Política

“Las democracias fuertes y de calidad pueden combatir la corrupción”, aseguró la científica política israelí, Ina Kubbe, al presentar su trabajo de investigación sobre variaciones y nivel de corrupción en los países democráticos, efectuado durante los últimos 5 años. Esta información fue dada a conocer en la Conferencia Anual Internacional por la Integridad – CAII 2019, organizado por la Contraloría General.

Kubbe explicó que las sociedades democráticas bien establecidas muestran bajos niveles de corrupción en comparación a los regímenes autoritarios, por lo que existe un vínculo entre ambas; sin embargo, dijo que los niveles de corrupción y los niveles de las democracias pueden variar. La explicación a este fenómeno todavía viene siendo estudiado; pero concluyó que se requieren de democracias de calidad y fuertes para combatir este flagelo que agolpea a la humanidad.

“Para mi investigación definí a la corrupción como abuso del poder que se le ha conferido a alguien, para una ganancia privada. Pero la definición es bastante amplia y abstracta. ¿Cómo definir abuso? ¿Qué es poder o dónde comienza y dónde termina? Así que estamos repensado estas definiciones”, manifestó, antes de concluir que “la corrupción siempre tiene víctimas”.

Este fenómeno -explicó- puede presentarse por dos razones: avaricia o necesidad. La primera ocurre en niveles muy altos del gobierno donde muchas veces es difícil de probar; mientras que la segunda se presenta cuando no se tiene otra opción. Por ejemplo, recurren al soborno para cruzar una frontera, obtener una visa o recibir atención médica.

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El especialista en temas de contrataciones con el Estado y politólogo, Víctor Hugo Quijada, indicó en entrevista con El Informativo de Nacional, sobre las implicancias de la denuncia, sobre supuestas irregularidades en el caso de la construcción de Hospital de Moquegua, y dijo, que, en los documentos que ha revisado no se encuentra la firma del presidente Martín Vizcarra.

“Coincido con lo que dice el presidente, que esta denuncia es un refrito, puesto que ya han sido dos veces que la Contraloría ha realizado investigaciones y las ha archivado”.

Precisó también que el informe de Contraloría establece responsabilidad funcional y penal en 14 funcionarios, en los cuales no están comprendidos ni el presidente Vizcarra, ni el ministro Trujillo.

“En el caso del ministro Trujillo, si aparece su firma en el adicional de adelanto de obra, pero dentro del Estado se individualizan las responsabilidades, y este es un tema de competencia y usual, y sí se pueden dar porque están regulados por ley, y es una práctica común en el sector público y privado”.

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La ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, en entrevista con El Informativo de Nacional, dijo que “debemos entender que no podemos enfrentar a la corrupción dependiendo de la persona que estamos investigando”.

En este sentido dijo, que anteriormente si era Humala al que se investigaba, aplaudían los que estaban en su contra, y si luego investigaban a Keiko, los que habían aplaudido, ya no lo hacían, y así no puede ser.

Agregó que hay que enfrentar a la corrupción unidos y de manera objetiva, sin ver los rostros, sino siguiendo las investigaciones y los procesos.

Señaló también que la corrupción es un problema el cual debemos enfrentar juntos, “porque la justicia a la que aspiramos está todavía lejos de alcanzar”, y agregó que debemos trabajar para conservar la institucionalidad, porque se trata de defender el Estado de Derecho, subrayó.

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El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios realiza hoy la audiencia de requerimiento de prisión preventiva contra César Villanueva Arévalo y Marco Díaz Espinoza, investigados por presuntos pagos ilícitos de Odebrecht por la carretera San José de Sisa en la región San Martín.

El Poder Judicial informó que la diligencia se efectuará a partir de las 10:00 horas en el edificio Carlos Zavala Loayza, ubicado en el Cercado de Lima. El tribunal está a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz.

El fiscal Germán Juárez, miembro del equipo especial Lava Jato, requirió 18 meses de prisión preventiva contra Villanueva Arévalo y Díaz Espinoza.

Villanueva era gobernador regional y Díaz gerente del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo del Gobierno Regional de San Martín cuando la constructora brasileña se adjudicó la concesión de la carretera San José de Sisa.

Andina

El jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos Salinas, reafirmó la voluntad política del Ejecutivo de promover la integridad y la lucha contra la corrupción, a fin de fortalecer las instituciones con miras al Bicentenario de la Independencia del Perú.

