Política

La Defensoría del Pueblo reveló, durante la presentación del Reporte de Conflictos Sociales n.° 245, correspondiente al mes de julio, que en dicho periodo se registraron 287 acciones colectivas de protesta, de las cuales el 61.3 % fueron plantones o concentraciones y el 24.7% fueron marchas.

Los lugares que registraron las mayores cifras de protestas fueron Lima Metropolitana (45), Arequipa (34), Cajamarca (20), Piura (17) y Lambayeque (15).

Además, se registraron cinco personas heridas (tres civiles y dos policías) en el contexto de las protestas convocadas para el 27, 28 y 29 de julio en contra del Ejecutivo y el Congreso de la República.

Conflictos sociales

De otro lado, la institución dio cuenta de 209 conflictos sociales registrados, 159 activos y 50 latentes hasta el mes de julio, lo que representa tres casos menos que el mes anterior. Agrega que, del total de conflictos activos, hay 88 en fase de diálogo, 41 en desescalamiento, 15 en fase temprana, 15 en escalamiento y ninguno en estado de crisis.

Con relación al mes anterior, se registraron cuatro casos nuevos en las regiones Apurímac, Lima Metropolitana y Loreto. De ellos, dos son de carácter socioambiental, uno por asuntos de gobierno nacional y uno por asuntos de gobierno local.

Además, se resolvieron tres conflictos en las regiones Apurímac, Cajamarca y Huancavelica, dos de los cuales fueron por motivos socioambientales.

De otro lado, con relación a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de casos (34) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (21), Puno (18) y Apurímac (13). El total acumulado por estas regiones equivale al 41.1 % de los conflictos sociales a nivel nacional.

En cuanto a la tipología, los conflictos socioambientales continúan siendo los más numerosos, con 114 casos (54.5 %), si bien es la menor cifra de los últimos cinco años, destaca la Defensoría del Pueblo. Dentro de ese grupo, los conflictos vinculados a la minería representan el 61.4 %.

A estos les siguen los conflictos comunales, en el segundo lugar como más frecuentes, con el 12.0 %; mientras que los conflictos por asuntos de gobierno nacional y por asuntos vinculados a los gobiernos regionales representan el 11.5 % y 8.6 %, respectivamente.

/NDP/PE/

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para el próximo 27 de agosto, a las 11:30 horas la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa de César Hinostroza Pariachi, quien enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de tráfico de influencias y otros en agravio del Estado.

En junio pasado, el Poder Judicial solicitó al Reino de Bélgica que ordenara la detención preventiva del exjuez César Hinostroza. 

Seguidamente, el Segundo Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria aprobó dicha solicitud, dando luz verde al inicio de un nuevo proceso de extradición contra Hinostroza.

Hinostroza es acusado de liderar la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto', y se le vincula con presuntas irregularidades relacionadas con el intercambio de favores y gestiones supuestamente indebidas, aprovechando su posición como juez supremo en aquel momento.

Por estos motivos, Hinostroza enfrenta procesos judiciales por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal.

/ANDINA/PE/

El ministro de Educación, Morgan Quero, afirmó que el Perú tiene una política deportiva integral y un rumbo claro que comienza con los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2024, en los que se han inscrito más de 800 000 estudiantes. “Este año es muy importante, porque somos sede de cinco mundiales y seguiremos apoyando a los deportistas de alto rendimiento para que estén presentes en las competencias internacionales”.

Así se expresó luego de la entrega de los laureles deportivos a Stefano Peschiera por haber ganado una medalla de bronce en vela, categoría dinghy masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024. La distinción fue entregada al deportista por la presidenta de la república, Dina Boluarte, quien también le dio un cheque por 40 000 dólares, y otro a su entrenador, por la suma de 12 000 dólares, por obtener una medalla olímpica para el Perú luego de 32 años.

En el mismo acto, realizado en el Estadio Nacional, se reconoció a los deportistas María Belén Bazo, Alonso Correa, Evelyn Inga, Kimberly García, César Rodríguez y Nicolás Pacheco por su destacado desempeño en dichas olimpiadas.

“Esta ha sido una de las mejores delegaciones deportivas peruanas de todos los juegos olímpicos porque, además de la medalla de bronce, se han obtenido posiciones destacadas que merecieron diplomas olímpicos”, aseveró el ministro Quero.

