Política

El gran reto que tenemos los países de la región es lograr que la tecnología logre cerrar las diversas brechas que todavía existen y que esta llegue a todos los ciudadanos para mejorar su calidad de vida, afirmó hoy el presidente de la República, Martín Vizcarra.

Durante su participación en el panel de discusión “Futuro del Trabajo en la Alianza del Pacífico frente a los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial”, destacó que la empresa privada también juega un importante rol en el objetivo de llevar y dar un mejor servicio a la población. 

“Tenemos que lograr que la tecnología sirva para mejorar la vida de todos los peruanos y allí hay una predisposición de la empresa y del Estado para lograr este gran objetivo”, indicó el mandatario peruano en el mencionado panel de discusión, donde también participó el presidente de Chile, Sebastián Piñera y el mandatario colombiano, Iván Duque.

El jefe de Estado, destacó que una de las principales reflexiones que se debe hacer, es que si las naciones buscan sentar las bases de un desarrollo sostenible, es necesario impulsar las medidas que introduzcan a los ciudadanos a la Cuarta Revolución Industrial y para esto también es necesario invertir en infraestructura.

En tal sentido, el presidente Vizcarra destacó que en el Perú se hacen grandes esfuerzos por invertir en importantes obras, y muestra de ello, es la Red Dorsal de Fibra Óptica, que el próximo año logrará conectar 22 regiones del país.

Durante su intervención desde la ciudad de Nueva York, el jefe de Estado peruano dijo que paralelamente a la infraestructura se debe invertir en el capital humano, y que los alumnos de las principales escuelas puedan acceder a las nuevas tecnologías y a la información.

En este objetivo, el mandatario también recalcó en la necesidad de que las pequeñas y medianas empresas accedan a las nuevas tecnologías, además de fortalecer el Estado digital, para hacer que los trámites de los ciudadanos se hagan de una manera más eficiente y rápida. 

El presidente Vizcarra hizo referencia que como parte de este esfuerzo por dotar de infraestructura adecuada en el país, se presentó también el Plan de Competitividad y Productividad del Perú con miras al 2030 que prioriza diversas medidas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de todo el territorio nacional.

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El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres "Juntos" obtuvo la autorización del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) para evaluar y certificar el buen desempeño laboral de sus gestores para el desarrollo social.

En ceremonia pública, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Paola Bustamante Suárez, recibió la certificación de manos de la presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc del Sineace, Carolina Barrios Valdivia, con lo cual podrán evaluar si un gestor social es competente para afiliar a las familias, verificar corresponsabilidades y gestionar la entrega de las subvenciones.

Bustamante Suárez manifestó que evaluarán y certificarán a un total de 1300 gestores de 21 regiones, quienes se responsabilizan de que más de 700 mil hogares en situación de pobreza accedan a servicios básicos como salud y educación.

Agregó que el proceso de certificación iniciará en las regiones de Loreto y Junín, con 113 gestores, para luego continuar con el resto de regiones.

A su turno, la titular del Sineace comentó que la certificación asegurará que las familias usuarias del programa “Juntos” gocen de las garantías de un servicio de calidad y se cumplan con los compromisos de equidad y desarrollo que tiene el Estado. Asimismo, enfatizó que teniendo gestores calificados y reconocidos se logrará que más niños peruanos accedan a mayores oportunidades.

Recordó que el proceso de certificación de competencias reconoce a las personas que cuentan con saberes y capacidades para hacer bien su trabajo, ya sea que lo hayan aprendido dentro del sistema educativo o fuerte de este. “Este reconocimiento está orientado a asegurar la calidad en los servicios públicos”, remarcó.

Respecto a ello, la titular del Midis anunció que otros programas sociales también se incorporarán a este proceso, tan igual como ya lo ha hecho el programa “Foncodes”, que ya certifica a los yachachiq productivos; mientras que el programa “Cuna Más” se sumará próximamente para certificar a las madres cuidadoras.

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El ministro del Interior, Carlos Morán, instó a los venezolanos con antecedentes penales que hayan ingresado al Perú de manera irregular, a abandonar el país porque las autoridades peruanas los van a detener y expulsar.

En el Grupo Aéreo Nº8 de la FAP, desde donde hoy se expulsó a 36 varones y 9 mujeres venezolanas, Morán dijo que a la fecha se han devuelto a Venezuela a 890 de estos ciudadanos extranjeros por haber ingresado al Perú falseando información.  

