Política

El canciller Oscar Maúrtua remarcó que la vinculación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -  OCDE es una voluntad política del Estado, formulada en 2012 y sostenida al más alto nivel por los gobiernos que ha tenido el país desde entonces.

"El acceso a la OCDE no es un fin sino un proceso que busca tener un Estado eficiente, con servicios de calidad en educación y salud, que contribuya a cerrar las brechas de desigualdad, que impulse el desarrollo inclusivo y ambientalmente sostenible, con enfoque en ciudadano", precisó Maúrtua.

Según señaló, la incorporación permitirá continuar con la implementación de las recomendaciones de la OCDE para el fortalecimiento institucional, el mejoramiento de los marcos normativos y las buenas prácticas en servicios públicos. 

Además, enfatizó, abre la oportunidad de contar con mayor inversión y flujo de capitales.

Durante su exposición nte la comisión especial del Congreso que ve dicho tema el canciller mencionó que en este proceso de incorporación a la OCDE se han dado hitos como la implementación del Programa País entre 2014 y 2019.

Dicho programa, dijo, trajo como resultado reformas institucionales en materias como crecimiento económico, gobernanza, integridad, productividad y medio ambiente.

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, dijo esperar el llamado del Parlamento para explicar que la iniciativa del Poder Ejecutivo sobre la cuestión de confianza y vacancia, busca fortalecer la gobernabilidad y democracia.

"Es lo que estoy manifestando, presentamos el proyecto de ley al Congreso para que consigamos gobernabilidad, consigamos democracia, para que no estemos en vacancia por incapacidad moral, de cierre del Congreso por haber denegado dos veces la confianza, con eso tenemos que acabar", expresó Torres. 

En entrevista con Exitosa, el titular del Minjusdh remarcó que el Congreso tiene la capacidad para hacer esa modificación y que ese debería ser el camino para lograr el equilibrio de poderes. 

De otro lado, Torres defendió la disposición de Gobierno que establece que desde el 15 de diciembre solo las personas mayores de 18 años vacunadas contra el coronavirus con las dos dosis podrán ingresar a espacios cerrados. 

Al respecto, recordó que muchos países han aplicado esta medida, además de indicar que ninguna persona tiene el derecho de afectar la salud de los demás.

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“Jamás utilizo el nombre del presidente, jamás. Yo tengo una responsabilidad: soy la autoridad máxima en esta institución. Obviamente coordino con el presidente de la República porque nosotros nos alineamos a la política del presidente, a la política actual en cuanto al tema de salud. Tenemos ahorita una situación de emergencia sanitaria” sostuvo el presidente ejecutivo de EsSalud, Mario Carhuapoma.

Con respecto a las irregularidades denunciadas en nombramientos del personal de EsSalud, Carhuapoma destacó que la gerencia de recursos humanos se encarga de verificar que las personas contratadas cumplan con los requisitos y el perfil correspondiente.

“Nosotros inmediatamente si hay alguna irregularidad detectada ponemos a disposición del área legal para que puedan hacer las respectivas sanciones si es que hay esa responsabilidad, porque todos tenemos una obligación de decir la verdad o de presentar, en función de la verdad, la documentación del currículum vitae. Estas personas ya están sometidas a las herramientas legales para que se pueda resolver”

“Por el momento nosotros, a través de EsSalud, tratamos de filtrar a los mejores gestores para trabajar ahí. Después de la declaración jurada que se presenta nosotros pasamos a un área correspondiente para que revise y si ahí detectamos irregularidades inmediatamente nosotros hacemos la investigación o si es que hay responsabilidades de estas situaciones que ustedes han presentado pasamos al área legal para que ellos resuelvan de acuerdo a ley”, agregó.

De igual manera, descartó que de su parte hayan existido presiones para colocar a una persona determinada en un cargo. 

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Mediante Decreto Supremo N° 022-2021-Midagri, el Gobierno aprobó los lineamientos de la Segunda Reforma Agraria, que tienen por objetivo incrementar de manera sostenible los ingresos y calidad de vida de los productores de la agricultura familiar, cooperativa, comunera y empresarial.

Estas medidas permitirán promover acciones articuladas de distintos niveles de gobierno con enfoque territorial y multisectorial, en el marco de la Política General del Gobierno 2021-2026.

La norma señala que para la implementación de la Segunda Reforma Agraria se convoca la participación del Gobierno nacional, así como a los gobiernos regionales y locales, bajo un enfoque territorial y con perspectiva multisectorial.

Para el cumplimiento del objetivo de la Segunda Reforma Agraria, se priorizan los siguientes lineamientos:

Lineamiento 1: Implementar una nueva forma de gobierno para el mundo agrario y rural.

Lineamiento 2: Impulsar más y mejores mercados para la agricultura familiar y la seguridad alimentaria.

