Inmunidad parlamentaria: especialista advierte retroceso contra la impunidad
Rodolfo Reyna, especialista en temas parlamentarios, alertó sobre los riesgos de restablecer la inmunidad parlamentaria en el Perú, una figura eliminada en 2021 tras años de cuestionamientos por su mal uso y asociación con la impunidad política.
Según explicó Reyna para El informativo de Radio Nacional, antes de la reforma constitucional de 2021, los congresistas contaban con dos mecanismos de protección: el antejuicio político, que sigue vigente y aplica para delitos cometidos en el ejercicio de su función parlamentaria; y la inmunidad parlamentaria, que los protegía frente a delitos comunes, es decir, aquellos no vinculados a su labor legislativa, como la omisión a la asistencia familiar o la violencia sexual.
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“Se justificaba en contextos autoritarios, cuando el parlamentario debía estar protegido de persecuciones políticas. Pero en democracias modernas, con separación de poderes, esta figura se ha convertido en privilegio más que en garantía” , sostuvo el experto.
Con la reforma de 2021, los congresistas pueden ser procesados por delitos comunes sin necesidad de autorización del Congreso, siempre que los hechos ocurran durante su mandato. Si el delito fue cometido antes de asumir funciones, el proceso continúa en las instancias judiciales correspondientes.
Sin embargo, una nueva propuesta plantea restablecer la inmunidad, aunque con un matiz: si el Parlamento no se pronuncia dentro de un plazo determinado, se aplicaría un "silencio positivo" , lo que significaría una autorización automática para procesar al congresista.
RESTABLECIMIENTO DE INMUNIDAD PARLAMENTARIA: ¿UN PASO ATRÁS?
Para Rodolfo Reyna, este posible retorno representa un retroceso en la lucha contra la impunidad:
“En la práctica, la inmunidad terminó blindando a congresistas aliados de la mayoría parlamentaria, mientras que las denuncias contra opositores eran fácilmente archivadas. La figura dejó de proteger la función y empezó a proteger a las personas”, criticó.
El especialista también cuestionó el funcionamiento del antejuicio político, pues considera que está sujeto a la lógica de las mayorías parlamentarias, lo que impide una evaluación técnica o jurídica real.
¿QUÉ SIGUE?
De aprobarse esta propuesta, la inmunidad parlamentaria se aplicaría a los nuevos senadores y diputados elegidos a partir de 2026, y no afectaría al Congreso actual. Aun así, el debate ya está generando controversia.
Rodolfo Reyna concluye que, si bien es importante proteger el ejercicio parlamentario, eso no debe confundirse con impunidad: “La verdadera garantía está en la inviolabilidad por votos y opiniones, no en blindajes frente a delitos comunes. Restablecer la inmunidad es enviar un mensaje equivocado a la ciudadanía” , puntualizó.
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