Política

El Perú expresó hoy ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) su insatisfacción por las palabras expresadas en la víspera por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, respecto a nuestro país y sobre la situación de Pedro Castillo.

Dicho pronunciamiento fue efectuado por el representante permanente del Perú ante el organismo hemisférico, Gustavo Adrianzén, durante una sesión ordinaria del Consejo Permanente.

"Hago uso de la palabra para expresar ante este Consejo la insatisfacción del Estado Peruano por las que consideramos expresiones inaceptables vertidas el día de ayer, en este recinto, por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una sesión protocolar, cuya característica es la reafirmación de la amistad, solidaridad y hermandad de las naciones americanas", manifestó.

En ese sentido, precisó que dicho mandatario se refirió al Gobierno del Perú y sobre las condiciones jurídico - carcelarias de Pedro Castillo, "con frases impropias y distantes de la verdad".

"Es conocido que el 7 de diciembre Pedro Castillo perpetró un golpe de Estado, pero que todas las instituciones democráticas, incluidas las Fuerzas Armadas desobedecieron ese inconstitucional mandato, para que luego el Congreso disponga su vacancia y se active, de esta manera, el mecanismo de sucesión constitucional", agregó.

Gustavo Adrianzén explicó que estos hechos dejan en evidencia que en el Perú existe un Gobierno constitucional, el mismo que es reconocido por la gran mayoría de naciones.

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La Presidencia de la República alertó sobre la realización de llamadas telefónicas falsas presuntamente realizadas a nombre de la presidenta Dina Boluarte.

Esta explicación fue efectuada a través de una publicación en la cuenta oficial de Twitter del Poder Ejecutivo.

 "La Presidencia de la República informa que personas inescrupulosas realizan llamadas telefónicas desde números que ilícitamente se identifican con el nombre de la presidenta Dina Boluarte", señala.

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Luego de que se hiciera pública la orden judicial para que se entregue mañana a la justicia estadounidense, el expresidente peruano Alejandro Toledo presentó un escrito insistiendo en la suspensión de la extradición en su contra.

Esta ‘moción de urgencia’ fue interpuesta a primeras horas de hoy ante la Corte Judicial de Columbia, donde previamente el exmandatario presentó un recurso de reconsideración de la decisión de dicha instancia de desestimar una medida cautelar presentada por Toledo con idéntico fin.

En el documento la defensa legal de Toledo señala que está pendiente que dicho tribunal resuelva el mencionado recurso, por lo que solicita suspender su detención y extradición hasta que se emita un pronunciamiento al respecto.

Posición contradictoria

La tramitación de este pedido contrasta con lo declarado esta mañana por Roberto Su, abogado peruano del ex mandatario, quien estimó que mañana de todas maneras Toledo se pondrá en manos de las autoridades estadounidenses.

El letrado afirmó que el líder del partido Perú Posible llegará a Lima “en cuatro o cinco días”, que es lo que podría demorar el trámite con el que se le entregaría a la justicia peruana. Asimismo, cuestionó que el ministro de Justicia, José Tello, haya calificado como "delincuente" a Toledo, y consideró que esto demuestra parcialización.

Su dijo también que la esposa de Toledo, Eliane Karp, no vendrá con él a Perú. Apuntó que no hay evidencia de que el dinero correspondiente al caso Ecoteva, que es materia de otro proceso, en el que la exprimera dama está comprendida, sea de la expareja presidencial.

Insistió, en tal sentido, que el titular de la cuenta bancaria en Costa Rica en la que ese dinero se encontraba, era el fallecido empresario Josef Maiman, pese a que este señaló que correspondía a Toledo y su consorte. En tal sentido, dijo esperar que el exjefe del Estado sea absuelto en este tema.

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La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima dejó al voto la vista de causa del proceso de habeas corpus interpuesto por la defensa del ex presidente de la República, Pedro Castillo, para lograr su libertad.

El juez Andrés Tapia, junto a los colegiados David Suárez y Bacilio Cueva, escucharon la sustentación de la acción legal presentada por la defensa de Castillo.

En la sesión de este jueves se presentó el abogado Jesus Linares en representación de la defensa del ex jefe de Estado.

"Mi acción consta de más de 100 fojas con todas las pruebas de los delitos que estoy denunciando. Solicito la inmediata libertad del beneficiario Pedro Castillo al acreditar graves violaciones al debido proceso, igualdad de todos ante la ley, derecho al antejuicio político", señaló.

Linares también solicitó a su representado entrar en huelga de hambre.

