Política

El presidente de la República, Martín Vizcarra, indicó que estamos lejos de ser un ejemplo de eficiencia como Estado y, además, reconoció que el aspecto burocrático y administrativo han sido fallas recurrentes durante la pandemia del coronavirus (covid-19) en nuestro país.

“Siento impotencia que las medicinas se compran y demoran días y a veces semanas en llegar a los pacientes. Yo no puedo decir es culpa de gestiones pasadas, también asumo mi responsabilidad como gobierno, pero deja una lección para mejorar”, dijo el jefe de Estado al ser consultado si debería hacer una autocrítica de su gestión en el marco de la pandemia.

Asimismo, el mandatario recordó que cuando estábamos en la primera semana de la emergencia, un presidente de la región le preguntó cuántas camas UCI tenía el Perú para enfrentar la pandemia.

“Con toda la confianza respondí tengo 273, pero vamos a tener mil en un corto plazo; y me dijo: y yo pensé que tenía problemas por tener 5,000 camas UCI. Se dan cuenta la diferencia con otros países, esas son nuestras deficiencias”, anotó.

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El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la creación del programa “Arranca Perú”, en el marco de la reactivación económica durante el estado de emergencia nacional por el covid-19.

El jefe de Estado detalló que el plan se ejecutará en el segundo semestre del año y habrá una inversión pública de más 6 mil millones de soles que involucrará cuatro sectores productivos: Transporte y Comunicaciones, Vivienda, Trabajo y Agricultura.

Por último, Vizcarra remarcó que el programa busca generar más de un millón de puestos de trabajo y de esa forma mitigar el impacto económico a causa de la crisis sanitaria.

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El legislador de Alianza para el Progreso (APP) y primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdez, presentó un proyecto de ley de reforma constitucional para elevar el presupuesto del sector Educación en no menos del 6% del Producto Bruto Interno (PBI).

Para ello, planteó modificar el artículo 16 de la Constitución.

“La educación es un derecho humano fundamental, que garantiza el desarrollo de la persona y la sociedad por lo que el Estado invertirá anualmente no menos del 6% del PBI”, señaló.

Según recordó, para el presente año, el presupuesto para el sector Educación asciende al 3.8% del PBI, siendo uno de los más bajos de la región y su principal problemática.

Valdez Farías afirmó que la iniciativa legislativa tiene por objeto fortalecer el sector Educación y la modificación constitucional permitirá asegurar que el Estado invierta anualmente esos recursos en mejorar la calidad educativa y cerrar brechas existentes en infraestructura y tecnología.

La brecha en infraestructura educativa asciende a 5,917 millones de soles, según información de la Universidad del Pacífico; mientras que la brecha digital es crítica y con la crisis sanitaria que nos afecta, producto del covid-19, se ha evidenciado que cientos de miles estudiantes no pueden acceder a las clases virtuales, manifestó.

 A la fecha solo cuentan con el servicio de internet el 39.3% de hogares, en zonas urbanas y el 4.8% en zonas rurales, refiere el Proyecto de Ley en mención.

Pese al crecimiento económico ininterrumpido en el país por más de 25 años, este no se ha visto reflejado en una mejora del sistema educativo. 

En los últimos resultados de las Pruebas Pisa (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes), que evaluó a 8028 estudiantes de 342 instituciones educativas, el Perú se ubicó en el puesto 64°, por detrás de la mayoría de países de la región, anota la iniciativa legal.

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La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, se pronunció a través de El Informativo de Nacional, sobre la rebaja de sueldos en el sector público, iniciada por el presidente Martín Vizcarra, en favor de las personas menos favorecidas, y dijo, que, quién tiene la posibilidad de generar una norma general al respecto es el Congreso de la República.

Indicó que el impacto de la pandemia por covid 19 en nuestra economía es inevitable, la empresa privada ha recortado el ingreso salarial, “y otros países han disminuido los sueldos de los trabajadores del estado, pero en el Perú no sucede nada de eso”, comentó.