Añadió que estas personas que llegaron al Perú de manera irregular y que han sido expulsados no podrán ingresar a territorio peruano durante los próximos 15 años.

Informó asimismo que, a la fecha, existe un total de 334 venezolanos que están encerrados en las cárceles peruanas, mientras son procesados por una serie de delitos.

Tras detallar que 24 de ellos registran antecedentes policiales por robo, hurto y violación, Morán aseveró que las autoridades peruanas van a endurecer su política migratoria.

Dijo, igualmente, que la Policía detendrá y expulsará a los venezolanos que tienen una conducta inadecuada y generan desorden social.

En esta quinta expulsión de venezolanos participaron, además, el comandante general de la PNP, general José Lavalle; el titular de la Dirección de Investigación Criminal (Dirnic), general PNP Neyre Rodríguez; y funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

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La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), recuerda a la opinión pública que el ente contralor del Poder Judicial cuenta con diversos canales de fácil acceso, para que los usuarios judiciales puedan formular sus quejas por retardo en sus trámites judiciales.

Página web

En la web de la OCMA http://ocma.pj.gob.pe se encuentra el enlace “Registre Queja vía web”, que le permite al usuario acceder a un formulario y pueda llenar los datos solicitados, y así registrar su queja.

Correo electrónico

Otro medio de uso común para la ciudadanía es el correo electrónico, y el Órgano Contralor de este Poder del Estado tiene la cuenta ocmapj@pj.gob.pe  en la cual, los usuarios podrán escribirnos detalladamente sustentando los motivos de su queja. 

Línea gratuita a nivel nacional

Las personas que se sienten más cómodas realizar sus quejas a través de la telefonía, pueden llamar al 080012121 desde cualquier punto del país, usando un teléfono fijo o público.

Línea fija

También pueden hacerlo llamando a la línea 01-4101010 y los anexos 11410, 11032 y 11164, en la cual serán atendidos por especialistas de la Unidad de Defensoría del Usuario Judicial.

En ambas líneas telefónicas, el horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 am., a 1:30 pm., y de 2:30 pm., hasta las 5:00 pm. 

Los usuarios que desean presentar su queja de manera presencial, deberán acercarse a la sede de la OCMA (Oficina 130 - Palacio de Justicia -Av. Paseo de la República s/n). También podrán hacerlo en las ODECMA, ubicadas en cada Corte Superior de Justicia a nivel nacional.

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Mediante el Decreto Supremo N° 303-2019-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, se autorizó la transferencia 47.6 millones de soles a favor de 10 universidades públicas para financiar 22 proyectos de inversión en el presente año fiscal.

La transferencia de estos recursos, que formaban parte de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, fueron gestionados por el Ministerio de Educación, a solicitud de las universidades, con la finalidad de dar cumplimiento a las condiciones básicas de calidad y contribuir con el cierre de la brecha en infraestructura académica, no académica y de investigación de las universidades públicas

A la Universidad Nacional de Ingeniería se le ha destinado S/ 7 448 865 para financiar el mejoramiento de los servicios del Centro de Investigación en Tratamiento de Aguas Residuales y Residuos Peligrosos, la ampliación y mejoramiento del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Civil, entre otros proyectos.

Por su parte, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica recibirá S/ 2 064 205 para el mejoramiento del servicio académico y administrativo de la Facultad de Ciencias Biológicas. La Universidad Nacional Hermilio Valdizán contará con S/ 1 905 556 para fortalecer las capacidades de investigación de sus docentes, y la Universidad Nacional Agraria La Molina, con un monto de S/ 3 635 751, financiará el mejoramiento, ampliación y equipamiento de la Biblioteca Agrícola.

Asimismo, la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac recibirá S/ 3 391 743 para financiar el mejoramiento de los servicios educativos de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, en tanto la Universidad Nacional del Altiplano destinará S/ 2 428 211 para mejorar los servicios de la Escuela Profesional de Educación Primaria, la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica y la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas.

La Universidad Nacional Agraria de la Selva, con un monto de S/ 16 702 575, financiará la creación del Centro de Geomática para la Facultad de Agronomía, entre otros proyectos, y la Universidad Nacional de Ucayali recibirá S/ 3 762 645 para la instalación e implementación de los laboratorios de Anatomía Humana, Histología, Patología, entre otros.