Solicito al señor Pedro Castillo que para llamar la atención a nivel internacional haga una huelga de hambre, exigiendo que todos seamos tratados iguales ante la ley [...] Los presidentes de América Latina se han solidarizado con nosotros y están pidiendo al señor Pedro Castillo que decrete una huelga de hambre con ayuda internacional para exigir a las autoridades del Perú a procesar, sancionar y encarcelar a los que están actualmente cometiendo delitos graves, calificados, en agravio del Estado", apuntó.

Por último, el abogado instó al juez Tapia a denunciar ante el Congreso de la República, la Fiscalía de la Nación y los medios de comunicación los presuntos delitos que se estarían cometiendo contra su patrocinado.

"Es necesario que usted, en uso del artículo 407 del Código Penal, al acreditarse graves delitos con prueba absoluta en el hábeas corpus que tiene más de 100 páginas, denuncie los delitos ante el Congreso de la República, la Fiscalía de la Nación y la prensa", puntualizó.

El Poder Judicial (PJ) no ha precisado la fecha en la que se emitirá la sentencia respectiva.

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El juzgado supremo de investigación de preparatoria evalúa el pedido de la Fiscalía de 18 meses de prisión preventiva para la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chavez Chino, en la investigación por el golpe de Estado que perpetró el exmandatario Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.

El requerimiento de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos incluye a los exministros Willy Huerta Olivas y Roberto Sánchez Palomino.

Esta medida corresponde al proceso penal que se les sigue a los exministros en calidad de coautores del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración.

Chavez, Huerta y Sánchez son sindicados de ser coautores del fallido golpe de Estado perpetrado por el expresidente Castillo.

El pasado 22 de marzo, el pleno del Congreso de la República aprobó acusar constitucionalmente a la expresidenta del Consejo de Ministros por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración.

Asimismo, aprobó suspenderla en el ejercicio de su función congresal en tanto dure la investigación penal. En el caso del exministro Sánchez, la representación nacional aprobó acusarlo constitucionalmente, pero no suspenderlo en el ejercicio del cargo de congresista.

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El titular de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, dijo que, a pesar de lo señalado por su defensa legal respecto a que se entregará en las próximas horas, no puede descartarse que el expresidente Alejandro Toledo presente un nuevo recurso a fin de evitar que se le extradite a Perú para responder a la justicia.

“No hay que dejar como cosa en el aire que presente un documento”, manifestó el representante del Poder Ejecutivo. “Esto no tendría ningún efecto, pero podría darse esa situación”, añadió.

Sin embargo, Tello indicó que, a estas alturas del proceso, “el litigio (del expresidente) con el gobierno de Estados Unidos para impedir su extradición, está culminando”.

Argumentó que las autoridades judiciales de ese país han identificado que Toledo incurre “en un abuso del derecho de acción” al haber presentado diversos recursos. “No se puede usar mecanismos procesales de manera ligera”, manifestó.

Tello explicó que este trámite, como todos los de ese tipo, tiene una fase política, en la que el Estado correspondiente toma la decisión de concretar la entrega de la persona reclamada por otro Estado. Es en ese punto en el que se encuentra este tema.

El ministro adelantó también que, de concretarse la entrega de Toledo, este tendrá que ser recibido en Estados Unidos y traído a Perú por un equipo designado por el Ministerio Público.

Al llegar, el Ministerio de Justicia tomará a su cargo el tema, a través del Instituto Nacional Penitenciario, cuya junta calificadora determinará en cual establecimiento se le internará, previo paso por el médico legista.

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El Consejo de Ministros aprobó este miércoles el decreto legislativo que posibilitará el destrabe en la ejecución de obras para 14 proyectos de infraestructura por 7,500 millones de dólares de inversión, mediante el mecanismo de asociación público-privada (APP), informó el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola.

En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno dijo que son, en total, 14 proyectos de infraestructura a escala nacional que se beneficiarán con esta medida, entre los que mencionó el hospital Hipólito Unanue, el nuevo hospital Militar Central, el teleférico de Choquequirao, el sistema de saneamiento rural de Loreto, entre otros.

“Es un verdadero despliegue y relanzamiento en la aceleración de la promoción del proceso de proyectos de infraestructura, conocidos como APP (asociaciones público-privadas). Son 14 proyectos que serán favorecidos con este decreto legislativo que ha aprobado por el Consejo de Ministros, lo que consolidará el anuncio que hicimos al destrabe de proyectos”, afirmó.

De igual modo, Otárola Peñaranda informó la aprobación de un decreto legislativo que fortalece los hogares de refugio temporal para las mujeres víctimas de violencia familiar, y los centros Emergencia mujer (CEM), a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp).

También se aprobaron dos decretos de urgencia que “permitirán llevar más recursos y actividades de acción del Estado hacia el norte del país, lo que demuestra el compromiso del gobierno de la Presidenta (Dina Boluarte) para trabajar no solamente en las zonas de emergencia, sino también continuar la agenda que tenemos con gobernadores y alcaldes”.

