La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha comunicado a la comunidad nativa «Tres Islas» (Madre de Dios) y sus representantes legales del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS) el otorgamiento de la medida cautelar por riesgo grave y urgente de vida e integridad; en la medida que la comunidad viene sufriendo los impactos de la contaminación por mercurio debido a las actividades de la minería ilegal en su territorio. 

Dado que la comunidad se estaba defendiendo por si sola frente a terceros que realizaban actividades de minería, tala y prostitución, los dirigentes venían siendo amenazados sin que la gobernación les haya otorgado las garantías solicitadas hace meses.

Cabe recordar que más de dos tercios del territorio de la comunidad nativa «Tres Islas» están bajo concesiones mineras otorgadas por el Gobierno Regional. A pesar de que la comunidad ha solicitado la nulidad de dichas concesiones, el Gobierno Regional no lo ha aplicado a la fecha. Esta es la principal fuente de la contaminación por mercurio. La CIDH ha determinado que dada la información otorgada por la comunidad, la vida e integridad, especialmente, de mujeres embarazadas y niños está en riesgo porque el mercurio contamina las fuentes de agua y alimentación. El pescado es la principal fuente de alimentación de esta comunidad así como de otros pueblos amazónicos. Este alimento, al estar afectado por la minería, genera una contaminación crónica de metilmercurio en el ser humano.

La CIDH le ha ordenado al Estado peruano:

1.            Adoptar las medidas necesarias para preservarla vida e integridad personal de los miembros de la Comunidad Nativa Tres Islas de Madre de Dios: estas incluyen

      a.      realizar los diagnósticos necesarios para determinar los niveles de contaminación por mercurio u otras sustancias que tendrían los beneficiarios,

      b.      garantizar que los miembros de la comunidad tengan acceso a una alimentación adecuada en términos nutricionales y culturales y dentro de los niveles considerados aceptables por la organizaciones internacional como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y

      c.      tomar medidas de protección a los miembros de la comunidad frente a posibles agresiones de terceros, en concierto con la comunidad y sus representantes legales.

2.            Concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes.

3.            Informar sobre las medidas adoptadas para mitigar, reducir y eliminar las fuentes de riesgo identificadas y sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar para evitar la repetición de estos.

De esto se deriva, directamente, una obligación del Estado de no seguir otorgando concesiones o vigencia a las concesiones mineras existentes; por el contrario, se genera el deber de anular las concesiones otorgadas sin consulta y que generan el riesgo de vida e integridad de Tres Islas. El Estado tiene 15 días para informar a la CIDH las medidas que adoptará.

Este nuevo triunfo legal se suma a otro que tuvo la Comunidad Nativa «Tres Islas» al tener la primera sentencia donde el Tribunal Constitucional reconoce el derecho a la autonomía y la propiedad territorial (Expediente 1126-2011-HC/TC).

Lamentablemente, hasta la fecha, el Poder Judicial viene demorando la ejecución de esta sentencia, lo que ha obligado a que la comunidad misma decida construir una reja para evitar el ingreso de los mineros informales y taladores ilegales a su territorio.

Este caso cuenta con el apoyo de los estudiantes del «Curso de Clínica Jurídica de Litigio estratégico en derechos indígenas» y del «Grupo de Investigación-Acción en Descolonización, pueblos originarios y afrodescendientes, y Pluralismo Jurídico Igualitario» de la Pontifica Universidad Católica del Perú.

Esperemos que, con esta medida, las distintas entidades del Estado se reúnan con la comunidad y sus representantes legales para concertar las medidas necesarias para evitar el riesgo de vida e integridad que sufre la comunidad y las fuentes de esos riesgos.

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