Política

Como parte de su permanente labor fiscalizadora, tanto en periodo electoral como no electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) completará hasta el 15 de diciembre próximo la fiscalización de 1 200 comités partidarios de diversas organizaciones políticas en todo el país durante este año.

Román Sánchez Dávila, especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE) de la institución, detalló que hasta agosto último se cumplió con fiscalizar a 433 comités partidarios de diversas organizaciones políticas en proceso de inscripción.

Indicó, además, que entre el 13 de noviembre último y 15 de diciembre se fiscalizará a otros 767 comités, cifra que incluye la verificación de más de 400 nuevas direcciones de comités de organizaciones políticas que ya están inscritas.

En entrevista con el canal JNE TV, explicó que un comité partidario está conformado por un grupo de ciudadanos de una determinada circunscripción, afiliados a un partido político o movimiento regional.

Dijo que para lograr su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, un partido político necesita acreditar como mínimo 65 comités partidarios, es decir, no deben ser menores a un tercio del número total de provincias del país y ubicados en las 4/5 partes de la cantidad de departamentos del país.

Los movimientos regionales, en tanto, deben presentar comités en un número no inferior a las cuatro quintas partes del número de provincias del departamento. En el caso del Callao y de Lima Metropolitana, se constituirá el mismo número de comités distritales.

Sánchez Dávila señaló que cada comité debe estar conformado por un mínimo de 50 afiliados válidos, con domicilio en la provincia o distrito donde se constituye. A efectos de la inscripción, no debe presentarse más de un comité por provincia o distrito, según corresponda, de acuerdo con la normativa vigente.

Los fiscalizadores del JNE, desplazados a diversos puntos del país, verifican la existencia y funcionamiento de los comités, si se encuentran en las direcciones consignadas y si sus integrantes declarados por la organización política efectivamente los componen, entre otras acciones.

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Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria realiza la audiencia de control de identidad del exasesor Jaime Villanueva, quien se encuentra con detención preliminar por diez días como parte de las investigaciones que implican a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

El juez Leodan Cristobal Ayala, titular del referido juzgado, tras verificar los datos del exasesor, refiere que se han respetado los derechos fundamentales del investigado.

Precisa además que la detención preliminar de Jaime Villanueva vence el 7 de diciembre.

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La presidenta Dina Boluarte participará hoy en la inauguración del Centro Infantil de Atención Integral Comunal Huellitas en la Arena en el distrito de Villa El Salvador.

Este centro comunal contribuirá a la atención de las niñas y los niños más vulnerables, precisa la agenda de la mandataria.

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La bancada Alianza para el Progreso (APP) expresó su preocupación por los presuntos actos ilícitos imputados a altas autoridades del Ministerio Público, otras entidades públicas y parlamentarios.

“Exigimos una investigación exhaustiva que conduzca a la identificación de los responsables”, señalan en un comunicado.

La bancada también se pronunció por la denuncia presentada por fiscal de la Nación, Patricia  Benavides, contra la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por los fallecidos durante las manifestaciones pasadas.

Al respecto, la bancada indica que el Parlamento deberá tramitar la denuncia contra la presidenta y el titular del Consejo de Ministros conforme al marco constitucional, cumpliendo el debido proceso, a fin de determinar la responsabilidad, si la hubiera, en los referidos sucesos ocurridos en diciembre de 2022 a marzo de 2023.

Asimismo, precisa que las votaciones de su bancada corresponden a la decisión exclusiva de su bancada parlamentaria, observando el marco legal vigente, priorizando los intereses nacionales.

“Rechazamos la pretensión de aprovechar políticamente estas circunstancias difíciles con adelanto de elecciones que solo generan más inestabilidad y dificultan la recuperación económica del país”, señala el documento.

En ese marco, la bancada refiere que ratifica su compromiso con el sistema democrático y la defensa de la institucionalidad democrática como instrumentos fundamentales para el desarrollo del país.

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El Equipo Especial de Fiscales peruanos encargado del caso Lava Jato pidió este lunes el cese de la nueva coordinadora del grupo, Marena Mendoza, que fue nombrada recientemente por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en reemplazo de Marita Barreto, a quien destituyó.

A través de un comunicado firmado por 22 miembros del equipo, este grupo sostuvo que Mendoza se reunió la madrugada de este lunes con Benavides, horas antes de que saliera a la luz la investigación que está realizando el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop) acerca de la fiscal general y su equipo.