Finalmente, la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma destinará S/ 3 366 025 para la creación e implementación del Instituto de Investigación en Tecnologías Altoandinas y para la creación de los servicios básicos y urbanísticos en la ciudad universitaria, y la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua, con una inversión de S/ 2 979 511, financiará la creación de los servicios académicos de estudios generales y administrativos y el minicomplejo deportivo.

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Como parte de sus actividades de promoción de la investigación electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentará este jueves 26 de setiembre, el libro Sanciones, Multas y Abstencionismo electoral en el Perú. Tres estudios sobre participación electoral y voto obligatorio.

El libro es una compilación de artículos académicos que reflexionan sobre el ausentismo electoral, el abstencionismo y la práctica del voto en el Perú. Cada estudio presenta una metodología distinta con el objetivo de analizar el ausentismo y abstencionismo en el país, donde el voto es obligatorio y su incumplimiento acarrea sanciones pecuniarias y administrativas.

El evento académico se realizará en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el horario de 14:00 a las 15:00 horas, y tendrá como comentaristas al politólogo y docente de la PUCP, Arturo Maldonado, y al antropólogo e investigador electoral, Manuel Valenzuela.

Maldonado es Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos. Actualmente es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y asistente de investigación del Proyecto de Opinión Pública en América Latina (LAPOP por sus siglas en inglés).

También es miembro de la Asociación Americana de Ciencia Política, la Asociación de Ciencias Políticas del Medio Oeste y la Asociación de Estudios Latinoamericanos, todas con sede en los Estados Unidos, así como integrante de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Sus áreas de interés son el comportamiento político y electoral y los métodos de investigación en ciencia política.

A su vez, Valenzuela es Licenciado en Antropología por la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresado de la Maestría en Ciencia Política de la PUCP y Becario de la Cooperación Técnica Belga. Ha realizado investigaciones sobre participación electoral indígena, ausentismo electoral y conflictividad electoral.

Los interesados en participar del evento pueden inscribirse enviando sus datos al correo, mbustos@onpe.gob.pe o comunicarse al 417-0630, anexo 8337.

/PE/NDP/

El Ministerio de Cultura afirmó que el reconocimiento y respeto por la diversidad lingüística que existe en el Perú, ayudará al desarrollo nacional que incluya a los pueblos indígenas.

“Garantizar derechos lingüísticos es también reafirmar el compromiso por generar condiciones para un verdadero diálogo intercultural. Diálogo que vemos todos los días cuando una mujer o un hombre indígena acude a los establecimientos públicos”, afirmó la viceministra de Interculturalidad, Angela Acevedo, en el Congreso Regional de Lenguas Indígenas que se realiza en la ciudad del Cusco.

Durante su participación en el Panel “Políticas públicas y derechos lingüísticos en América Latina y el Caribe”, la viceministra de Interculturalidad, reafirmó que los principales desafíos del Sector Cultura se centran también en garantizar los derechos lingüísticos en el Perú, donde hay 55 pueblos indígenas u originarios y 48 lenguas indígenas u originarias.

Asimismo, dijo que otra tarea del Sector se basa en la atención de las comunidades con lenguas en peligro, creando las condiciones para el éxito de procesos de reversión del desplazamiento lingüístico.  “La interculturalidad exige, pues, el reconocimiento de nuestra diversidad, respeto y también voluntad para lograr un desarrollo nacional que incluya a los pueblos indígenas”, enfatizó.

Avances

La viceministra de Interculturalidad, Angela Acevedo, señaló que a la fecha, se ha entregado la certificación a 1773 servidores y servidoras públicos como bilingües en la lengua quechua en los departamentos Apurímac, Ayacucho y Cusco. Asimismo, en el marco de la Estrategia “Voces Vivas” de atención a lenguas indígenas en peligro, se ha ejecutado la documentación lingüística y cultural de lenguas indígenas en situación crítica, de manera participativa: 4 lenguas atendidas: resígaro y taushiro (2017-2018) y chamicuro e iñapari (2019-2020).

El dato

El Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad es la entidad rectora en materia de inclusión de la población indígena u originaria y afroperuana, y órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo.