El titular del Minedu afirmó que su sector, en articulación con el Instituto Peruano del Deporte (IPD), seguirá apoyando al deporte, en general, y a los deportistas de alto rendimiento, en particular. Además, recordó que, para la participación de la delegación olímpica peruana en París 2024, se destinó 26 millones de soles.

El ministro Morgan Quero afirmó que el Perú está preparado para el Mundial de Vóley Femenino Sub-17, que está por iniciarse; el Mundial de Atletismo Sub-20; el Mundial Junior de Natación Artística, y el Mundial Cadete de Judo, así como el Sudamericano Juvenil de Arequipa 2025, los Juegos Bolivarianos 2025 en Lima y Ayacucho..

/MPG/NDP/
 

Durante una nueva sesión del Consejo de Ministros, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció la aprobación del decreto legislativo que ayudará en la agilización y mayor transparencia a los servicios registrales. Este anuncio modificará diversos artículos del Código Civil

"La propuesta del Poder Ejecutivo es que en este decreto legislativo estamos disponiendo, con este cambio en la norma, que en un solo registro del país se pueda hacer cualquier inscripción de mandatos, poderes, testamentos, sucesión intestada, todo ello en una sola oficina registral y para todo el Perú, en una sola vez", manifestó.

El ministro recordó que en la actualidad el Código Civil disponía que un trámite debía llevar a cada región del Perú, es decir, realizar una escritura pública en cada parte del país, disponiendo que en cada procedimiento se efectúe un pago, en cada una de esas oportunidades. 

/MRG/

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, indicó hoy durante el megaoperativo ‘Amanecer Seguro’, que su cartera ministerial brindará apoyo y asesoría jurídica a los efectivos que sean injustamente procesados por algunos fiscales durante el cumplimiento de su labor en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

"Nosotros no vamos a dejar desprotegidos a ninguno de nuestros efectivos policiales que sean injustamente procesados por estas fiscalías. Por eso, quiero anunciar que el Ministerio del Interior va a asumir la defensa del teniente que ha sido sentenciado en Cajamarca, injustamente por la corte del lugar, a 15 años de prisión por presumiblemente darle muerte a una persona que había sido detenida y que se encontraba en la lista de los más buscados y que en realidad murió por una peritonitis y no por una acción policial", aseveró.

El caso referido ocurrió hace seis años cuando el teniente de la Policía Nacional del Perú (PNP), Marlon Eric Villegas Córdova formó parte de un operativo para capturar a Everildes Cotrina Ramos, un criminal vinculado al homicidio del hijo de un agente policial. 

En el transcurso de la misión, el delincuente intentó atacar a los miembros de la PNP, lo que provocó que Villegas utilice la fuerza contra Cotrina para lograr reducirlo. Tras ello, el detenido manifestó sentirse mal y se descompensó, por lo que fue derivado a un centro médico.

Periodistas acosadas

En otro momento, durante el operativo Amanecer Seguro, realizado en Barranco, el titular de dicha cartera se pronunció sobre el tema de las seis periodistas acosadas sexualmente por Hialmar Enrique Laynes Sánchez, quien a pesar de las pruebas contundentes fue puesto en libertad por las autoridades y que, al día de hoy, continúa persiguiendo y amenazando de muerte a una de las comunicadoras. 

/MRG/ 

La presidenta de la república, Dina Boluarte, anunció un programa de apoyo para deportistas de alto rendimiento con miras a que tengan una buena participación en los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Estas declaraciones fueron efectuadas por la mandataria durante la ceremonia de reconocimiento a los peruanos que participaron en los Juegos Olímpicos París 2024, donde además se reconoció a Stefano Peschiera por la medalla de bronce lograda en la justa mundial.

"Ahora nos toca prepararnos para los próximos Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, Stefano (Peschiera) es ahora el primer integrante del Programa Lima 2027 - Los Ángeles 2028  que permitirá a nuestros deportistas de alto rendimiento prepararse correctamente para estos certámenes", manifestó.

Asimismo, destacó que gracias a Stefano Peschiera y su medalla de bronce en vela, la bandera del Perú ondeó en los Juegos Olímpicos París 2024. 

"Stefano, en cada ola que enfrentaste, en cada riesgo que pasaste, llevaste el corazón de todo el Perú, por eso hoy reconozco tu esfuerzo para lograr seguir el camino que tu abuelo te forjó, además, quiero destacar los diplomas olímpicos obtenidos por otros deportistas. Un aplauso para ellos también y para todos los que participaron en este certamen", manifestó. 

