Política

La Comisión Permanente del Congreso aprobó por mayoría el informe final de la denuncia constitucional 359, que recomienda acusar a la legisladora María Cordero Jon Tay e inhabilitarla por un plazo de 10 años por el presunto recorte de sueldos a sus trabajadores.

El informe final recomienda acusarla por la presunta comisión del delito de concusión en agravio del Estado, y por comisión de presuntas infracciones a la Constitución.

Asimismo, se aprobó la conformación de la subcomisión acusadora que estará conformada por la congresista Susel Paredes (CD), quien sustentará el informe aprobado y formulará las correspondientes acusaciones constitucionales ante el Pleno del Congreso de la República.

La congresista Lady Camones (APP), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, recordó que la denuncia constitucional fue formulada por la congresista Martha Moyano (FP) por la posible comisión del delito de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal; así como la comisión de presuntas infracciones constitucionales.

“El informe final recomienda acusar a María del Pilar Cordero Jon Tay, en su condición de congresista de la República, por la presunta comisión del delito de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal, en agravio del Estado”, dijo.

Recomienda también la suspensión de la congresista mientras dure la investigación, en caso se apruebe la acusación.

En tanto, la delegada de la investigación, la congresista Susel Paredes (CD), señaló que en este caso existen mensajes de whatsapp y hubo un reconocimiento de la propia congresista Cordero Jon Tay, quien no cuestiona la validez de los audios, así como del extrabajador Alexander Paredes.

Respecto al juicio político contra la legisladora, sostuvo que se trata de hechos de suma gravedad que brindan sospechas de la comisión de delitos de concusión y de la lesión de diversos bienes y principios constitucionales.

El congresista Elvis Vergara Mendoza (AP) planteó una cuestión previa para que este caso regrese a la Subcomisión, la misma que fue rechazada por amplia mayoría. 

Asimismo, el referido parlamentario presentó una reconsideración a la votación, la cual también fue rechazada.

/NDP/PE/

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) inauguró hoy el programa Secigra Derecho 2024 que, en su edición de este año, cuenta con la participación de 2,302 estudiantes de 90 universidades del país, quienes realizarán sus prácticas profesionales en 129 instituciones públicas.

De ese total de unidades receptoras, el poder Judicial y el Ministerio Público son las que ofertan el mayor número de vacantes. En esta edición, además, participan, por primera vez, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Gobierno Regional de Cajamarca.

Secigra Derecho es un programa de ejecución anual que permite a estudiantes universitarios de los últimos ciclos, así como a egresados y egresadas no graduados, incorporarse a la administración pública en el marco de un proceso formativo práctico de la abogacía, mejorando capacidades y competencias, permitiendo la inserción en el mercado laboral y sentando las bases de un trabajo pensado en el servicio público. 

La Dirección de Promoción de la Justicia y el Fortalecimiento de la Práctica Jurídica del Minjusdh tiene a su cargo la programación y supervisión del programa.

En el acto de inauguración participó el titular del Minjusdh, Eduardo Arana Ysa, quien destacó la importancia del programa en el proceso de formación de los estudiantes y les invocó a actuar siempre de manera correcta durante el ejercicio de su profesión. 

Pidió también a los secigristas entender que este programa es el primer paso para su triunfo académico y profesional, pero también el primer paso de una generación que debe decir siempre no a la corrupción.

Asimismo, en el marco de la inauguración, se realizó la conferencia Nuevos desafíos para la ética desde la práctica jurídica, en la que expusieron y debatieron expertos en la materia.

La actividad contó con la presencia de Walther Iberos, viceministro de Justicia; Eduardo Muga, director general de Justicia y Libertad Religiosa; María Esperanza Adrianzén, Directora de Promoción de la Justicia y Fortalecimiento de la Práctica Jurídica.

Así como los expertos en los temas de la conferencia: Verónica Rojas, profesora de Derecho y Tecnologías de la Información de la PUCP; Boris Espezúa, director general de la Biblioteca Nacional del Perú; Jorge Salazar, director de la Unidad de Postgrado de la Universidad, además de 180 secigristas de Lima y mas de 1500 en conexión virtual.

/NDP/PE/

Al término de la segunda mitad del año 2023, la Defensoría del Pueblo reportó 5779 casos de corrupción a nivel nacional.

