Política

Estados Unidos reconoce al Perú como una nación líder en el combate al narcotráfico, por su compromiso y los logros sustanciales obtenidos en la materia, señaló la Oficina del Departamento de Estado para Asuntos Internacionales Antinarcóticos del país norteamericano.

Luis Arreaga, subsecretario adjunto principal de esta oficina estadounidense, sostuvo que Perú figura entre los pocos países que contribuye de manera sostenida en esa lucha no solo con recursos financieros propios y de la cooperación internacional, si no con recursos humanos y materiales.

En un escenario en que la problemática de la lucha antidrogas es “bastante difícil”, Arreaga saludó los avances alcanzados por el Perú en los últimos años, como la reducción de su espacio cocalero, así como su estrategia y programas de desarrollo alternativo, en el marco del llamado Modelo Perú.

“Al Perú hay que darle mucho crédito. Su compromiso en la lucha contra el narcotráfico es único. Muchos países dicen estar en contra de la droga, pero pocos son los que contribuyen (…) Al Perú hay que reconocerlo como un líder en ese tema”, remarcó el funcionario estadounidense.

En ese sentido, comentó que en su país se consideran honrados de trabajar con el Perú en materia de lucha contra las drogas, pues se ha aprendido mucho de la experiencia peruana y de sus constantes esfuerzos por dar alternativas viables al cultivo de la hoja de coca ilegal.

“Yo viví hace más de 20 años en el Perú y recuerdo cómo era el Alto Huallaga en esa época. Luego lo visité recientemente el año pasado y quedé impresionado (…) Hay más problemas que enfrentar, pero Perú tiene mucho que contribuir y compartir. Su experiencia es bastante útil”, anotó.

Consideró que los logros importantes obtenidos por el Perú también permiten desvirtuar las opiniones de algunos analistas que en algún momento advirtieron que el país iba camino a convertirse en un narcoestado.

“Ese es el argumento de hace 30 años. Antes se decía que ese era un problema que debían resolver los gringos, pero ahora se han dado cuenta que es un problema compartido. Eso ha permitido tener bastante cooperación y la que hay con el Perú es de primera”, recalcó.

Arriaga encabeza la delegación estadounidense que participa en el 58° Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana Para el Control del Abuso de Drogas (CICAD-OEA), que se realiza en Trujillo, con participación de 26 delegaciones, que reúnen a más de 100 participantes.

En la víspera, el funcionario norteamericano inauguró en Trujillo la Oficina Zonal de Devida (Comisión Nacional Para el Desarrollo y Vida Sin Drogas) en La Libertad, junto al presidente ejecutivo de esta institución, Alberto Otárola.

/CCH/ Andina

El presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Daniel Mora, consideró como una "gran noticia" la ratificación de la constitucionalidad de la Ley Universitaria y dijo que de esta manera se detendrán muchas acciones de amparo contra la aplicación de dicha norma.

"Este fallo detendrá muchas acciones de amparo lanzadas, muchas veces, por jueces prevaricadores, que han impedido que se continúe en forma decisiva a favor de la aplicación de la Ley Universitaria", refirió.

El parlamentario aseguró que se trata de una buena ley que beneficia al estudiante, a los padres de familia y que permitirá el crecimiento y desarrollo de la educación superior a mediano y largo plazo.

Refirió que el fallo del TC permitirá que la Sunedu avance más frontamente y con decisión contra algunos rectores que se han negado a cumplir la citada ley, como el caso de las universidades San Marcos, Federico Villarreal, la UNSA Arequipa y la universidad de Ica.

"Los rectores que se están negando a dejar los puestos, no por función altruista de que quisieran realmente mejorar la universidad, sino porque estas universidades manejan ingentes recursos económicos y no los quieren dejar de manejar", apuntó.

Comentó que la ley ya está en pleno proceso de implementación, dado que la mayoría de universidades la está acatando. "El 80% de las privadas ya lo está cumpliendo y de las 31 públicas, 16 han completado sus elecciones internas".