/MRG/ 

Con el objetivo de agilizar el avance de las obras del primer metro subterráneo de Lima y Callao, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció el reinicio de los trabajos de construcción de la tuneladora Delia, en la zona de la Estación Central (E-13), que empezó hoy a excavar en dirección a la Estación Plaza Bolognesi (E-12).

El ministro Raúl Pérez Reyes supervisó el reinició de las actividades de la gigantesca maquinaria, una de las más modernas del mundo, que permitirá el avance aproximadamente de 13 metros por día para que continúe su recorrido a través de la Estación Central hasta llegar a la Estación Insurgentes (E-4), en la provincia Constitucional del Callao.

“La tuneladora Delia ya podrá pasar por la Estación Central, gracias a la adenda que se firmó con la concesionaria el 2 de agosto, donde se modificó el procedimiento constructivo de la ejecución del túnel, lo que ahora permite avanzar hasta Bolognesi, para luego llegar al Parque Murillo, que es una estación importante para iniciar la liberación de los cerramientos hasta la Estación Bolognesi”, sostuvo el ministro Pérez Reyes.

También, destacó que el reinicio de las actividades de la tuneladora Delia representa un avance significativo en el cronograma de construcción de la Línea 2. “Vamos a hacer la liberación de los cerramientos hasta Bolognesi, pero también tenemos el espacio suficiente para plantear un cronograma más concreto de cara a la culminación de los trabajos de las estaciones en la etapa 1A y 1B”, informó Pérez Reyes.

La excavación de la tuneladora se efectúa por medio de su cabeza giratoria, la cual se encuentra equipada con elementos de corte y está accionada por poderosos motores hidráulicos. Simultáneamente, a la perforación, el aparato va colocando las dovelas de concreto que sirven para sostener el túnel.

Hasta el momento, Delia ha atravesado trece estaciones, desde la de Municipalidad de Ate (E-27), en el distrito de Ate Vitarte, hasta la Estación Plaza Manco Cápac (E-14). De otro lado, la tuneladora llamada Micaela excavó el túnel que une las estaciones Juan Pablo II (E-3), Buenos Aires (E-2) y Puerto Callao (E-1) en el Callao.

Cabe destacar que el primer metro subterráneo del Perú, denominado Línea 2, inició sus operaciones el 21 de diciembre del 2023, en un tramo de 5 kilómetros que comprende cinco estaciones: Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita, lo que ha permitido hasta el momento realizar más de 7 millones de viaje de forma gratuita, ampliándose hasta el 4 de noviembre.

De esta manera, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reitera su compromiso de seguir impulsando el desarrollo y modernización del transporte público en nuestro país.

/NDP/MRG/

El congresista Roberto Sánchez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) presentó una iniciativa que tiene la finalidad de derogar la norma que establece la pensión para los expresidentes constitucionales de la República.

Esta propuesta fue presentada ante la mesa de partes a través del proyecto de ley 8607-2024-CR, el mismo que será derivado a la comisión correspondiente.

En tal sentido, el objeto de la ley tiene por finalidad derogar la Ley 26519, que establece una pensión para expresidentes constitucionales de la República.

Dicha norma señala la obligación del Estado de pagar un monto de dinero a las personas que cumplan con el único requisito de haber ocupado el cargo de presidente de la República.

"En este aspecto, dicha pensión no constituye un derecho, sino un privilegio, puesto que no toma en cuenta otros requisitos que sí son considerados en el caso de pensiones no contributivas que son entregados por el Estado", indica el documento en su exposición de motivos.

La Ley 26519, que fue publicada el 8 de agosto del 1995, indica que además en el caso de fallecimiento serán beneficiarios de la pensión el cónyuge y los hijos menores si los hubiere.

"Además, la ley mencionada refiere que, si resultaran beneficiarios ambos simultáneamente, la pensión se otorgará a prorrata", agrega.

Además, en el artículo 2 de la referida norma se señala que este derecho queda en suspenso para el caso de expresidentes respecto de los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional, "salvo que la sentencia judicial los declare inocentes".

"Queda claro que un expresidente acusado constitucionalmente no puede recibir dicha pensión, salvo que haya sido declarado inocente mediante una sentencia", señala.