La cifra figura en el reporte ‘Corrupción en cifras: casos en trámite a nivel nacional’. Esta es cercana a la registrada en la primera mitad del año pasado, la cual ascendió a 5860 casos.

Este reporte se basa en información de la Procuraduría Anticorrupción, Ella da cuenta de que son las municipalidades las que tienen el mayor porcentaje de casos de corrupción en trámite, con el 39% (en el primer semestre, este ascendió a 41%).

Asimismo, se indica que en 17 departamentos son las municipalidades en las que se reportan más casos de corrupción, siendo seguidas por los gobiernos regionales y la Policía Nacional.

Lima es el departamento que tiene mayor número de estos casos (18%) seguido por Áncash y Junín (7% en cada uno).

Demandan celeridad

Con respecto al estado en que se encuentran estos, el 99% está en investigación fiscal. De dicho porcentaje, el 95% (5488) están en investigación preliminar, mientras que un 4% está en investigación preparatoria y el 0.7% se mantienen en etapas intermedias y de juicio oral.

En tal sentido, la Defensoría demanda mayor celeridad en los procesos investigatorios realizados por el Ministerio Público.

Los delitos más recurrentes en este universo de casos son los de peculado, con 23% (1346 casos); negociación incompatible, con 22% (1249). y colusión, con 18% (1046). Solo el 0.4% (25) de estos casos son considerados emblemáticos.

/NDP/PE/

La Comisión Permanente del Congreso aprobó hoy archivar las denuncias constitucionales interpuestas contra la presidenta Dina Boluarte por presuntamente ejercer actos de gestión a nombre del Club Departamental Apurímac cuando ocupaba el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

El informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendaba archivar las denuncias constitucionales 268 y 269 (acumuladas) se aprobó con 17 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones.

Las citadas denuncias contra la hoy mandataria se plantearon por la probable infracción de los artículos 38 y 126 de la Constitución Política. Asimismo, la segunda de ellas incorporaba la presunta comisión de los delitos de omisión de actos funcionales y negociación incompatible.

El congresista Edgard Reymundo (Cambio Democrático-Juntos Por el Perú), en su calidad de autor del informe final, expuso ante la Comisión Permanente las conclusiones del documento, ratificándose en el archivamiento.

Como se recuerda, el grupo de trabajo que preside la congresista Lady Camones aprobó el citado informe final el 5 de diciembre de 2022, con 13 votos a favor y ocho en contra.

Previamente, la Comisión Permanente aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendó archivar la denuncia constitucional contra el excongresista Héctor Becerril por presunta infracción a la Constitución y presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias agravado.

El grupo de trabajo aprobó el citado informe final el pasado 13 de diciembre.

Luego de ambas votaciones, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, dispuso levantar la sesión de la Comisión Permanente hasta las 16:00 horas.

/PE/

Un llamado al Congreso a fin de que esta institución establezca “una línea de acción de gobernabilidad” hizo el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, al comentar los diversos pedidos de interpelación planteados contra varios ministros en dicho poder del Estado.

En declaraciones a la prensa dadas al término de la primera sesión del Consejo de Estado Municipal, el titular del gabinete señaló que las interpelaciones contarán con la presencia de los ministros, pues se trata de una práctica propia de la democracia.

Otárola dijo haber contabilizado un promedio de siete mociones de interpelación contra los miembros del Gabinete. Sin embargo, estas iniciativas “no necesariamente favorecen a la gobernabilidad del país, sino que polarizan”, apuntó. 

En ese sentido, dijo, “hacemos un llamado al Congreso de la Republica a establecer una línea de acción de gobernabilidad” en estos temas.

Consideró, por tanto, que los ministros “pueden ir a las comisiones (parlamentarias), que es lo que usualmente se hace”, antes que ser sometidos a interpelaciones.

Con respecto a los pedidos para interpelar al ministro del Interior, Víctor Torres, recordó que este “tiene muy poco tiempo en el cargo”. “Creemos que las políticas públicas tienen que ser sostenidas y sostenibles. Cada ministro tiene que hacer su trabajo y ese trabajo se evalúa”, indicó.

Seguridad ciudadana

Con respecto a la seguridad ciudadana, Otárola indicó que el Plan Perú Seguro desarrollado desde el gobierno implica “reorientar los recursos destinados a este tema para trabajar con las juntas vecinales”.

