La reciente aprobación del dictamen que plantea restituir la inmunidad parlamentaria en el futuro Congreso bicameral genera opiniones divididas entre constitucionalistas y exlegisladores. 

La propuesta, respaldada por mayoría en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, pretende modificar el artículo 93 de la Constitución y establece que la inmunidad solo aplicará desde el momento en que el parlamentario asuma funciones.

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El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, defendió la medida y señaló que esta busca proteger la labor fiscalizadora.

“La inmunidad como figura de prerrogativa del cargo existe para proteger a los parlamentarios de un Ejecutivo de tendencia autoritaria que pretenda amedrentarlos”, sostuvo en el programa La entrevista de Radio Nacional.

Álvarez aclaró que el nuevo modelo no permitirá que funcionarios con procesos judiciales eludan la justicia amparándose en una curul. 

“El dictamen aprobado contempla los hechos que puedan ser materia de investigación y juzgamiento a partir de la elección del parlamentario. No se va a proteger al exalcalde o exgobernador que escape de los tribunales refugiándose en una cámara legislativa”, explicó.

EXVICEPRESIDENTE DEL CONGRESO EN CONTRA DE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA 

En contraste, Luis Roel Alva, exvicepresidente del Congreso entre 2020 y 2021 y uno de los impulsores de la eliminación de la inmunidad, criticó duramente el dictamen. “Yo creo que es un retroceso. Por suerte todavía no está en el Pleno. Esperamos que no se apruebe”, declaró en el programa Diálogo abierto de Radio Nacional.

Para Roel Alva, la inmunidad ha sido utilizada como un “paraguas” para blindar a congresistas investigados. Además, cuestionó el contexto en que se plantea la reforma, señaló que “más del 50 % de congresistas están investigados por el Ministerio Público”. 

También expresó su preocupación sobre un eventual retorno a comisiones de levantamiento de inmunidad con sesgos políticos. 

“Se imaginan cuando un caso pase por una comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria, como existía antes. Se van a dar los mismos acuerdos políticos que vemos hoy en la comisión de ética del Congreso, que no cumple adecuamente su función sancionadora”, indicó.

El dictamen espera su debate en el Pleno del Congreso. Al tratarse de una reforma constitucional, su aprobación requerirá dos votaciones sucesivas con al menos 87 votos en cada una, realizadas en legislaturas distintas. Si no alcanza esa mayoría en la primera votación, deberá ser sometido a referéndum para que la ciudadanía decida su aprobación o rechazo.

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