José Antonio Trelles, especialista en contrataciones del Estado, advirtió que la falta de una programación adecuada y deficiencias en los términos de referencia pusieron en riesgo el servicio de material electoral 2026.

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En entrevista para Radio Nacional, el abogado José Antonio Trelles analizó las presuntas irregularidades en el proceso de contratación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según el especialista, el organismo operó bajo un marco normativo especial otorgado por la Ley de Presupuesto para agilizar la adquisición de bienes y servicios electorales; sin embargo, dicha flexibilidad no justificó las fallas detectadas.

DEFICIENCIAS EN LA PROGRAMACIÓN Y TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Trelles señaló una «indebida programación de los actos internos», argumentando que la directiva de contratación se elaboró tardíamente entre enero y febrero. Esta demora generó retrasos y contingencias en regiones como Moyobamba y Pasco.

Asimismo, cuestionó los términos de referencia (TDR) de la contratación que favoreció a la empresa Galaga a inicios de marzo. Según el experto, se exigió en los términos una cantidad de vehículos propios (40 unidades) y luego una cifra de 80 unidades que desde el principio eran insuficientes para cubrir las 217 rutas identificadas por la Contraloría General de la República.

«Hubo una negligencia clara en la elaboración de los términos de referencia. Aun con la supuesta mejora a 80 vehículos, el servicio seguía siendo insuficiente para la magnitud del despliegue», precisó Trelles.

RIESGO DEL DERECHO AL SUFRAGIO

El especialista enfatizó que, en un contexto electoral, las penalidades económicas resultan insuficientes para reparar el daño causado. «Estamos ante un riesgo de un derecho constitucional. No se puede equiparar el daño al ciudadano por no votar con una multa al contratista», afirmó.

Finalmente, Trelles indicó que la falta de fiscalización —debido a la cercanía de las contrataciones con la fecha del sufragio— apunta a una responsabilidad administrativa de los órganos de supervisión y una responsabilidad política del titular de la entidad, Piero Corvetto.

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