Asimismo, se ha previsto desarrollar un trabajo técnico que permita repotenciar logísticamente a la Policía Nacional. Esto pasa por optimizar los estándares logísticos del Ministerio del Interior “que no han funcionado bien en la adquisición de equipos”, apuntó.

Asimismo, destacó que se haya declarado en emergencia las localidades de Trujillo y Pataz. Indicó que esta última se ha establecido expresamente la participación de las Fuerzas Armadas, al registrarse derribos de torres eléctricas, minería ilegal y otros delitos de gravedad.

/AC/Andina/

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, resaltó que con la realización del Primer Consejo de Estado Municipal (Cemuni) el Gobierno inicia “una nueva dinámica de trabajo” junto a los alcaldes de todo el país.

En ese sentido, Otárola consideró que la realización del Cemuni “es una propuesta inédita y audaz”, y adelantó que “será una instancia que se va a institucionalizar” durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

Señaló que este tipo de encuentros permitirá “un trabajo conjunto y articulado” entre el Poder Ejecutivo y las autoridades municipales, destinado a solucionar los problemas de cada jurisdicción y a destrabar proyectos importantes para sus poblaciones.

“Hoy comenzamos una nueva dinámica de trabajo con los alcaldes”, manifestó Otárola en el discurso que pronunció al inaugurar este encuentro. “Una relación mucho más cercana y directa” entre ambas instancias es lo que se busca lograr, manifestó.

Con este tipo de acercamiento “queremos darle un sentido más amplio a la democracia”, indicó. Esto se traduce en el diálogo directo entre los ministerios y los alcaldes que se dará durante los dos días que durará este consejo de Estado.

Actividades de hoy

Otárola precisó que hoy, primer día del Cemuni, los ministros de Vivienda, Hania Pérez de Cuellar, y del Interior, Víctor Torres, expondrán sobre temas referidos al acceso al agua potable y a la seguridad ciudadana, respectivamente.

Asimismo, los alcaldes podrán acceder a espacios en los que representantes de los ministerios de Vivienda, Transportes, Desarrollo Agrario, Educación y Cultura les brindarán asistencia técnica y recomendaciones para el destrabe de proyectos en sus jurisdicciones.

Asimismo, se implementarán mesas para la absolución de consultas técnicas con especialistas de la presidencia del Consejo de Ministros y de diversas carteras ministeriales, además de stands en los que se brindará información sobre las acciones del Poder Ejecutivo destinadas a garantizar la seguridad territorial.

/DBD/

La presidenta de la república, Dina Boluarte, participa en la inauguración del I Consejo de Estado Municipal (Cemuni) a realizarse en el distrito de San Borja.

Esta información fue dada a conocer a través de la cuenta oficial de la Presidencia en la plataforma X (antes Twitter).

La agenda presidencial precisa que esta actividad se desarrolla desde las 9:15 horas.

Como se recuerda, más temprano la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), anunció la realización del I Consejo de Estado Municipal, a realizarse en el Ministerio de Cultura.

Asimismo, se adelantó que, en esta reunión, que se extenderá hasta mañana participarán más de 100 alcaldes provinciales.

/DBD/

En una ceremonia donde participaron los altos mandos de las Fuerzas Armadas, titulares de las entidades adscritas, así como el personal militar y civil del sector Defensa, Walter Astudillo fue presentado como nuevo titular del Ministerio de Defensa (Mindef)

Como se recuerda, el general del Ejército en retiro juró al cargo este martes en Palacio de Gobierno, en reemplazo de Jorge Chávez Cresta.

 “En la sede del Mindef se realizó la ceremonia de presentación del ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, ante los altos mandos de las Fuerzas Armadas, titulares de las entidades adscritas, así como el personal militar y civil del sector Defensa”, informó la cartera ministerial en su cuenta de X.

Asimismo, en la víspera, el titular de Defensa se reunió con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general EP David Ojeda, para conocer la situación actual de las acciones y operaciones militares que se ejecutan en los comandos operacionales y especiales en el ámbito nacional.

/DBD/

El Ministerio Público nombró a un nuevo coordinador del Equipo Especial de Fiscales para los casos de las víctimas fallecidas o heridas durante las protestas sociales del año pasado.

Se trata de Luis Enrique Valdivia Calderón, cuya designación fue oficializada mediante la resolución de la Fiscalía de la Nación 426-2024-MP-FN, publicada hoy en la gaceta del Diario Oficial El Peruano.