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#TodosYTodasSumamos para erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, es así que en el marco de la intervención preventiva “Hombres por la Igualdad” se ha logrado informar de enero a agosto del presente año a un total de 82 773 hombres en 2 888 actividades a nivel nacional en las cuales se han difundido mensajes para evitar la violencia de género y promover relaciones igualitarias.

Del total de 82 773 hombres prevenidos, 32 499 (39 %) fueron jóvenes y 50 274 (61%) fueron adultos. Muchos de ellos serán aliados y agentes de cambio en un futuro próximo, Además, tenemos 11 306 líderes capacitados en el presente año quienes son nuestros voceros permanentes de la intervención.

Los integrantes de la intervención “Hombres por la Igualdad” capacitados por especialistas del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) desarrollan un espacio denominado “Entre Patas”, en el cual los participantes reflexionan y analizan sobre sus dudas y dificultades para fomentar relaciones igualitarias entre hombres y mujeres.

Además, en “entre Patas” los hombres bajo una orientación profesional trabajan en la búsqueda de soluciones sin emplear el uso de algún tipo de violencia en los conflictos cotidianos, en especial los relacionados con la pareja y en el ejercicio de su paternidad.

Los departamentos con mayor número de hombres prevenidos contra la violencia hacia mujeres e integrantes del grupo familiar e involucrados en la prevención de la misma y promotores de las relaciones igualitarias son Lima, Junín, Cusco y La Libertad.

La intervención preventiva “Hombres por la igualdad” -en lo que va del año- está desarrollándose en 162 distritos de los 24 departamentos y en la Provincia Constitucional del Callao.

Ante este logro, el MIMP convoca a otros hombres a ser parte de la intervención preventiva “Hombres por la Igualdad” a nivel nacional y así construir un país con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, libres de discriminación y violencia de género. Los interesados pueden hacerlo llamando al teléfono 419 7260 o acercándose al Centro Emergencia Mujer (CEM) más cercano.

“Hombres por la Igualdad”, ¡nada justifica la violencia!

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La viceministra de Pesca y Acuicultura, María del Carmen Abregú, se reunió ayer por la tarde con representantes de la Asociación de Exportadores y Acopiadores de Productos Hidrobiológicos Artesanales del Perú, para tratar el tema de la expedición de permisos y certificados CITES, en especial las relacionadas a las aletas de tiburón.

Indicó que PRODUCE, como Autoridad Administrativa CITES-Perú, tiene la competencia para emitir los permisos de exportación e importación y los certificados de reexportación, previo cumplimiento de los requisitos en la legislación nacional e internacional.

“Venimos fortaleciendo y optimizando los procedimientos para la expedición de permisos y certificados CITES, a fin de dar cumplimiento a la normativa nacional e internacional aplicable, la cual no busca restringir el comercio, dado que su finalidad es regularlo para lograr objetivos tangibles de conservación y uso sostenible de los recursos protegidos”, afirmó.

Asimismo, resaltó que, previo al otorgamiento del permiso, la Autoridad Científica (MINAM) debe emitir un Dictamen de Extracción No Perjudicial, y se debe verificar la procedencia legal del espécimen a exportar (aletas).

También indicó que la normatividad exige que el secado de las aletas se realice en platas autorizadas y con los permisos correspondientes.

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El analista político Julio Schiappa Pietra, se pronunció sobre el habeas corpus interpuesto a favor de Keiko Fujimori ante el Tribunal Constitucional, y que ha quedado al voto, y dijo, que, esta institución no tiene un plazo estipulado para pronunciarse al respecto.  

“Por tradición tarda entre tres y cuatro meses en emitir un pronunciamiento, pero como ahora se ha hecho una operación exprés, que además tiene mucho de extraña y va sincronizada con un cambio del tribunal en el Congreso, hay mucho que escarbar para saber cuál sería la fecha”.

Prisión preventiva

Escciapa se manifestó en contra de la prisión preventiva como una política general y explicó los fiscales han recurrido a ella porque no tienen recursos, no tienen personal y se ha convertido en un mecanismo para evitar que se fuguen como en el caso del ex presidente Alejandro Toledo.

“La prisión preventiva ya está siendo humanizada y se ha planteado que debería limitarse solo a 180 días que es un plazo racional para poder completar una investigación judicial”.

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