"Solo algunos rectores han tratado de impedir que se implemente la ley, pero ahora no podrán hacerlo. La Sunedu ya dio su cronograma hasta diciembre y aquellos rectores que no acaten la ley serán denunciados penalmente y recibirán sanciones económicas individuales".

/CCH/ Andina

El Tribunal Constitucional ratificó la constitucionalidad de la Ley Universitaria, con lo cual los docentes universitarios que no cuenten con el grado de magister tendrán un plazo de cinco años, desde la publicación de esta sentencia en El Peruano, para adecuarse a las exigencias de la norma.

Con esta decisión, el TC declaró infundada las demandas de inconstitucionalidad presentadas por diversas instituciones contra la norma que establece cambios en el sistema universitarios.

Las demandas fueron rechazadas con los votos de los magistrados Óscar Urviola , Manuel Miranda , Carlos Ramos , Marianella Ledesma y Eloy Espinosa-Saldaña . Por su parte, los magistrados Ernesto Blume y José Luis Sardón emitieron voto singular.

El voto mayoritario de los magistrados precisa que la norma no afecta la autonomía de las universidades y ratificó también la legalidad de la Superitendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sinedu), con sus funciones asignadas para el control de la calidad en la educación superior .

Señala, asimismo, que tiene facultades para establecer las sanciones, dado que su finalidad "es asegurar de modo permanente la calidad de la educación universitaria, la temporalidad de la licencia y la posibilidad de disponer el cierre de aquellas universidades que no alcancen estándares mínimos de calidad".

"Las resoluciones de sanción deberán estar debidamente motivadas y la sanción que se imponga debe resultar proporcional a la naturaleza y gravedad de la infracción en que haya incurrido la universidad", puntualiza.

Sobre la edad para el ejercicio de la docencia universitaria, el TC indica que no es discriminatorio establecer los 70 años, dado que la norma establece también que una vez que se llega a esa edad, los docentes pueden seguir ejerciendo en forma extraordinaria, previa evaluación de sus capacidades.

Respecto al cese de las autoridades y de las instancias de gobierno de la universidad para adecuarse a la Ley Universitaria, el TC considera que ello no vulnera el derecho de elegir y cumplir con el mandato, como alega el Colegio de Abogados del Cono Norte, uno de los demandantes.

Explica que la norma prevé el cese de la Asamblea Universitaria, justamente para constituir un Comité Electoral Universitario Transitorio y Autónomo, el cual será el encargado de convocar, conducir y proclamar los resultados del proceso electoral conducente a elegir a los miembros de la Asamblea Estatutaria. 

"Un vez aprobado el Estatuto de la universidad, la Asamblea Estatutaria establece el cronograma de elección de las nuevas autoridades, así como el plazo para su designación en reemplazo de las autoridades vigentes.  Por esta razón no se está limitando el derecho de nadie a ser elegido", puntualiza. 

En cuanto al plazo de 90 días que establece la Ley Universitaria para adecuarse a la norma,  el TC indica que es adecuado, por cuanto las normas no prohíben establecer los plazos,  demás recuerda este organismo se pronunció para que el Estado adopte medidas en el plazo más breve posible para garantizar la calidad de la educación.

/CCH/ Andina

El pleno del Tribunal Constitucional ratificó la constitucionalidad de la Ley Universitaria y otorgó un plazo de cinco años para que los docentes universitarios que no cuenten con el grado de magister, se adecúen a las exigencias de la norma.

Con este fallo, el TC declaró infundada las demandas de inconstitucionalidad presentadas por diversas instituciones contra la norma que establece cambios en el sistema universitarios.

Se precisa que las demandas fueron rechazadas con los votos de los magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, Ramos Núñez, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera. Por su parte, los magistrados Blume Fortini y Sardón de Taboada emitieron voto singular.  

