupe reiteró que, con el incremento salarial por tramos, el próximo año los policías habrán duplicado sus remuneraciones, lo que coincidirá con la eliminación total del sistema 24x24 (un día de servicio policial y otro día en una empresa privada).

/BBV/

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, anunció que los teléfonos celulares reportados como robados, perdidos o clonados no podrán ser habilitados por las empresas de telefonía móvil y, por lo tanto, no podrán ser vendidos nuevamente.

El Pérez Guadalupe explicó que, el nuevo Decreto Legislativo, trata de una medida disuasiva para evitar el constante robo de celulares, dado que en el último año se reportaron 2`260,000 delitos de este tipo.  

"Normalmente cuando a uno le roban el celular, uno llama a la empresa y le cortan la línea, pero no inhabilitaban el equipo. Y uno puede ir a la 'Cachina' y lo compra. Ahora, con esta ley, el celular robado tendrá que ser inhabilitado y no se podrá vender. Y si no se puede vender, para qué se roba", se preguntó.

El titular del Interior manifestó que esta norma complementa la Ley de Geolocalización, que permite a la Policía Nacional acceder a información electrónica (no datos, no voz) para identificar el origen de la llamada y capturar al autor en caso de delito de secuestro o extorsión.

El Decreto señala que las empresas de telefonía celular tendrán la obligación de bloquear estos equipos (cuando sean robados o extraviados) para que no puedan ser activados o reactivados.  

También, indica que el reporte de recuperación del equipo -que implica el desbloqueo del mismo- se presenta únicamente en forma presencial por el abonado, cuya identidad se verifica mediante el sistema biométrico de huella dactilar. 

De acuerdo con cifras oficiales, en el primer semestre del 2,015 el 17 % de la población a nivel nacional, de 15 a más años de edad, fue víctima de hurto o robo de sus equipos de telefonía móvil. Asimismo, la percepción de inseguridad de este segmento de la población es de 77.5 % al creer que puede ser víctima del robo de dichos bienes.

La medida crea también el Registro Nacional de Terminales de Telefonía Celular, por parte del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Indica, asimismo, que en el marco de la investigación de un delito, la Policía Nacional podrá solicitar a Osiptel información relativa al Registro Nacional de Terminales, con excepción de los datos relativos al abonado. Esta entidad, en tanto, entregará la información de acuerdo a los medios tecnológicos convenidos.

SERIE ELECTRÓNICA IMEI

Las empresas concesionarias de telefonía móvil tienen la obligación de integrar a su Registro Privado de Abonados el número de serie electrónica (IMEI), que se obtiene directamente de la red de telecomunicaciones, el cual debe incluir el dígito de verificación, añade la disposición.

/P.A.G./

El Gobierno, haciendo uso de sus facultades legislativas, dispuso que los conductores y pasajeros de motocicletas usen chalecos y cascos de seguridad, donde esté impreso el número de placa de la moto en el que viajan.

Asimismo, deberán lucir en la parte de atrás la calcomanía holográfica de seguridad que permita su identificación a través de los sistemas de control electrónico vehicular.

Estas medidas están contenidas en el Decreto Legislativo, para fortalecer la seguridad ciudadana en materia de tránsito y transporte.

Será el Ministerio de Transportes y Comunicaciones quien fije las especificaciones técnicas para el uso de los cascos de seguridad, el chaleco, así como las restricciones o limitaciones, indica la norma.

Tanto el uso de la calcomanía holográfica de seguridad en la parte anterior del vehículo, así como el uso de los cascos de seguridad y los chalecos distintivos, serán exigibles vencidos los plazos de 60 y 90 días hábiles contados a partir de la publicación del reglamento de este Decreto.  

MOTOTAXIS

En el caso de mototaxis dedicados al transporte público de pasajeros, el Decreto expresa la prohibición del uso de cualquier tipo de lunas de seguridad o micas oscurecidas, polarizadas o acondicionadas, o en los paneles laterales y posteriores; así como pegatinas, adhesivos, calcomanías o stickers que dificulten la visibilidad. 

También se dispuso la creación del Registro de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, que se articulará con las bases de datos generadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), los gobiernos regionales, los gobiernos locales y otras instituciones que se establezcan en el Reglamento.

Asimismo, se establece la creación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Vial. 

Este órgano tendrá como base de datos primarios al Registro de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, al Registro Sanitario de Víctimas de Accidentes de Tránsito del Ministerio de Salud, y al Registro Forense de Víctimas de Accidentes de Tránsito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.

/P.A.G./

Los ladrones de vehículos, autopartes, así como de accesorios y equipos de informática, equipos de telecomunicación, sus componentes y periféricos, serán sancionados con penas de cuatro a seis años de cárcel y, si los bienes sustraídos provienen de delitos de robo agravado como secuestro, extorsión o trata de personas, la sanción será entre seis y doce años. 

Así lo dispone el Decreto Legislativo 1215 aprobado por el Ejecutivo, en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República. 

De igual manera serán sancionados quienes cometan robo de bienes que forman parte de la infraestructura de transporte de uso público, de sus equipos o elementos de seguridad, o cuando roben bienes de servicios públicos de saneamiento, electricidad, gas o telecomunicaciones.  

También, se incluye en estas sanciones penales a quienes roben bienes de propiedad del Estado destinados al uso público, con fines asistenciales o a programas de apoyo social. 

Con esta disposición se modifica el artículo 195 del Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635.

Cabe resaltar que hasta antes de la aprobación de este decreto la sanción de cárcel para ese tipo de delitos (robo de bienes) era no menor de dos años ni mayor de cinco, mientras que en el caso de bienes provenientes del secuestro, extorsión y trata de personas, las penas iban de seis a 10 años.

 /P.A.G./