En esta misma resolución se nombra a Valdivia Calderón como fiscal superior provisional del distrito fiscal de Lima Centro.

De igual manera, se da por concluida la designación de la fiscal Raquel Cárdenas Manrique como coordinadora del mencionado equipo especial.

Asimismo, se da por concluida la designación en el referido grupo especial del fiscal Jorge Luis Díaz Cabello, y se designa a este como titular de la Primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

Los nombramientos y designaciones consignadas en esta resolución de la Fiscalía de la Nación tendrán vigencia hasta el 30 de junio del presente año.

Sustento de la norma

En la sección de argumentos de la resolución mencionada se indica que estos nombramientos y ceses responden a la jurisprudencia establecida desde el Tribunal Constitucional respecto a la temporalidad que debe tener la suplencia o provisionalidad de los fiscales.

Se recuerda también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la provisionalidad “no debe extenderse indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a una condición resolutoria”.

/DBD/

El Perú es uno de los pocos países que registra en su historia procesos, detenciones y condenas contra expresidentes de la república, todos por delitos de corrupción, lo que implica el mal uso de los recursos del Estado.

Para el juez supremo penal Manuel Luján Túpez, esta situación tiene un aspecto positivo porque garantiza el trabajo que realiza la justicia sin interesar de quien se trate.

“Yo tomo la lección desde el lado positivo, que los peruanos y peruanas pueden tener la confianza de que el sistema de justicia en el país funciona”.

Luján Túpez reveló que el delito de colusión es el que más se imputa a funcionarios públicos, incluidos los altos dignatarios (expresidentes de la república, ministros, congresistas), y representa el 25 % del total de conductas ilícitas denunciadas.  

Señaló que luego siguen los delitos de peculado (19 %), cohecho con 18 %, negociación incompatible con 13 %, tráfico de influencias con 6 % y otros.

Colusión

“El delito de colusión supone el encuentro o concierto de voluntades entre el funcionario público, y a veces privados, o entre los mismos integrantes de la administración pública, con la finalidad de obtener un provecho propio o para un tercero, concertar para defraudar al Estado”, explicó el magistrado.

Peculado

Sostuvo que el delito de peculado es el equivalente al robo o al hurto si se hablara de privados. “Cuando el agraviado es el Estado y se apropian de dinero, caudales o efectos que son del Estado, es peculado”, precisó.

Refirió que “el delito de cohecho es un delito de relación, es decir, de encuentro entre dos personas, una que ofrece un beneficio, una promesa o un dinero a otra (funcionario público), para que este haga o deje de hacer algo que le corresponde, el cohecho tiene el título más común de ‘coima’ o soborno”.

“Los delitos contra la administración pública pueden ser cometidos por todos los funcionarios públicos como: ministros, gobernadores regionales, alcaldes; y otros vinculados a las infracciones de los deberes, que pueden alcanzar al más alto dignatario (presidentes de la república, congresistas, ministros), regidores, profesores, policías, etc., todo aquel que ejerce una función o servicio público”, añadió.

15 años de cárcel

Añadió que la mayoría de este tipo de delitos tienen penas que van desde los cuatro hasta los 15 años. “La mayoría de estos delitos no poseen beneficios penitenciarios, esto significa que los sentenciados tienen que cumplir todo el tiempo de la pena que se les haya impuesto”, acotó.

Los delitos contra la administración pública que tienen la mayor pena son los agravados: El peculado, cuando afecta dineros u obras que son de bien social (un hospital, un centro educativo o un proyecto social), tiene una pena agravada que va de ocho hasta 15 años.

También está el cohecho pasivo específico cuando el sobornado es un juez, un fiscal, un perito, un árbitro, en este caso la pena también es de ocho a 15 años.  

“En el caso de la colusión, si no se llega a perjudicar al Estado, si solo se quedó en el arreglo, pero no llegó a perjudicar al Estado, el delito se sanciona con una pena de tres a seis años, pero si llegó a perjudicarse al Estado, si se concretó el pacto ilícito la pena va de seis a 15 años”, explicó.

Los delitos de colusión, concusión, peculado, tráfico de influencias, sobre todo si son agravados no poseen beneficios penitenciarios, esto significa que deben cumplir la totalidad de la pena impuesta en las sentencias.

El magistrado, por otro lado, resaltó la respuesta del sistema judicial contra los altos funcionarios investigados por delitos de corrupción en nuestro país.

/RAM/