/DBD/

El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana exhortó a autoridades, entidades y a la sociedad civil a accionar los mecanismos constitucionales para dar nulidad a la ley que regula los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, norma promulgada por el Congreso.

Mediante un pronunciamiento, los obispos del país señalaron que era necesario que dicha norma se declarada nula, a fin de garantizar a las víctimas de todo crimen y asesinato en nuestro país que tengan acceso a la justicia y reparación correspondiente.

“El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana hace un llamado urgente a nuestras autoridades, a los diversos organismos tutelares del Estado de Derecho en el Perú y a la sociedad civil organizada para accionar los mecanismos constitucionales a fin de buscar los caminos para obtener lo más pronto posible la nulidad de esta ley”, indican en el comunicado.

Esto, en garantía de” que las víctimas de todo crimen y asesinato cometido en nuestra patria, tengan acceso a la justicia y la reparación correspondiente a la que tienen derecho y que el Estado peruano tiene obligación de garantizar”.

Según señalaron, la protección de los derechos humanos, la justicia y la legalidad son principios fundamentales que deben ser defendidos con firmeza y sin concesiones, por ello realizaron una invocación a los autores de la norma para que realicen una “inmediata rectificación por el bien del Perú”.

Manifestaron en esa línea su “profundo desconcierto y decepción”, pues a su criterio con la promulgación de esta norma se está sacrificando el respeto a la vida y la defensa de la justicia, lo cual causa un irreparable daño a las víctimas de la violencia, así como a las familias afectadas y quienes esperan que las autoridades trabajen por el bien común.

 “El contenido de esta ley es inaceptable porque pone en grave riesgo la aplicación de una verdadera justicia, así como la responsabilidad sobre el daño causado y el resarcimiento a las víctimas y sus familiares por las graves violaciones de los derechos humanos. El Perú no puede -ni debe- contradecir ni apartarse de tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos y ratificados en el ejercicio de su soberanía”, indicaron.

Desde el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana también advirtieron que la ley promulgada por el Legislativo repite un texto legal al que contenía la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1097, de 2010, que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2011.

Según precisaron, el contenido de esta “limita y contradice gravemente los principios universales de justicia que todos debemos defender, especialmente cuando afecta a los que no tienen cómo defenderse”.

“El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que todo acto de violencia y opresión contra el ser humano es una violación a la intrínseca dignidad humana y que la justicia exige que todos los crímenes graves sean castigados, independientemente de cualquier límite de tiempo. En este sentido, esta ley contradice el mandato ético y moral de proteger la dignidad humana, debilita el Estado de Derecho y pone en riesgo la integridad del compromiso cristiano con la justicia y el bien común”, indicaron.

/DBD/

El Ministerio de Defensa  (Mindef) y el Ministerio del Interior (Mininter)  suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional cuya finalidad es orientar la colaboración en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, así como afinar la articulación entre los sectores del Estado a favor de la seguridad ciudadana.

El documento fue suscrito hoy por los titulares del Mindef, Walter Astudillo, y del Mininter, Juan José Santiváñez, en la sede institucional del sector Defensa, en el distrito de Jesús María.

El ministro de Defensa, Walter Astudillo destacó que su despacho, a través de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), desplegará lo mejor de sus capacidades operativas e inteligencia en beneficio de la Nación para combatir el tráfico de drogas y restablecer la tranquilidad para los peruanos, en un trabajo coordinado con la Policía Nacional.

El convenio de cooperación interinstitucional establece metas entre ambas instituciones, como el intercambio de información, la implementación de protocolos y procedimientos a fin de intervenir, detener y arrestar a las personas dedicadas al tráfico ilícito de drogas, constituyéndose en una herramienta útil en la lucha contra el crimen organizado.

El Ministerio de Defensa se compromete a proporcionar la información necesaria y coordinar con el Ministerio del Interior sobre cualquier situación que implique su intervención. En tanto, este último designará al personal que se requiera y proporcionará apoyo técnico al personal de los institutos armados.

"La firma de este convenio constituirá el inicio de una labor coordinada para fortalecer la seguridad pública en el país. Continuaremos el trabajo emprendido, desde el inicio de mi gestión, para seguir luchando frontalmente contra la criminalidad", remarcó, por su parte, el ministro Santiváñez.

A la firma del convenio también asistieron el viceministro de Políticas para la Defensa, César Torres Vega; el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Carlos Antonio Figueroa; entre otras autoridades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

/ANDINA/PE/