Política

Tras la lectura de la resolución de prisión preventiva en contra de Keiko Fujimori, el Coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, aseguró que tanto él como su equipo están de acuerdo con los 15 meses dictados por el juez Víctor Zuñiga.

Vela Barba indicó que, en el caso de Fujimori Higuchi, la prisión preventiva es una medida indispensable para la Fiscalía debido a que existen argumentos sólidos relacionados al peligro de obstaculización y de fuga de la acusada.

“Lo que hizo el juez Víctor Zuñiga es recoger los argumentos del Ministerio Público respecto a la necesidad de la prisión preventiva y su duración”, señaló Vela.

El fiscal añadió que la Fiscalía expresó su posición de interponer 18 meses y que finalmente el juez Zuñiga decidió que 15 meses era un plazo razonable para terminar con este proceso. “Esta no es una decisión de oficio del Poder Judicial, lo resuelto es producto de las audiencias”, indicó para Canal N.

Finalmente, señaló que el Poder Judicial es quien dirige la etapa intermedia y la etapa de juicio. “Nosotros cumpliremos con presentar la acusación y a partir de ese momento, el PJ dará la máxima prioridad a un caso de alto perfil como es el de Keiko Fujimori”, sentenció Vela.

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El jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos Salinas, lideró una mesa técnica integrada por representantes de diversos portafolios, instituciones públicas y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el Perú, en la que se plantearon acciones articuladas para promover el cuidado de la salud mental entre la población nacional.

“El cuidado de la salud mental tiene que ser asumida por una política transversal, todos los sectores se deben involucrar. Por eso, la relevancia de esta reunión para no quedarnos en la retórica del mensaje bonito”, aseveró.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) destacó la importancia de sensibilizar a las autoridades y población sobre la importancia del tema.

En ese sentido, exhortó a los presentes en la cita a efectuar el mayor esfuerzo para implementar medidas que contribuyan al cuidado de este aspecto de la salud.

La reunión efectuada en la sede de la PCM y liderada por Zeballos contó con la participación de representantes de los sectores Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, Educación, Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Así también, asistieron funcionarios del hospital Larco Herrera, del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de Essalud y del Instituto Penitenciario de Lima.

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El embajador Hugo de Zela Martínez se entrevistó con el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, con quien trató las principales propuestas de su candidatura a la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El Ministerio de Relaciones informó que el diplomático nacional “sostuvo una cordial y positiva conversación” con el mandatario del país sudamericano respecto a los planteamientos para potenciar la labor del foro hemisférico.

De Zela está manteniendo una serie de encuentros con las principales autoridades de los países del continente para explicarles los alcances de la propuesta nacional a la secretaría general de la OEA

La candidatura peruana tiene el objetivo de contribuir al fortalecimiento del organismo continental como una instancia de diálogo, generadora de consensos, precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

También apoyar a encontrar soluciones efectivas a los principales conflictos que aquejan al hemisferio.

Las elecciones para el cargo de secretario general de la Organización de los Estados Americanos para el periodo 2020-2025 se efectuarán el 20 de marzo próximo.

El ganador debe recabar el respaldo de al menos 18 de los 34 miembros activos del bloque continental.

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El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del proyecto Haku Wiñay, del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), ejecutará en este año una inversión ascendente a S/ 21 millones para desarrollar emprendimientos productivos en la región de Huancavelica, con el objetivo que las familias de las zonas rurales y que viven en pobreza generen recursos de manera autónoma para salir de esa situación.

Así lo anunció la viceministra de Prestaciones Sociales, del Midis, Patricia Balbuena Palacios, quien resaltó que su sector coordinará con el gobierno regional de Huancavelica y los gobiernos locales de esa región para crear o mejorar las condiciones que permitan a las familias sacar sus productos hacia los mercados. “Está comprobado que Haku Wiñay aumenta en 40 por ciento los ingresos de las familias”, resaltó la viceministra.

El año pasado el proyecto Haku Wiñay benefició a 19 179 hogares huancavelicanos con el desarrollo de emprendimientos productivos, principalmente relacionados a la agricultura y a la crianza de animales. “Foncodes primero interviene mejorando las condiciones de vivienda de las familias, instalando las cocinas mejoradas, kits de agua segura y fitotoldos en biohuertos, donde producen verduras para su auto consumo”, señaló Balbuena.