"En mérito a ello, y en salvaguarda de la autonomía e independencia de todos los señores fiscales integrantes del equipo especial de fiscales del caso Lava Jato, solicitamos que se proceda a la designación de otro magistrado(a), que pueda desempeñar la encargatura de la coordinación del equipo", indicaron los fiscales.

Pidieron que se nombre a otro coordinador mientras se resuelve el proceso del que hasta este domingo era la cabeza del equipo, Rafael Vela, quien fue destituido por ocho meses este viernes por infracciones administrativas.

"El pedido que se formula es considerando que la persona que detente la encargatura de la coordinación del equipo especial de fiscales del caso Lava Jato tiene que estar legitimada para ejercer dicha función, que nos permita como representantes del Ministerio Público que ejerzamos nuestra función sin ningún tipo de interferencia, en defensa de los intereses institucionales", señaló el documento.

Este lunes se llevó a cabo la operación 'Valquiria V', a cargo del Eficcop, que considera que Benavides (protegida por la inmunidad) es la cabeza de una red criminal de tráfico de influencias.

Como parte de este operativo, detuvo al que era hasta el domingo el gerente central del Despacho de la Fiscalía, Jaime Villanueva.

Un día antes, Benavides encargó a la fiscal superior titular civil Marena Mendoza como nueva coordinadora del Equipo Especial Lava Jato en Perú, en una resolución que detallaba que estaría al frente de sus funciones desde el pasado sábado.

El viernes pasado se declaró infundada la apelación de Vela y confirmó dos infracciones administrativas "muy graves" emitidas por declaraciones que dio a medios de comunicación, entre ellas de rechazo a la decisión judicial que excarceló a mediados de 2020 a Keiko Fujimori, quien cumplía una orden de prisión preventiva por 15 meses mientras era investigada por un presunto lavado de activos.

Tras conocerse que se había rechazado la apelación del fiscal, la procuradora pública ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, declaró que con esa medida "corren riesgos todos los casos a cargo del Equipo Especial Lava Jato porque este grupo desde hace 5 años conoce los casos complejos de corrupción".

Vela coordinaba el trabajo de los fiscales encargados de investigar a altas autoridades, entre ellos a los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y la excandidata Keiko Fujimori, entre otros políticos y dirigentes.

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El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, afirmó hoy que no renunciará al cargo e indicó que los chats divulgados en medio de una investigación contra la fiscal de la nación, Patricia Benavides, buscan deslegitimar el proceso de su elección en el Congreso.

En sus primeras declaraciones tras retornar de un viaje a Panamá, expresó su preocupación por lo que viene sucediendo en el Ministerio Público tras la publicación de unos chats donde se pone en duda la legitimidad de su elección en el cargo.

"No es verdad (todo lo que se viene especulando), probablemente (los trabajadores de la Defensoría que piden su renuncia) se han dejado llevar, no (voy a renunciar), les estoy explicando con la tranquilidad necesaria que no tengo nada que ver en este proceso que podría haber deslegitimado a la institución", dijo.

En ese sentido, explicó que no conoce a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, ni a Jaime Villanueva, recordando que cuando se desempeñó como asesor de la Comisión de Justicia del Congreso, la actual titular del Ministerio de Público nunca acudió a ese grupo de trabajo para exponer sobre algún tema.

Asimismo, precisó que en los chats difundidos por diversos medios de comunicación se menciona que estas personas "tenían otro candidato" que quien no logró alcanzar los votos requeridos para su nombramiento como defensor del pueblo.

"Quien ha hablado de esto ha sido muy ligero al introducir estos temas porque en este proceso el único que habló con bancadas y los parlamentarios he sido yo, jamás pedí a alguien que me apoye", aseguró.

Además, señaló que no aparecerá jamás un chat donde se le involucre directamente y que tiene la tranquilidad para contestar cualquier tipo de pregunta respecto al tema.

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La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, calificó como un acto de amedrentamiento la investigación del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) que la sindica como líder de una presunta organización criminal que opera desde el Ministerio Público.

En ese sentido, señaló que no retrocederá y se mantendrá en el cargo al frente del Ministerio Público.

"No permitiré que esa presión e injerencia externa haga caer el trabajo de tantos fiscales comprometidos con esclarecer hechos y encontrar a los verdaderos responsables", señaló en un pronunciamiento.

Afirmó que continuará con las investigaciones a todos los altos funcionarios que resulten responsables de las trágicas muertes que ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre del 2022 y marzo del presente año, así como de todos los casos emblemáticos de los que se hace cargo el Ministerio Público.

"Hoy reafirmo mi compromiso como Fiscal de la Nación frente a ustedes porque no temo a las represalias que puedan seguir tomando contra mi persona", sostuvo.