“Y quien tiene la posibilidad de generar una regla o una norma de carácter general y vinculante, es el Congreso, que debería sacarla solidarizándose y pidiendo una reducción transitoria de sueldos a todos los funcionarios y autoridades del sector estatal, que tengan determinados ingresos”, indicó.

Marco constitucional 

Agregó que existe todo un marco constitucional, para que se pueda ir a una reducción transitoria de sueltos, en cuanto podamos salir de esta situación, y que, en el caso del TC, son tres magistrados que han accedido al descuento por solidaridad, “respetamos y entendemos la decisión de los otros magistrados, ya se han cerrado planillas, y se ha destinado el monto que se va a entregar a la entidad benéfica”, detalló Ledesma.

Agregó que, en el Tribunal Constitucional, se ha declarado la inamovilidad de los carros y se han suspendido los viajes, “apelo al tema de la solidaridad, y con mayor razón si se trata del Congreso, debemos volvernos más humanos, bajo una lógica de protección y apoyo hacia el pueblo, que no tienen el privilegio de tener un sueldo estable, porque me siento privilegiada al tenerlo”, reflexionó.

Bono

En cuanto al bono de 5200 soles que se ha depositado a la cuenta de los 130 ex congresistas dijo, que, “primero informémonos como ha sido este pago, y espero que el Congreso y la Contraloría estén investigando para luego sacar una conclusión”.

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El presidente del Congreso de la República, Manuel Merino De Lama, informó  que dispuso el inicio de una investigación sobre el pago de un bono económico a los exintegrantes del Parlamento disuelto, a fin de determinar presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución del beneficio. 

Durante una conferencia de prensa, el titular del Legislativo explicó que a la fecha se tiene conocimiento de dos acuerdos, el primero, detalló, es sobre el pago de un bono para los exlegisladores, y el segundo referido a otro desembolso a exintegrantes de la Comisión Permanente. 

Sobre el primer caso, Merino detalló que fue el equivalente de las gratificaciones del 2019 a un sexto de los meses trabajados, y en el segundo el equivalente a dos sextos. 

“Se ha solicitado la búsqueda y revisión de los acuerdos hechos durante el interregno. Rechazamos cualquier tipo de participación y veremos qué personal de confianza tuvo responsabilidad al no advertir a la Mesa Directiva  (actual) sobre este pago", subrayó Merino en TV Perú.

Para Merino De Lama, hubo un cobro sistemático y los responsables tendrán que responder. Dijo, además, que la bonificación fue pagada el 28 de mayo, días después de que asumiera el nuevo oficial mayor del Congreso, quien no tenía conocimiento de la disposición. 

Posteriormente, en conferencia de prensa, Merino refirió que la investigación también comprende al personal que debió haber hecho seguimiento para el mencionado pago. Tras referir que la concentración de su gestión esta en la atención de la pandemia por el covid-19, señaló que dicho personal debió advertir del pago de la bonificación.

El exparlamentario Richard Arce hizo público que el Congreso de la República le depositó 5,200 soles en su cuenta personal, pese a que ya no forma parte de esta institución desde el pasado 30 de setiembre del 2019.

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La Comisión de Ética Parlamentaria y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deben instalarse en el transcurso de esta semana, informó hoy el presidente del Congreso, Manuel Merino.

En conferencia de prensa, recordó que en la antepasada sesión plenaria se determinó la instalación y en la última se estableció el nombre de cada uno de los integrantes de estos grupos de trabajo.

Ahora, dijo, la instalación es responsabilidad de quienes forman parte. “Me imagino que Ética debe instalarse en el transcurso de la semana, igualmente Acusaciones Constitucionales. Ya están expeditos, saben cuál es el número de congresistas que participarán, deben convocarse, proceder a la elección de los cargos para el funcionamiento", comentó.