La implementación de la vivienda saludable también incluye la adecuación de un ambiente para el descanso familiar (samana wasi) y la colocación de tachos para la segregación de residuos. “Luego se procede a mejorar la productividad de cada familia”, refirió la viceministra de Prestaciones Sociales.

Región piloto

La inversión para Haku Wiñay forma parte de la Estrategia de Salida Permanente de la Pobreza que el Midis viene delineando. La otra arista importante para romper el círculo de la pobreza y cerrar brechas sociales en Huancavelica, y que también responde a la labor articuladora del Midis, es la inversión en la primera infancia, destacó Balbuena.

La viceministra recordó que Huancavelica y Cajamarca han sido designadas regiones piloto para la implementación de las acciones del Programa Presupuestal orientado a Resultados del Desarrollo Infantil Temprano, en el marco de la Estrategia de Gestión Territorial “Primero la Infancia”, que busca incrementar el acceso de niños y niñas a servicios priorizados desde la gestación hasta los 5 años.

Indicó que las acciones por la primera infancia también tienen carácter intersectorial e intergubernamental y destacó el rol de los gobiernos locales, quienes manejan el padrón nominal de los menores. “El objetivo inmediato es lograr la identificación de los menores y su afiliación temprana a través de los programas sociales Cuna Más y Juntos, tras lo cual accederán a los servicios priorizados de salud y educación”, dijo la viceministra.

Mejora de programas sociales

Huancavelica es una región que ha demostrado capacidad para reducir la desnutrición crónica infantil y tiene potencial para dar grandes saltos en indicadores sociales, explicó Balbuena, quien subrayó que la meta es el cierre de brechas sociales. “En Huancavelica, entre el 2018 y el 2019, Foncodes acondicionó más de mil viviendas térmicas en zonas ubicadas a más de 3500 metros sobre el nivel del mar y en el marco del programa ‘Mi Abrigo’”, resaltó.

En Huancavelica, el año pasado el programa Contigo brindó pensión no contributiva a 1984 personas con discapacidad severa y en condición de pobreza; Cuna Más atendió a 2446 niñas y niños con el Servicio de Cuidado Diurno, y a 6147 hogares con el Servicio de Acompañamiento a Familias; Juntos abonó prestaciones económicas a 32 536 hogares por cumplimiento de compromiso de acceso a salud y educación; 51 tambos del programa PAIS brindaron 21 940 atenciones; Pensión 65 registró una cobertura de 22 747 usuarios y usuarias; y, finalmente, Qali Warma atendió con alimentación escolar a 74 323 alumnos y alumnas de 2563 instituciones educativas.

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El juez Víctor Zúñiga Urday aseveró que la medida de prisión preventiva de 15 meses contra Keiko Fujimori Higuchi cumple los estándares y resulta idónea, adecuada y proporcional.

Tras exponer sus argumentos, el magistrado encontró elementos de convicción que configuran “sospecha grave” para determinar que es conveniente que Keiko Fujimori cumpla prisión preventiva a fin de que no obstruya a la justicia, mientras la fiscalía prepara la acusación en su contra.

En ese sentido, dio por comprobados los tres presupuestos necesarios para dictar prisión preventiva: fundada existencia del delito, pena alta; posibilidad de fuga; y falta de arraigo laboral y económico, pues carece de trabajo y bienes.

“La medida de prisión preventiva es idónea, necesaria y procesalmente estricta”, expresó el magistrado. 

Asimismo, precisó que dicha medida incluye la conclusión de la investigación preparatoria y el juicio oral. De cumplir los 15 meses de este requerimiento, Keiko Fujimori estará recluida hasta abril del 2021.

El juez Zúñiga Urday alegó que el peligro de obstaculización, como presupuesto de la prisión preventiva, estaría prácticamente acreditado. 

"No solo ha recaído sobre los testigos sino también sobre las autoridades del Ministerio Público y algunas autoridades judiciales", señaló.

Sobre el arraigo posesorio o domiciliario, el magistrado aseveró que no existe o por lo menos no es de calidad. Indicó que, pese a sus ingresos, Keiko Fujimori no habría generado arraigo de calidad, pues solo tiene un vehículo y no tiene casa propia.

Además, afirmó que no sólo existe el peligro abstracto de fuga sino también existiría un peligro concreto de fuga. Esto, debido a que no existe arraigo laboral en el caso de Keiko Fujimori.

También dijo que, desde que se dictó la primera medida de prisión preventiva, se habría incrementado el riesgo de fuga de Keiko Fujimori.