Lineamiento 3: Impulsar la industrialización del agro y la transformación productiva del campo.

Lineamiento 4: Generar seguridad hídrica e incrementar el desarrollo de infraestructura de riego de manera planificada y priorizada en el territorio, con enfoque de cuenca y respondiendo a la demanda, especialmente de la agricultura familiar.

Lineamiento 5: Impulsar el cambio e innovación tecnológica, la promoción de servicios y fomento agrario y forestal.

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El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se reunió en Palacio de Gobierno con Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), para dialogar sobre temas relacionados a la recuperación económica post pandemia de la covid-19 y las reformas para eliminar las brechas sociales.

Cabe destacar que en la cita participaron también el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke; y el canciller, Oscar Maúrtua. 

Entre los temas tratados también sobre la Organización del 40° Periodo de Sesiones Cepal en el 2024; así como del Plan de autosuficiencia sanitaria para la región, en el marco de la recuperación post covid-19, que incluye temas como garantizar el acceso equitativo a las vacunas y una mayor coordinación regional para la autosuficiencia sanitaria. 

La reunión tuvo como propósito continuar las conversaciones que sostuvo el jefe de Estado con Alicia Bárcena durante la VI Cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizado el 18 de setiembre último en México.

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La Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República aprobó invitar al ministro del Interior, Avelino Guillén Jáuregui, para que exponga la política del sector en la sesión del viernes 19 programada para las 14:00 horas.

Williams Zapata, presidente de este grupo parlamentario, explicó a sus colegas que la presentación ministerial girará sobre tres temas: erradicación de los cultivos ilegales de hoja de coca; el proceso de ascensos en la Policía Nacional del Perú (PNP) y las medidas referidas a la seguridad ciudadana en Lima y provincias.

El Parlamento Nacional informó también que para esta cita se solicitará la presencia del comandante general de la PNP, teniente general Javier Gallardo Mendoza, quien preside además la Junta Selectora de Coroneles para Oficiales de Servicio, Abogados y Médicos.

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La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República aprobó el dictamen del proyecto de ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la implementación de los centros de rehabilitación para personas con discapacidad.

El acuerdo fue adoptado en la primera sesión conjunta descentralizada realizada en Iquitos junto con la Comisión Especial de protección a la infancia en contexto de la emergencia sanitaria.

La propuesta tiene por finalidad garantizar el acceso a los servicios de rehabilitación de forma oportuna, sin discriminación y brindado por profesionales especializados, para mejorar la salud física y mental de las personas con discapacidad.

En cuanto a las entidades intervinientes, señala que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) en coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Salud dispondrán de las acciones para la implementación de los establecimientos de salud y rehabilitación destinados a la atención de las personas con discapacidad a nivel nacional.

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El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, aceptó la renuncia de Walter Ayala Gonzales al cargo de ministro de Defensa.

Lo informó la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial, mediante un comunicado, al indicar que Ayala Gonzales presentó ante el jefe de Estado su renuncia irrevocable.

Dicha oficina agregó que el mandatario agradece a Ayala Gonzales por los servicios prestados a la Nación.

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La presidenta del Congreso, Maricarmen Alva Prieto, promulgó la ley que establece medidas para la expansión del control concurrente, norma muy importante en la lucha anticorrupción y que beneficiará a la gestión pública en los niveles de gobierno nacional, regional y local.

Tras destacar el consenso alcanzado entre las bancadas del Parlamento para aprobar esta ley, la titular del Parlamento indicó que esta norma actuará desde el inicio acompañando a las entidades públicas en los procesos de inversión, y que será un instrumento fundamental para que la Contraloría General de la República pueda aumentar su capacidad operativa e intervenir incluso en la fase de expedientes técnicos de las obras públicas.

“Y quiero resaltar, que esta ley también se convierte en un instrumento de la lucha contra la corrupción. Tenemos que ser claros en señalar que la corrupción no puede seguir paralizando las obras que el Perú necesita. No es posible tener construcciones paralizadas de hospitales o postas médicas, porque el país no puede esperar”, indicó.

Fue en una ceremonia especial realizada en la sala Castilla del Palacio Legislativo, que contó con la presencia del presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Alejandro Aguinaga; el vicecontralor de Gestión Estratégica e Integridad Pública, Humberto Ramírez Trucios, y el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, Álvaro Paz de la Barra.

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Con siete votos a favor, uno en contra y una abstención, la Comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional (TC) aprobó la admisión de 76 carpetas de inscripción para dicho concurso público.

El presidente de este grupo de trabajo, José María Alcázar, afirmó que en esta primera etapa de revisión de las carpetas se evaluará la cuestión formal de si cumplen los mínimos requisitos.

Previamente, la comisión debatió la propuesta de un panel internacional independiente para evaluar las candidaturas y el proceso de selección llevado a cabo por dicho grupo de trabajo.

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