"Desde el Gobierno hemos impulsado políticas públicas específicas, como la aprobación de Lineamientos de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Nuestro objetivo es tener instituciones sólidas, fuertes e independientes", enfatizó.

Durante la jornada inaugural de la Semana de la Integridad, Zeballos acudió, en su calidad de presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, a la presentación de la XI Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú 2019.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) exhortó a los presentes a llegar al 2021 con una nueva actitud en la que prime la honestidad, la decencia y la transparencia.

“Los tiempos actuales demandan a la clase política y a la ciudadanía compromiso, responsabilidad y esfuerzo. Desde el Gobierno, existe la voluntad política para luchar contra la corrupción, pero esta larga batalla requiere del involucramiento de todos los peruanos”, enfatizó.

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La ministra de Educación, Flor Pablo, animó a los mejores maestros del Perú a vivir la experiencia de enseñar en la zona rural, tarea que ayudará a ir cerrando la brecha de desigualdad que existe en la educación peruana.

“Necesitamos que nuestros mejores profesores y directores vayan a nuestras zonas rurales, a nuestras zonas bilingües, porque coincide que donde hay pobreza hay también pobreza educativa, y ese círculo tenemos que romperlo. Creo que lo podemos hacer con maestros comprometidos y preparados”, sostuvo durante una visita de trabajo en Cusco.

En ese sentido, manifestó que su sector viene realizando los esfuerzos para mejorar las remuneraciones de los docentes, que el próximo año será de S/ 2200 a S/ 2400 en la primera escala. “Pero hay asignaciones adicionales; por ejemplo, si la escuela está en una zona rural, si está en una zona bilingüe, si se trata de una escuela unidocente”, manifestó.

Consideró que se debe motivar de manera permanente a los maestros. “Hay que animarlos, porque enseñar en una escuela rural es una experiencia gratificante. Tenemos que enviar a nuestros mejores cuadros hacia donde más los necesitamos”, precisó.

Durante una visita de trabajo en la región Cusco, la ministra recorrió diversas instituciones educativas y comprobó las acciones que desarrollan las autoridades con miras al inicio del año escolar 2020.

A primera hora entabló dialogó con los estudiantes y directivos del Instituto Superior Pedagógico Público Santa Rosa. Más tarde, en la IE San Francisco de Asís, interactuó con los directores de instituciones educativas que participaron en el taller ‘Socialización directiva de cierre de año 2019’.

También dialogó con el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente, a quien solicitó sumarse al plan de capacitación de funcionarios, con ayuda de Servir, a fin de convertirlos en gerentes públicos especializados.

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El Instituto de Radio y Televisión Nacional del Perú (IRTP) estableció directivas para la cobertura del proceso electoral congresal 2020, cuyo objetivo es garantizar el pluralismo y transparencia del contenido que se difunda en sus diferentes plataformas.  

Estas disposiciones, que alcanzan a todo el personal periodístico independientemente de su nivel jerárquico, fomentan además la correcta utilización de los recursos del Estado destinados para este proceso.

Siguiendo esa línea, TV Perú, Radio Nacional, Radio La Crónica, sus plataformas web y redes sociales, deberán producir contenidos acordes a las normas establecidas por la Constitución, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina de Procesos Electorales y los principios rectores de IRTP.

La medida busca que en nuestras producciones se respeten los principios de credibilidad, equidad, pluralidad, transparencia, neutralidad, entre otros, dándole a todos los candidatos las mismas oportunidades de participación durante la campaña electoral.

De incumplir estas normativas, los colaboradores de IRTP serán sujetos de sanciones administrativas, según la gravedad de la falta, previo proceso disciplinario.

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En el sector público existen muchas fuentes con datos útiles para identificar áreas de riesgo de la corrupción, pero es necesario determinar cómo entrelazar dichas informaciones y lograr la colaboración entre las diferentes entidades gubernamentales que las tienen bajo su control, afirmó Alexandra Habershon, especialista Senior en Gobernanza del Banco Mundial (BM).

“Es necesario construir plataformas digitales para todo el gobierno de un país, lo que representa un reto institucional y político. Por ejemplo, la información en torno a las compras y contrataciones resulta interesante, pero hay que buscar enlaces entre ese sistema, los registros de empresas y las declaraciones juradas”, indicó Habershon en la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII 2019).

