Al conmemorarse el Día Internacional de los Pueblos Indígenas este 9 de agosto, la Defensoría del Pueblo recordó que es imperativo que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, atienda las afectaciones y desigualdades que afrontan las comunidades indígenas del Perú, para el ejercicio de sus derechos fundamentales.

En ese objetivo demandó al Poder Ejecutivo que garantice la implementación y mejora de políticas públicas, considerando las particularidades geográficas, medioambientales y lingüísticas, a fin de adecuar estrategias, bienes o servicios con pertinencia cultural, así como los recursos necesarios para ello.

La institución recordó que, históricamente, los pueblos indígenas u originarios han enfrentado grandes vulneraciones que inciden en el ejercicio efectivo de sus derechos y que, en la emergencia por el covid-19 no han sido ajenos los impactos a su vida, salud, educación y en general, a su bienestar colectivo, por la falta de provisión de servicios públicos esenciales en sus territorios, sumado a la complejidad geográfica.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo invoca al Ministerio de Salud (Minsa) y a los gobiernos regionales a agotar todos los esfuerzos posibles y avanzar de forma célere en la inmunización contra el covid-19 a los pueblos indígenas, garantizando su implementación mediante un trato pertinente y en coordinación cercana con los líderes comunales, para que la inmunización sea debidamente consentida.

Asimismo, consideró como un tema urgente de atención por el Poder Ejecutivo, la protección al derecho a la educación intercultural de más de un millón de estudiantes indígenas, quienes han enfrentado limitaciones para acceder a las clases virtuales a través de la estrategia Aprendo en casa, ante el insuficiente alcance de equipos electrónicos y las brechas de acceso al internet, pese a los esfuerzos realizados por el Ministerio de Educación.

Por ello, se requiere que el sector Educación realice un diagnóstico y adopte medidas sobre los impactos de la pandemia de covid-19 en el ejercicio del derecho a la educación intercultural y bilingüe (EIB) con la finalidad de contar con información certera sobre los retrocesos, avances y retos pendientes sobre la implementación de su Política Sectorial, pues las niñas, niños y adolescentes indígenas tienen derecho a recibir una educación de calidad y en sus propias lenguas.

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