El pasado 11 de junio, el pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, la nómina de integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria y de comisiones especiales para el periodo de sesiones 2020 -2021. Con 126 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se acordó que Ética cuente con 9 integrantes.

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El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Rodolfo Yáñez, indicó a través de El Informativo de Nacional, que hasta el momento, en su sector, sumando las dos fases de reactivación económica, se ha logrado que 135 mil  trabajadores retornen a sus empleos.

“En la Fase 1 retornaron a sus empleos 40 mil trabajadores y en la Fase 2, en este momento, han regresado 95 mil, y eso es muy bueno porque lo que queremos ahora como Ejecutivo, es que la gente tenga un trabajo y pueda llevar el sustento a sus hogares”.

Recordó que la reactivación del sector construcción comenzó en la Fase 1, con la excavación y cimentación de las obras, siguiendo los protocolos de salud ocupacional, “ahora se ha simplificado y se ha logrado hacer que se elimine la aprobación del Ministerio de Vivienda. Ahora solo deberán inscribir sus protocolos directamente en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19)

Apoyo al norte

Indicó además, que recientemente han llevado 100 balones de oxígeno al norte del país, y se están instalando isotanques en Talara y Piura, “hemos ido a ver también el estado de los hospitales y las necesidades en Huancabamba y Chulucanas, para tomar las medidas respectivas”.

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No existe ninguna razón para que el dictamen que adelanta la paridad y alternancia en las elecciones generales de 2021 sea aprobado en la Comisión de Constitución este martes, afirmó la congresista Carmen Omonte.

De acuerdo con la Agencia Andina, la legisladora precisó que dicho grupo de trabajo volverá a poner en debate el dictamen que plantea adelantar este mecanismo.

“Hay el compromiso de que en la sesión del martes volveremos a presentar la paridad y alternancia y que se vote el tema, no habrá ningún retroceso esta vez, hay un consenso general”, indicó.

Omonte explicó que la propuesta no pudo ser aprobada en la comisión en una primera ocasión dado que diversos parlamentarios consideraban que debía incluirse la eliminación del voto preferencial para que tengan un impacto real, pero al ser incorporado este tema, tampoco prosperó.

“Creo que hemos alcanzando el consenso en todas las bancadas, con excepción de aquellas que tienen una posición conocida desde siempre”, manifestó.

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La viceministra de Interculturalidad, Ángela Acevedo, sostuvo hoy que el Gobierno lleva a cabo coordinaciones permanentes con las autoridades regionales para la atención de las comunidades indígenas frente al covid-19.

Según explicó, el Ministerio de Cultura es el ente coordinador y articulador para las intervenciones en los pueblos indígenas, junto con los gobiernos regionales y diversos sectores.

En la víspera, refirió Acevedo, se llegó con una delegación del Ejecutivo a la región Ucayali para verificar la atención en los hospitales de campaña de Pucallpa y se reunieron con organizaciones indígenas para informar las acciones desarrolladas.

Las comunidades, dijo, son monitoreadas y, en caso de detectarse casos de covid-19 en algunas, se brindan los tratamientos.

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La ley que suspende el cobro de peajes de manera excepcional, aprobada por insistencia por el Congreso, es inconstitucional y generará arbitrajes contra el país por parte de las empresas afectadas por esta decisión, afirmó el vocero del Partido Morado, Francisco Sagasti.

“¿Por qué decimos que es inconstitucional?, simplemente porque los contratos tienen esa naturaleza y tienen fuerza de ley y eso es lo que se ha indicado, creo que el planteamiento del Ejecutivo, en ese sentido, es consistente con lo que ha hecho en otros casos similares”, dijo.

Sagasti precisó que, si bien no se ha producido una demanda, espera que los próximos meses el Poder Ejecutivo y las empresas involucradas puedan negociar y conversar, mientras esperan la decisión que tome el Tribunal Constitucional (TC).

Cabe recordar que el TC admitió la demanda de inconstitucionalidad por la ley 31018, que suspende el cobro de peajes en las carreteras del país.

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