/PAG/

El Pleno del Congreso, aprobó por mayoría el dictamen del proyecto de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que propone reconocer y garantizar el derecho de los peruanos a una alimentación adecuada y saludable, con énfasis en la población más pobre y adulta mayor.

El dictamen, que crea el Sistema Nacional de Seguridad Alimenticia y Nutricional (SINASAN), plantea definir las obligaciones del Estado y la responsabilidad de los individuos e instituciones privadas en la implementación del derecho humano a la alimentación y a la nutrición saludable, informó el Congreso.

Según la propuesta, el derecho a la alimentación y a la nutrición está garantizado por el Estado; y consiste en tener acceso, individual o colectivamente y de manera regular y permanente, a los alimentos adecuados y suficientes en cantidad y calidad nutricional que contribuyan al desarrollo humano integral.

Al sustentar la propuesta, el presidente de la Comisión Agraria, Wuilian Monterola, indicó que esta iniciativa dispone al Estado velar por el derecho de una alimentación adecuada, para lo cual favorece y crea condiciones de cara al progreso social y económico.

Asimismo, dijo que el Estado tomará medidas específicas como erradicar la malnutrición crónica, la anemia y las enfermedades crónicas no transmisibles.

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Inclusión Social, Eduardo Nayap, dijo que esta ley consolida la nutrición de los más pobres, y que el Estado garantiza su alimentación, así como disminuir la desnutrición y erradicar la mala alimentación que afecta a los más pobres, a las mujeres gestantes y al adulto mayor.

/M.R.M./

El Pleno del Congreso tiene previsto debatir hoy la moción de interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano; y del titular del Interior, José Pérez Guadalupe, por el cese de la procuradora pública en lavado de activos, Julia Príncipe.

Dicha moción estaba prevista debatirse en la sesión de ayer, pero por falta de tiempo la discusión fue programada para hoy.

El pedido para interpelar a los mencionados ministros fue presentado por congresistas de diversas bancadas de oposición que los consideran responsable del cese de la mencionada exfuncionaria.

Príncipe fue removida de su cargo por no cumplir con la ley según la cual los funcionarios públicos deben pedir autorización para formular declaraciones a los medios de comunicación.

Según informó el presidente del Congreso, Luis Iberico, momentos antes de iniciarse la sesión plenaria, se reunirá la Junta de Portavoces para definir algunos temas pendientes de acuerdo.

José Ugaz, titular de Transparencia Internacional, lamentó que se haya absuelto al magistrado Alfredo Quispe Pariona, y sostuvo que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ha perdido totalmente la legitimidad y la solvencia moral.

"Hay una sensación de indignación y vergüenza ajena porque estos magistrados deciden la suerte de los jueces y de los fiscales del país (...). Se ha perdido legitimidad y solvencia moral, por eso creo que deben irse todos", señaló.

Ugaz, indicó que el malestar no sólo es por Quispe Pariona, sino también por los cuestionamientos que pesan sobre el resto de los miembros del CNM. 

"Lo de Quispe Pariona es grosero, ha justificado su conducta, pese a que en el audio reconoce haberse enriquecido y haber pagado la carrera de sus hijos con dinero mal habido, pero también se cuestiona al actual presidente por haber dirigido una academia para jueces y estar en situación de conflicto de intereses, y otro magistrado no reconoce a sus hijos", señaló.

"¿En manos de quiénes el Perú se está entregando la capacidad de designar a los jueces que mañana decidirán sobre la libertad de las personas y el patrimonio de los ciudadanos? Esto es sumamente grave", añadió Ugaz Sánchez-Moreno, en entrevista con la Agencia Andina.

A su juicio, si el pleno actual del CNM no tiene dignidad para renunciar, en ese sentido, corresponderá al Congreso vacarlos y  a la sociedad civil movilizarse para hacer sentir su voz de  protesta, como está previsto que suceda el próximo lunes.

"Si uno ve la foto actual del pleno todos tienen un tipo de cuestionamiento. No hay otra opción, tienen que irse todos", insistió.

