El Congreso de la República promulgó la ley n.º 32330, que introduce cambios en el Código Penal y en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

La norma, publicada el 10 de mayo de 2025 en el diario oficial El Peruano, establece que los adolescentes entre 16 y 17 años podrán ser considerados penalmente responsables bajo el régimen ordinario cuando cometan determinados delitos graves.

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La modificación al artículo 20 del Código Penal excluye a estos menores de la exoneración de responsabilidad penal en casos como homicidio calificado, feminicidio, secuestro, violación sexual, terrorismo, sicariato, entre otros.

A su vez, se mantiene la posibilidad de reducir la pena si el infractor tiene entre 16 y 21 años, siempre que no haya reincidido en delitos específicos.

NUEVOS CRITERIOS PARA LA INTERNACIÓN DE ADOLESCENTES

La reforma también alcanza al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Establece que los menores de 16 y 17 años recibirán sanciones similares a las de los adultos cuando incurran en los delitos señalados. Para los adolescentes entre 14 y 16 años, la duración de la internación por delitos graves será de entre 4 y 6 años, y podrá extenderse hasta 8 años en casos excepcionales como sicariato o violación seguida de muerte o lesiones graves.

TRATAMIENTO PENITENCIARIO DIFERENCIADO

El Código de Ejecución Penal fue actualizado para incluir un régimen especial dirigido a internos de entre 16 y 21 años, basado en la individualización científica. Este enfoque comprende programas educativos, terapéuticos, culturales y sociales que buscan una rehabilitación integral, sin necesidad de consentimiento si el joven ya ha sido sentenciado.

MINISTERIO PÚBLICO CUESTIONA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY

El mismo día de su publicación, el Ministerio Público expresó su rechazo a la nueva ley mediante un pronunciamiento público. La institución advirtió que la reducción de la edad de responsabilidad penal a los 16 años contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Política del Perú.

A través del comunicado, el Ministerio Público recordó que en el país ya existe un sistema que contempla internamientos severos para adolescentes infractores, con un enfoque resocializador. "La presente ley es un retroceso en la protección de la niñez y adolescencia", afirmó.

Además, señaló que la norma no guarda coherencia lógica con el ordenamiento legal vigente, ni con las recomendaciones de entidades como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer, el Poder Judicial y organismos internacionales como Unicef.

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