El Estado peruano venció a la Sociedad Minera Cerro Verde (Freeport) en la disputa legal iniciada por la minera ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en marzo de 2020.

Freeport-McMoRan interpuso el reclamo, en su nombre y en el de Cerro Verde, por regalías que consideraba que no debería pagar; por lo que exigía una compensación de US$ 909 millones, al alegar un incumplimiento del contrato de estabilidad tributaria de 1998 y del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos.

Este conflicto con la minera comenzó en el 2018, cuando la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, informó a la empresa que mantenían una deuda de US$ 1 100 millones por regalías no pagadas entre el 2006 y 2011.

Las regalías impagas eran por la producción de la Planta de Flotación de Sulfuros Primarios que opera Cerro Verde desde el 2006. Sin embargo, la empresa minera señaló que su contrato de estabilidad tributaria (1998) era anterior a la Ley de Regalías Mineras (2004). 

También argumentó que se buscó solucionar el conflicto con el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas, pero no se tuvo un debido proceso.

No obstante, el Tribunal Arbitral ha estimado que el Estado peruano actuó conforme a lo establecido en el Convenio de Estabilidad de 1998; el cual estaba referido a un proyecto de inversión distinto al de la planta. Así, estableció que el Perú no incumplió el pacto de 1998 ni el del TLC.

A través de su comunicado Cerro Verde reiteró su compromiso con el desarrollo del Perú y Arequipa, por lo que continuará realizando sus actividades dentro del marco legal vigente en el país, produciendo minerales de una manera social y ambientalmente responsable, al mismo tiempo que seguirá cumpliendo con las normas laborales y tributarias existentes.