Estos dos decretos involucrarán acciones de los ministerios de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El jefe del Gabinete dio cuenta, asimismo, del decreto legislativo que prorroga la vigencia de varias exoneraciones a la ley de impuesto a la renta.

Participaron en la conferencia, además, los ministros de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte; de Vivienda y Construcción, Hania Pérez de Cuéllar; del Interior, Vicente Romero; y de Economía y Finanzas, Alex Contreras. 

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La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, señaló un nuevo acto de injerencia de parte del presidente colombiano, Gustavo Petro, en asuntos de Perú.

A través de una publicación en la cuenta oficial de Twitter de la Cancillería, la ministra Gervasi apuntó que dicha acción es inaceptable y transgrede también a la Organización de Estados Americanos (OEA) y su carta constitutiva.

"Nueva e inaceptable injerencia de Gustavo Petro en asuntos de Perú, en la OEA y en violación a su carta constitutiva", inició la publicación.

Dicho señalamiento fue dado en el marco del discurso brindado por el mandatario colombiano el miércoles pasado ante la OEA, donde propuso rehacer la Carta Democrática de dicha organización.

Al respecto añadió que en el continente se han tomado acciones que contradicen los valores fundacionales de la OEA y citó como ejemplo la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo, criticando el accionar de las autoridades.

La canciller Gervasi continuó la publicación indicando el falso liderazgo de Petro denotado a través del irrespeto a las normas internacionales y la falta a la verdad.

"La falta a la verdad y el irrespeto a las normas internacionales denotan un falso liderazgo en favor de un golpista y acusado de corrupción", manifestó la funcionaria a través de la red social. 

/AC/Andina/

El presidente del Congreso, José Williams, llegó a Piura y se reunió con autoridades de la región a fin de coordinar acciones en la atención de los damnificados por las inundaciones.

"A fin de recoger las demandas de las zonas afectadas en el norte del país, llegué a Piura para reunirme con las autoridades locales y llevar ayuda a los damnificados producto de las inundaciones", dijo el presidente del Parlamento, José Williams, a través de Twitter.

El titular del Congreso llegó junto a congresistas de dicha región para hacer la entrega de más de 40 motores de 5.5 a 6 caballos de fuerza, más de 500 palas tipo cuchara y mochilas de fumigación que permitirán desinfectar contra enfermedades tropicales como el dengue.

"Venimos por la tarea más importante que es ver por dónde tenemos que legislar, qué debemos fiscalizar", señaló Williams.

Williams indicó que se fiscalizará las acciones del Poder Ejecutivo con el objetivo de que la ayuda llegue principalmente a los damnificados.

Las actividades de los congresistas se enmarcan dentro de la semana de representación que cumplen los legisladores desde el 17 de abril hasta el 21 del mismo mes.

/AC/Andina/

El ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, señaló que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) realizará visitas inopinadas a la sede del Congreso, ello tras las denuncias sobre recorte de sueldos a trabajadores por parte de parlamentarias.

Al respecto, sostuvo que tomar parte del sueldo de un trabajador es una situación “muy lamentable” y que, en ese sentido, comparten la preocupación e indignación de la ciudadanía en torno a estas denuncias.

Sobre la labor que realizarán los miembros de Sunafil en el Legislativo, indicó que conversarán directamente con el personal para ver su situación.

“Primero, (lo que harán es) presentarse ante los trabajadores de los despachos (del Congreso), visitarlos, auscultar cuál es la relación, si existen algunos problemas y buscar ahí contactar a quienes puedan de repente anunciar una situación irregular”, declaró Alfonso Adrianzén a la prensa.

El ministro de Trabajo manifestó además que su cartera se ha reunido con representantes del Sindicato del Congreso para identificar si existen más casos similares.

Al respecto, señaló que ellos expresaron que se encuentran preocupados por la afectación de los derechos de los trabajadores pero también por la imagen de la institución en que laboran.

“En ese sentido, también hemos establecido una línea de coordinación, no solo ya en el aspecto de denuncia sino también en el aspecto de sensibilización. Las personas tienen que entender que estas circunstancias no se pueden dar y que, en cuanto exista una propuesta de este tipo (recorte de sueldo), no hay que aceptarla”, sentenció Adrianzén.

Hasta el momento son cinco las congresistas que son investigadas por denuncias sobre presuntos recortes de sueldo a los trabajadores de sus despachos en el Poder Legislativo.

Ellas son Heidy Juárez (Podemos Perú), Magaly Ruiz (APP), Rosio Torres (APP), Katy Ugarte (no agrupada) y María Cordero (Fuerza Popular).

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