El Ministerio Público le imputa los delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, organización criminal, obstrucción a la justicia, falsa declaración en proceso administrativo, fraude procesal y falsedad genérica.

La lideresa de Fuerza Popular, en primera instancia, anunció que no iba a asistir a la lectura del fallo judicial, sin embargo, aproximadamente, a las 17:40 horas llegó a la audiencia en compañía de su esposo Mark Vito desde la casa de su madre, Susana Higuchi, en el distrito de San Borja. 

Tras la decisión del juez, Keiko Fujimori fue puesta a disposición de la policía y espera ser trasladada a un centro penitenciario.

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En el Día Internacional de Protección de los Datos Personales, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) informó que trabaja en el reto de garantizar el derecho a la protección de datos personales en la era digital, respetando los derechos fundamentales.

Así lo afirmó el viceministro de Justicia, Fernando Castañeda Portocarrero, quien detalló que dentro de esos derechos figuran la autodeterminación informativa, la intimidad, el honor y la buena reputación y al mismo tiempo la libertad de información y necesidades de seguridad.

Durante el foro “la protección de los datos personales en el Perú, un proyecto en construcción”, organizado por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANTAIP), el funcionario del MINJUSDH resaltó que las nuevas tecnologías permiten acceder a beneficios y servicios que requieren la entrega de datos básicos, incluso los personales y biométricos.

Ante ello, agregó, la ANTAIP cumple con una constante fiscalización de los tratamientos de datos que se realizan en plataformas y aplicaciones de internet, a fin de garantizar que estos derechos de la ciudadanía sean respetados y no sean usados sin su consentimiento.

Por su parte, el director de la ANTAIP, Eduardo Luna Cervantes, destacó que también se fiscalizan a entidades públicas y privadas, supervisando que cuenten con las medidas necesarias para protección de los datos personales.

A la vez refirió que, en el 2019 se fiscalizaron 209 entidades e iniciaron 130 procedimientos sancionadores, porque se encontraron indicios de infracciones relacionadas a la falta de cuidado de datos personales. Asimismo, se recaudó S/. 970 853.90 por concepto de multas.

Durante el Foro se instaló la mesa: “Libertades informativas y autodeterminación de la información propia en la era digital y de la información. ¿Una quimera?”, conformada por Andrés Calderón López, director de la Clínica Jurídica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico; Betzabé Marciani Burgos, profesora de la Facultad de Derecho de la PUCP; y Verónica Dibós, coordinadora de Políticas Públicas para la Región Andina.

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El juez Víctor Zuñiga dictó 15 meses de prisión preventiva contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori. Conoce los argumentos de dicha medida.

1. Keiko Fujimori habría intervenido en actos de transferencia o conversión del dinero que aportó la empresa Odebrecht a la campaña de Fuerza 2011.

2. Según el juez, hay una "sospecha grave" de que Fujimori tenía conocimiento de las acciones realizadas para evitar que se conozca esa fuente privada de financiamiento.

3. Esa sospecha grave, afirmó, tiene elementos de convicción fundados sobre el delito de lavado de activos y la existencia de una organización criminal paralela que se enquistó en el interior del partido fujimorista.

4. El testimonio del exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, sobre los aportes al partido fujimorista "tiene corroboración externa".

5. No hay contradicción en la declaración de Barata porque nunca ha sido parte de la tesis fiscal afirmar que Keiko Fujimori habría tenido una reunión con el exdirectivo de la constructora brasileña.

6. El juez encuentra "coherente y sólido" el relato de Barata sobre los aportes de Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori.

7. Además, considera que hay sospecha grave de que Fuerza Popular, a través de sus abogados, dispusieron que los supuestos aportantes no dijeran la verdad.

8. Ello implicaría obstrucción de la justicia.

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El Poder Judicial dictó 15 meses adicionales de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, quien es investigada por lavado de activos y otros delitos por presuntamente recibir aportes de la empresa Odebrecht el 2011 y 2016.

El juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Crimen Organizado, declaró fundado el pedido del Ministerio Público que había inicialmente solicitado 18 meses y dos días de prisión para la excandidata presidencial.

La audiencia de lectura de la resolución sobre el requerimiento fiscal contra Fujimori Higuchi se inició pasada las 09.00horas y se extendió por varias horas.

La Lideresa de Fuerza Popular, en primera instancia, anunció que no iba a asistir a la lectura del fallo judicial y en su cuenta de Twitter afirmó que cumplirá "con lo que corresponde" respecto a la decisión que tome el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria.

