Política

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, recalcó hoy que trabajará intensamente por incrementar los operativos y la lucha frontal contra la delincuencia común y el crimen organizado en todas sus modalidades, así como establecer una política de integridad institucional en todo el sector.

Ello fue referido durante la ceremonia de reconocimiento a Juan Santiváñez como ministro de Estado en el despacho del Interior, realizada en el hall del segundo piso de la sede central del Mininter.

“Apelo al trabajo en equipo y reafirmo mi pleno respaldo a la institucionalidad policial y a los valerosos policías que son los principales actores en dos de los ejes más relevantes de mi gestión: la lucha anticorrupción y el combate al crimen organizado”, indicó.

El líder del Mininter también hizo hincapié que no será un ministro de escritorio, sino que se dirigirá a las calles con el fin de combatir el crimen y la delincuencia en esta travesía nacional que el Gobierno central ha llevado a cabo para enfrentar aún más el flagelo de la delincuencia.

“Con ese norte, vamos a dotar a la Policía Nacional de todas las herramientas que necesita para cumplir cabalmente su noble misión, y vamos a intensificar los operativos y el patrullaje, porque la presencia del Estado también se percibe mediante nuestros policías en las calles”, añadió.

En tal sentido, Santiváñez Antúnez expresó su real voluntad de potenciar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil (Sucamec), la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Intendencia Nacional de Bomberos y el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SaludPol), para cumplir con los objetivos del sector y brindar mayor seguridad a la ciudadanía.

Por último, el ministro reafirmó su intención de unir esfuerzos con otras autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y a la vez con los alcaldes, gobernadores regionales y la propia ciudadanía, como una sólida coalición.

Durante la ceremonia estuvo también presente el comandante general de la PNP, general de Policía Víctor Zanabria; el jefe de Estado Mayor General de la PNP, Tnte. Gral. PNP Óscar Arriola; el inspector general de la PNP, Tnte. Gral. PNP Jhonny Veliz; el cuerpo de generales de la PNP; la alta dirección del Mininter; así como funcionarios del sector Interior.

/NDP/MPG/

El Fiscal de la Nación , Juan Carlos Villena Campana, comunicó que se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra los decretos legislativos 1592, 1604, 1605 y 1611, en cuya instancia se espera lograr se corrija esta vulneración de competencias del Ministerio Público.

 Manifestó que se cumplió con la presentación de la referida demanda, después de un análisis riguroso de los decretos expedidos durante los últimos meses por el Poder Ejecutivo, que estuvo a cargo de una comisión de expertos que trabajó durante cuatro meses bajo la coordinación del fiscal supremo Alcides Mario Chinchay Castillo.

El Fiscal de la Nación indicó que “el Ejecutivo y Legislativo han promovido y dictado diversas normas que vulneran nuestras funciones constitucionales, sobre todo por ser conductores de la investigación del delito desde un inicio. Pero, además, normas que buscan nuestra forzada reorganización institucional con clara intención de afectar el estado de derecho, la institucionalidad y la verdadera democracia”.

Resaltó que los fiscales del Ministerio Público, no dejarán de cumplir con su deber de perseguir el delito, con investigaciones profesionales, objetivas, con observancia de la ley y el debido proceso.

Sobre los Decretos Legislativos:

Decreto legislativo 1592

Referido al accionar de la Policía Nacional en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Señala que la PNP también prevendrá, investigará y combatirá el TID, y sumado a ello investigará este delito en todas sus manifestaciones. Debe realizar operaciones o intervenciones en la ruta a los puertos, aeropuertos o en espacios no considerados zona primaria.

Decreto legislativo 1604

Un aspecto de la norma, se refiere a las funciones de la PNP, artículo 2, numeral 14: “Asumir y realizar la investigación del delito desde el conocimiento de la noticia criminal, comunicando al Ministerio Público en concordancia con el Código Procesal Penal y las leyes de la materia”.

Decreto legislativo 1605

El Decreto Legislativo 1605, que modifica 30 artículos del Nuevo Código Procesal Penal y permite a la PNP realizar diligencias de investigaciones preliminares por cuenta propia. Dicha norma fue publicada el pasado 21 de diciembre en el Diario Oficial El Peruano y, según la propuesta, busca optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público.

