La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró su preocupación por el uso de esta figura jurídica de manera reiterada y discrecional por parte del Congreso del Perú, ante un nuevo procedimiento de vacancia presidencial bajo la figura de la incapacidad moral permanente.

En un pronunciamiento la CIDH señaló que la vacancia presidencial debe llevarse a cabo conforme al debido proceso constitucional y fundarse en conductas señaladas con precisión que doten al proceso de objetividad, imparcialidad y garantías a fin de asegurar que sea un recurso que no se use para afectar el orden democrático constituido y los derechos políticos de los y las peruanas.

El documento menciona que el 14 de marzo de 2022, el Congreso del Perú decidió admitir a debate una nueva moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra el Presidente democráticamente electo Pedro Castillo, que tiene el potencial de cesar las funciones del mandatario. 

Al respecto, la CIDH recordó que en distintas oportunidades ha señalado que la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente carece de definición objetiva y la misma tampoco ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional (TC) de Perú, lo cual puede afectar la separación e independencia de los poderes públicos.

En este sentido, se insta al Estado, una vez más a que por medio de las autoridades competentes avance con dicha definición con el fin de restringir su uso arbitrario e inconsistente con el Estado de Derecho.

Adicionalmente, la CIDH ha expresado preocupación por el uso reiterado de esta figura, pues la misma ha sido promovida 6 veces desde diciembre de 2017, contribuyendo a los problemas de gobernabilidad del Perú, que ha tenido 5 presidentes y 3 parlamentos desde 2016 como resultado de las confrontaciones entre los distintos poderes públicos.

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, destacó en su cuenta de Twitter el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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