/M.R.M/

Por unanimidad aprobó el Pleno del Congreso el dictamen que unifica reconocimientos, beneficios, seguro de vida o compensación extraordinaria otorgada al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que participe en acciones en defensa del Estado, de la democracia, de la soberanía, la integridad territorial y el orden interno.     

La iniciativa fue sustentada por el presidente de la Comisión de Defensa, Emiliano Apaza, quien dijo que el dictamen acumuló once proyectos presentados por diversas bancadas.

El proyecto aprobado es una ley marco que se caracteriza por reunir todas las leyes dadas sobre este tipo de beneficios para los efectivos que participaron desde la campaña militar de 1941, 1978, 1981, así como otras normas dadas en beneficio de operativos en defensa del Estado y de la democracia, sostuvo.

Además de los beneficios económicos, la ley otorga reconocimientos honoríficos a los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que participen en acciones de armas o actos excepcionales en cumplimiento del deber.    

En ese sentido, los beneficiarios serían declarados Héroes Nacionales, Defensores de la Democracia con la condecoración “Gran Cruz de la Nación” y otras distinciones otorgadas por resolución suprema.

Para el efecto de esos reconocimientos y condecoraciones se propone un Consejo de Calificación, el mismo que hará su propuesta al Presidente de la República.

La iniciativa también incluye en los beneficios de seguro y compensación extraordinaria al Cuerpo General de Bomberos y al personal del INPE.

/P.A.G./

Por motivo del cese de la procuradora pública en lavado de activos, Julia Príncipe, el Pleno del Congreso tiene previsto debatir hoy la moción de interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano; y el titular del Interior, José Pérez Guadalupe.

El debate de dicha moción estaba programado para el día de ayer, pero por falta de tiempo la discusión fue pautada para hoy.

Como se recuerda, el pedido para interpelar a los mencionados ministros fue presentado por congresistas de diversas bancadas de oposición que los consideran responsables del cese de la mencionada exfuncionaria.

Príncipe, fue removida de su cargo por no cumplir con la ley según la cual los funcionarios públicos deben pedir autorización para formular declaraciones a los medios de comunicación.

Según informó el presidente del Congreso, Luis Iberico, momentos antes de iniciarse la sesión plenaria se reunirá la Junta de Portavoces para definir algunos temas pendientes.    

/P.A.G./

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, dejó hoy al voto el recurso de casación interpuesto por el exministro Aurelio Pastor Valdivieso contra el fallo que lo condenó a cuatro años de prisión efectiva por el delito de tráfico de influencias.

La lectura de la resolución fue programada para el próximo viernes 13 de noviembre, desde las 10:00 horas. 

En dicho acto público, el tribunal supremo resolverá si confirma o anula la condena impuesta a Pastor Valdivieso y el pago de S/. 100,000 por concepto de reparación.

En la audiencia de hoy, los jueces de la sala penal escucharon los alegatos del abogado del condenado, César Nakazaki; de la fiscal suprema adjunta, Betsabé Revilla; y del representante de la Procuraduría del Estado, Erick Guevara.

La Sala Penal Permanente está integrada por los magistrados supremos Javier Villa Stein (quien lo preside), Duberlí Rodríguez Tineo, Josué Pariona Pastrana, David Loli Bonilla y José Neyra Flores. 

En mayo pasado, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima sentenció a cuatro años de prisión efectiva al exministro aprista, Aurelio Pastor Valdivieso, quien cumple dicha condena en el penal Piedras Gordas, en Ancón. 

Pastor fue encontrado responsable del delito de tráfico de influencias por haber prometido en el 2012 a la entonces alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, hacer uso de sus supuestas influencias ante el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio Público, como quedó registrado en el audio que presentó la propia agraviada. 

Por dicha asistencia, el exministro presuntamente iba a cobrar S/. 60,000.

/C.CH.A./ Andina