Decreto legislativo 1611

Relacionado a medidas especiales de prevención e investigación del delito de extorsión y delitos conexos. Modifica el Código Penal y Código Procesal Penal. Precisa que el Ministerio Público, como titular del ejercicio público de la acción penal, asume la conducción de la investigación desde su inicio y controla jurídicamente la investigación que realiza la PNP del delito de extorsión y delitos conexos. En tanto, la PNP, en ejercicio de la tutela del orden interno, previene, investiga y combate la delincuencia, y en materia procesal penal, realiza la investigación del delito de extorsión y delitos conexos.

/NDP/MPG/

“Nosotros hemos sido respetuosos en todo momento de la dinámica parlamentaria y de la interactuación que significa la relación entre el Ejecutivo y Legislativo, sin embargo, no podemos considerar la práctica parlamentaria de ayer como normal. Hay un grupo reducido de bancadas y de parlamentarios en el Congreso que lo que quieren es la desestabilización, quebrar al Gobierno, quieren el caos, pero a ese grupo reducido le decimos que no lo van a lograr, no vamos a permitir que alguien quiera quebrar la gobernabilidad del país para conducirnos a la inestabilidad y el caos”, remarcó Adrianzén durante la clausura del IV Consejo de Estado Regional.

“Tengo aquí que hacer una excepción de aquellos grupos y bancadas políticas que no se han prestado a este ejercicio de hostilidad política en contra de la presidenta Boluarte”, remarcó.

“Afortunadamente en esta tarea no estamos solos, en la mañana de hoy se ha firmado el Pacto Nacional por la Gobernabilidad. Todos los gobiernos regionales que han participado del IV Consejo Regional de Estado se han adherido a este pacto y han decido pronunciarse a favor de la estabilidad y democracia del país. Se suma además el pronunciamiento conjunto de los gobiernos locales distritales, quienes tienen una postura similar al de nuestros gobernadores regionales”, detalló.

“Tenemos que hacer una reflexión profunda y una invocación especial a las fuerzas políticas que apoyan la democracia del país y que están conscientes que las primeras necesidades son la reactivación económica y la lucha para recuperarla seguridad ciudadana”, concluyó.

Ante el Pleno del Congreso, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Hania Pérez de Cuéllar, recalcó que no existe ni existirá intención de privatizar o concesionar alguna de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, como Sedapal, a nivel nacional.

“Deseo reiterar y dejar en claro a toda la representación parlamentaria y a todo el país, que no existe ninguna intención de privatizar, ni concesionar, ninguna EPS a nivel nacional. Lo que queremos a través del Decreto Legislativo N° 1620, es fortalecer a nuestras empresas prestadoras de saneamiento”, afirmó.

Durante las respuestas a las 13 preguntas formuladas en el pliego interpelatorio, la titular del MVCS explicó a la representación parlamentaria que, por el contrario, su gestión busca convertir a las EPS en empresas públicas eficientes.

“Esta gestión ha tomado la firme decisión de solucionar el problema medular de las EPS, porque para cerrar la brecha necesitamos tener empresas públicas modernas, eficientes, sin corrupción y sostenibles, con espaldas financieras y con instrumentos de planificación y gestión. Rechazamos seguir tomando el trago amargo de la indiferencia, aceptando la justicia social”, sentenció.

En ese sentido, la ministra reiteró que no existe un plan para privatizar el servicio de agua potable, sino políticas que tienen como objetivo dar servicio de calidad a los ciudadanos.

“La única alternativa que estamos planteando es que las EPS sigan siendo públicas. Públicas, pero eficientes. Públicas, pero modernas. Públicas, pero que cierren brechas. Públicas, pero que den un servicio de calidad. Públicas, pero equitativas. Públicas pero sostenibles. Finalmente, públicas, pero sin corrupción”, agregó.

En otro momento, la titular del sector señaló que mediante una concesión, el Estado no pierde su condición de propietario y conserva sus plenos derechos sobre tales activos.

“Las concesiones son un mecanismo de participación del sector privado para contribuir al cierre de brechas, dado que solo con recursos públicos es imposible atender todas las necesidades de la población, especialmente de los más necesitados. Con ellas no se privatiza nada”, apuntó.