En ese sentido, la magistrada dijo que los recientes actos de investigación que la involucran tienen como propósito amedrentarla para no continuar la lucha contra la impunidad.

Denuncia constitucional

Además, anunció que ha presentado denuncia constitucional ante Congreso de la Republica contra la presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra; el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola; César Augusto Cervantes, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero por la presunta comisión delito homicidio calificado en agravio de  Víctor Santisteban Yacsavilca y lesiones graves en agravio de Renato Sebastián Murillo.

"No se puede permitir la muerte de ningún peruana ni peruano, ni el abuso poder. No se puede permitir que se traten de dañar  la imagen de fiscales honestos. El pueblo se da cuenta de ello, por eso siempre he procedido conforme a la Constitución y la ley", concluyó.

El pronunciamiento de la fiscal Benavides se realiza luego que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder y la Diviac de la Policía Nacional inició un operativo con allanamiento de viviendas y oficinas contra sus asesores y ex asesores. Al respecto, aseguró que se viene dando todas las facilidades para la investigación.

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Los chats que revelarían la presunta existencia de una red criminal en el Ministerio Público, han evidenciado que mi inhabilitación por parte del Congreso tuvo carácter político y que detrás de ello se encuentra la hoy titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, junto a su entorno más cercano, sostuvo la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

Sostuvo que ella venía advirtiendo ello hace meses y por ello, en la sesión del 1 de junio de la Junta de Fiscales Supremos, señaló que le habían llegado trascendidos de que dos asesores y un coordinador parlamentario del Ministerio Público estaban haciendo lobby en su contra, a fin de que quede en autos.

Agregó que no tenía los nombres de esas personas y solo le comentaron que uno de esos esos asesores era “un señor robusto”, que sería Jaime Villanueva, hombre de confianza de Benavides, hoy detenido en el marco de la investigación a la presunta organización criminal que encabezaría la fiscal de la Nación.

Como parte de dichas pesquisas, hoy salieron a la luz unos chats entre Villanueva y un colaborador eficaz que revelarían coordinaciones para lograr, entre otros objetivos, la destitución de Ávalos Rivera por parte del Congreso.

Para la exfiscal de la Nación, ello se habría dado por orden de Patricia Benavides, ya que le resultaba incómoda dentro de la institución.

“Yo creo que hoy día ha quedado evidenciado que mi inhabilitación no tuvo ningún criterio jurídico, fue de carácter político y venganza, porque la señora (Benavides) ya había dicho que se iba a vengar, yo sabía que ella estaba trabajando todo esto en contra mía, lastimosamente yo no lo podía probar”, declaró Zoraida Ávalos a RPP.

Asimismo, consideró que la situación es parecida a lo ocurrido en los años noventa con la entonces fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán, puesto que se habría producido un copamiento dentro del Ministerio Público y desmantelamiento de diferentes casos, lo que ha terminado afectando a la institución.

“La llamada a tomar acciones en este momento es la Junta Nacional de Justicia, porque ha quedado evidenciado que quien lideraba a este equipo es nada menos que la fiscal de la nación (…) Si es que la Junta tomara acciones y la suspendiera (a Benavides), de ser el caso, tendría que entrar el que le sigue en antigüedad, que es Pablo Sánchez”, sostuvo Ávalos.

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El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción ratificó las acciones lideradas por Marita Barreto y el coronel Harvey Colchado frente a las investigaciones que involucran a los asesores de la fiscal de la nación Patricia Benavides y rechazan la resolución que separa a la fiscal Barreto.

Mediante un pronunciamiento hicieron de conocimiento público que rechazan el acto resolutivo emitido por la Fiscal de la Nación que concluye en funciones a la Dra. Marita Barreto Rivera en calidad de Fiscal Superior Coordinadora del Equipo Especial, lo cual solo genera perjuicio y retraso en las investigaciones.

Así también, solicitan a la Junta de Fiscales Supremos que, ante los hechos puestos a conocimiento público, actúen con responsabilidad y buen criterio en defensa de la institucionalidad.

Es en ese sentido que, invocan a la ciudadanía y a las instituciones a mantenerse vigilantes sobre acciones que pudieran formularse contra los señores fiscales que conforman el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

En dicho comunicado señalan además que los fiscales del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, permanecerán en el cargo a fin de no perjudicar las investigaciones y serán oportunos denunciantes ante cualquier acto que suponga la vulneración de la autonomía e independencia de las funciones propias en el cargo.

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