En entrevista con Radio Nacional, el abogado penalista Javier Aguirre analizó la reciente decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de trasladar al expresidente Martín Vizcarra Cornejo del penal de Barbadillo al establecimiento penitenciario de Ancón II, en el norte de Lima.

El especialista explicó que, si bien desde el punto de vista administrativo se han respetado los procedimientos, existen precedentes que justificarían que el exmandatario permanezca en Barbadillo.

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“Si vamos por los temas administrativos, se está respetando el procedimiento, pero a pesar de ello el señor Vizcarra ejerció la presidencia de la República y hay ejemplos prácticos e históricos a la mano”, señaló.

En ese sentido, recordó el caso de otro expresidente que enfrentó situaciones judiciales similares.

“Ollanta Humala ejerció la presidencia y lo están sentenciando por actos antes de su gobierno, por sus campañas electorales, y fue llevado a Barbadillo por hechos similares al señor Martín Vizcarra. Él debería estar en Barbadillo, hay antecedentes prácticos e históricos”, enfatizó.

Aguirre insistió en que, más allá de nombres, lo importante es garantizar coherencia en la aplicación de las medidas judiciales.

“Quitémonos el nombre de Vizcarra y pensemos en el procesado. Es una persona que ha cumplido con todos los parámetros del juez, ha asistido a todas las audiencias, incluso cuando no era necesario acudir de manera presencial”, remarcó.

POSICIÓN DE LA DEFENSA LEGAL DE VIZCARRA

Por su parte, el abogado del expresidente, Erwin Siccha, informó que su patrocinado desistirá de la acción de habeas corpus que había presentado para intentar permanecer en Barbadillo.

“Él va a desistir de este habeas corpus en el entendido de dos cosas. Primero, que, si alguien cree que el penal de Barbadillo era un privilegio para él, a él jamás le han gustado los privilegios. Y segundo, si pensaban que era un privilegio, ha desistido de toda acción legal para que regrese a Barbadillo”, sostuvo.

El traslado de Vizcarra a Ancón II se produjo el último viernes por disposición del INPE, en cumplimiento de criterios de administración penitenciaria.

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