La especialista en gobernanza precisó que con el análisis de datos -que permite identificar áreas de riesgo y no hechos de corrupción- se puede luchar contra la impunidad, pero también promover la integridad y la eficiencia.

A su turno, Nicandra Castro Escarpulli, Contralora Interna del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa de la ciudad de México, dijo que el Programa Nacional de Combate a la Corrupción de su país para el período 2019 - 2024 se basa en ejes preventivos, como retornar a los códigos de ética para incentivar la integridad de los funcionarios públicos.

Señaló que otra medida de impacto en su país es el relacionado a la Ley Nacional de Extinción de Dominio (pérdida de los derechos que tiene una persona sobre los bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y que sean producto de ilícitos y hechos de corrupción), así como la protección a los denunciantes de actos de corrupción. “Estamos apostando a que el Sistema Nacional Anticorrupción cumpla su función y logre disminuir los actos de corrupción en México”, puntualizó.

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La Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA) de los Estados Unidos de América se aplica en otros países cuando las transacciones ilícitas como el soborno son consideradas delitos en ambos países y la operación ilegal se realizó en dólares americanos, explicó Camilo Daniel Benítez Aldana, Contralor General de la República de Paraguay.

Benítez Aldana narró el caso emblemático de corrupción privada, el llamado “FIFA Gate”: Estados Unidos acusó de presunto soborno al dirigente deportivo paraguayo, Nicolás Leoz, quien durante 30 años fuera presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), un multimillonario muy querido por los ciudadanos que renunció al cargo.

En aquel entonces, las personas se preguntaban ¿por qué el gobierno estadounidense tenía jurisdicción en otros países? Y se enteraron de la existencia de esta norma antisoborno que podía aplicarse siempre que el delito imputado también sea considerado delito en Paraguay. Y el dirigente Leoz, entonces, no negó haber recibido dinero por los derechos de transmisión de los eventos deportivos sino basó su defensa en que eso no era delito en su país y falleció antes de ser extraditado.

A su turno, Matteson Ellis, abogado estadounidense y especialista en la ley FCPA, afirmó que el caso “FIFA Gate” refleja la aplicación agresiva de las leyes de los Estados Unidos. “Es increíble que el Departamento de Justicia pueda aplicar nuestras leyes a una conducta que ocurre fuera de los Estados Unidos y cuando la única conexión es, quizás, la transferencia de cuentas bancarias”, señaló.

Cuando salió al descubierto el caso FIFA, fue interesante porque las actitudes cambiaron en la región, los ciudadanos decían por fin algún gobierno ataca un problema en el cual nuestros gobiernos no actuaron, comentó Matteson.

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La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) informó que los menores de edad pueden trabajar a partir de los 14 años, siempre y cuando cuenten con la autorización de sus padres, y las labores que realicen no sean peligrosas para su vida, salud, integridad física, educación y moral.

Durante una charla, dirigida a más de 500 estudiantes de la Institución Educativa Emblemática Dos de Mayo, de Puerto Maldonado, se informó que deben tramitar la autorización en su respectiva municipalidad o dirección o gerencia regional de Trabajo y Promoción del Empleo, para poder desarrollar labores, las que no deben ser peligrosas por su naturaleza o por las condiciones en que se presta. Tampoco puede limitar al adolescente su asistencia regular al colegio.

Según estadísticas del INEI, solo en Madre de Dios estarían trabajando el 17% de los niños, niñas y adolescentes, con edades entre los 5 y 17 años.

Cabe señalar que la SUNAFIL viene haciendo una serie de operativos destinados a retirar menores de edad, del trabajo peligroso. Ello se realiza a través de los inspectores ubicados en las distintas intendencias regionales y, en Lima, mediante el Grupo Especializado de Inspectores, denominado GEIT, quienes se encargan de hacer esta labor, junto a la DIVINTRAP de la Policía Nacional del Perú.

En la charla estuvo presente la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres y el superintendente de la SUNAFIL, Juan Carlos Requejo, quienes recordaron que más de un millón y medio de niños y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad, son víctimas del trabajo infantil en el Perú. Según información del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de este total, el 88.5% trabaja en el área rural realizando labores de agricultura familiar y de subsistencia.

Nuestro país ha suscrito el Convenio 182 (sobre las peores formas de trabajo infantil) y el Convenio 138 (sobre la edad mínima de admisión al empleo) de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, ha establecido una política de protección de los niños, niñas y adolescentes para su sano crecimiento.

/PE/