La ministra Pérez de Cuéllar culminó su intervención invocando al Pleno del Congreso a aprobar la Ley de Acceso Universal al Agua Potable, que permitirá llevar agua de manera rápida a la población que actualmente no cuenta con este servicio.

“Es una Ley histórica que nos reconcilia con nuestra gente. En el año 2023, este Gobierno ha llevado agua potable a 600 mil compatriotas y 700 mil hoy tienen servicio de saneamiento, lo que significa que hemos cerrado la brecha en 1%. Si hemos logrado esta cifra sin estas 2 reformas, hago la pregunta, ¿imaginan Uds. lo que podremos hacer con ellas implementadas?”, sostuvo.

/NDP/MPG/

La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza, presentó una denuncia constitucional contra Patricia Benavides, por ser la presunta autora de los delitos de falsedad genérica, encubrimiento personal agravado, encubrimiento real agravado, omisión de funciones y cohecho pasivo especifico, en agravio del Estado y otro.

Según informa la institución, los hechos en materia de esta denuncia están referidos a las acciones realizadas por Patricia Benavides para remover a Bersabeth Felicitas Revilla Corrales del cargo de fiscal suprema provisional, quien investigaba a su hermana Enma Benavides y en su reemplazo, designar al exfiscal supremo provisional Helder Uriel Terán.

Asimismo, por el intento de impedir la detención de su exasesor Jaime Villanueva Barretto, así como desaparecer y ocultar las evidencias de los hechos delictivos en los que habrían intervenido a ella y los presuntos integrantes de la organización criminal que lideraba, durante la ejecución del operativo Valkiria V.

La Fiscalía informó también que se ha iniciado un proceso penal contra el exfiscal supremo provisional Helder Uriel Terán, como presunto autor del delito de cohecho pasivo especifico, por haber aceptado disponer del sobreseimiento de la investigación seguida contra Enma Benavides, a cambio de mantenerse en el cargo.

/AC/

La presidenta Dina Boluarte participa en la reunión de ministras y ministros de los sectores Mujer y Comercio, integrantes de las 21 economías de APEC Asia Pacífico, realizada en la región Arequipa.

/AC/

Tras no alcanzar los votos requeridos, el Pleno del Congreso no admitió las tres mociones que proponen la vacancia de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra.

Como se recuerda, el último jueves, el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, dio cuenta de las referidas mociones interpuestas con firmas de congresistas de las bancadas Perú Libre, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Perú Bicentenario, Bloque Magisterial y no agrupados.

/AC/

El Gobierno oficializó la resolución suprema que designa a Juan José Santiváñez Antúnez como ministro del Interior.

La resolución suprema, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, tiene la firma de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra y del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Lino Adrianzén Olaya.

Asimismo, mediante la Resolución Suprema N° 125-2024-PCM, el Gobierno aceptó la renuncia de Walter Ortiz Acosta al cargo de ministro de Estado en el Despacho del Interior, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación.

/MRG/

Congresistas de diferentes bancadas presentaron oficialmente una nueva moción de vacancia contra la presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, por presuntamente haber incurrido en la causal de permanente incapacidad moral. Asimismo, informó que se procederá a la admisión al debate de las tres propuestas en la próxima sesión del pleno.

La primera moción de vacancia, N°11507/2023, consta de 28 firmas, entre las cuales se encuentran parlamentarios de Perú Libre, 7 congresistas, Cambio Democrático - Juntos por el Perú (8), Bloque Magisterial (4), Perú Bicentenario (2), Podemos Perú (1) y seis legisladores no agrupados.

La segunda moción de vacancia, N°11508/2023, presentado hoy, había sido anunciada por legisladores de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú. Esta suma costa de 26 firmas de bancadas similares a la primera pero no cuentan con firma de Podemos Perú, pero suman una firma de Somos Perú.

La tercera moción de vacancia es la N°11512/2023 cuenta con 26 firmas, todas de las bancadas Perú Libre, Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario y no agrupados.

En la próxima sesión plenaria se discutirán las tres solicitudes de vacancia presidencial. En caso de que alguna de ellas consiga el 40% de votos hábiles a favor, será admitida a debate y se procedería a citar a la mandataria para que ejerza su derecho de defensa.

/MPG/