Sin embargo, aproximadamente, a las 17:40 horas llegó a la audiencia en compañía de su esposo Mark Vito desde la casa de su madre, Susana Higuchi, en el distrito de San Borja.

Al fundamentar su decisión, el juez Zúñiga precisó que la prisión preventiva era idónea, adecuada, necesaria y proporcionalmente estricta.

El pasado 29 de noviembre, Fujimori Higuchi recuperó su libertad luego de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara la orden de prisión preventiva que cumplía desde noviembre del 2018.

El TC declaró fundado un pedido de habeas corpus que había presentado Sachi Fujimori a favor de su hermana.

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Los cónsules de diversos países de América Latina y Europa se reunieron con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Revilla, para saludar la aplicación del Decreto de Urgencia N.° 018-2020, norma que permite que personas extranjeras privadas de su libertad puedan cumplir las penas impuestas en sus países de origen.

Los diplomáticos le agradecieron las gestiones realizadas para la aprobación de este decreto de urgencia que había sido largamente gestionada y esperada, y que fue publicado el pasado 24 de enero. Asimismo, plantearon su inquietud por los mecanismos que se utilizarán y las facilidades que tendrán para lograr el referido objetivo.

En la reunión, en la que también estuvieron el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez, y el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), César Cárdenas, la ministra Ana Revilla explicó que el decreto establece que para la aplicación del beneficio especial de salida del país se exonerará a las personas extranjeras privadas de su libertad del pago de la reparación civil o los días multa, en caso el Estado sea el agraviado.

La titular de la cartera de justicia explicó que cuando los agraviados son el Estado y particulares, solo se exigirá el pago o la garantía de la reparación civil a favor del agraviado particular. En ningún caso, el Estado renuncia al cobro posterior de los montos que fueron retirados como requisitos.

Revilla Vergara insistió en que este dispositivo se da en el marco de la declaración de emergencia de los penales del país. Del mismo modo, aseguró que se formarán dos equipos – a cargo de dos asesores especializados- a fin de que sostengan reuniones semanales para elaborar listas de posibles beneficiados y expedientes que, posteriormente, serían presentados a una sesión del gabinete ministerial para su respectiva aprobación.

A la reunión asistieron cónsules de países como Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, República Dominicana, entre otros diplomáticos latinoamericanos y europeos.

El jefe del INPE informó, en otro momento, que el decreto de urgencia beneficiará a 2,213 extranjeros privados de su libertad, que purgan condena en los diversos establecimientos penitenciarios del país. La mayoría son de Venezuela (687), Colombia (593), México (224), Ecuador (129), Bolivia (123), además de otros; de Europa, se encuentran los de España (55), Italia (27) y Reino Unido (12), entre otros.

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Las misiones internacionales de observación electoral destacaron la labor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), por su capacidad de organizar eficazmente las Elecciones Congresales Extraordinarias del domingo pasado a pesar del corto tiempo del que disponían.

Así lo indican las delegaciones de la Unión Europea (UE), Organización de los Estados Americanos (OEA) y Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), en sus informes preliminares sobre el proceso del 26 de enero, cuya realización consideraron como “un reto” para los organismos electorales peruanos.

Los especialistas internacionales coincidieron en que las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 estuvieron bien planificadas, con medidas suficientes que permitieran una jornada electoral tranquila para que el ciudadano ejerza su derecho constitucional.

También resaltaron el espíritu cívico y el compromiso con la democracia demostrado por los peruanos, que concurrieron masivamente a emitir su voto.

La misión de la UE reconoció que “las tres instituciones electorales peruanas organizaron con transparencia unas elecciones creíbles”; en tanto que el informe de la OEA refiere que “se puso a prueba la eficacia de las capacidades técnicas, humanas y normativas” de dichos organismos.

La Uniore, por su parte, destacó “la buena planificación y el trabajo realizado en poco más de cien días desde la convocatoria, permitiendo una jornada electoral transcurrida con la tranquilidad para que el ciudadano ejerza el sufragio con todas las garantías y sin incidentes”.

Se resaltó, además, la notable presencia de personal del JNE, ONPE y otras entidades en los centros de votación y el acompañamiento de los observadores nacionales, como factor para garantizar el buen desarrollo de las elecciones.

Las misiones internacionales también señalaron que existen algunos aspectos por mejorar para futuros comicios, por lo que anunciaron que formularán sugerencias y recomendaciones en sus respectivos informes finales.

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