Política

El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la insistencia a la autógrafa de ley observada por el Poder Ejecutivo, que propone declarar el Día del Inventor y del Científico Peruano el 2 de julio de cada año.

Se declara Día del Inventor y del Científico Peruano el 2 de julio de cada año, con el objeto de reconocer sus labores en la creación de soluciones a las necesidades y demandas de los diferentes sectores del país, así como valorar los esfuerzos que realizan para crear nuevos productos, procesos y tecnologías necesarios que contribuyen con la diversificación de la matriz productiva del país.

El presidente del Consejo de Ministros y el titular del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), el 2 de julio de cada año, presentan ante el Pleno del Congreso de la República su informe de gestión sobre el aporte de la ciencia, invención y tecnología y su impacto socioeconómico en el desarrollo del país.

/MRG/ 

Luego de que el Poder Judicial declarara el inicio del juicio oral en su contra por el caso Cócteles, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que su actitud siempre será la de dar la cara e indicó que este proceso le permitirá demostrar su inocencia.

Al culminar la audiencia, ratificó que no existen pruebas de los cargos que se le imputan.

 "Mi actitud, como siempre, va a ser dar la cara, por eso estamos aquí. Finalmente, creo que este proceso nos va a poder demostrar que no hay ninguna evidencia ni prueba que corrobore el lavado de activos”, expresó a la prensa.

Keiko Fujimori confirmó su asistencia el día de mañana martes 2 de julio a la audiencia convocada por la Corte Penal Nacional, así como del resto que se efectúen.

"Mañana vendremos con el mismo ánimo porque creo que finalmente esto es una gran oportunidad", señaló.

Asimismo, Fujimori expresó lamentó el estado de salud de algunos de los acusados, “de quienes me he enterado hoy: Adriana Tarazona, Efraín Goldenberg y Luis Mejía”, anotó.

Además, extendió su solidaridad “con las familias que han estado enfrentando esta investigación durante tantos años".

El caso Cócteles

Las investigaciones por este caso fueron iniciadas el 2014, por la Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato, cuando se conoció que Fuerza Popular habría recibido aportantes no declarados para su campaña, entre ellos de la empresa Odebrecht.

Esos recursos, según la fiscalía, habrían sido justificados mediante actividades como cócteles en uno de los cuales Fuerza Popular dice haber recaudado más de un millón de dólares para la campaña presidencial, y mediante el  “pitufeo”, es decir, el fraccionamiento de aportes en montos más pequeños para no levantar alertas de las autoridades.

La fiscalía, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, también señala que Fuerza Popular habría recibidos aportes no registrados y en efectivo de diversos empresarios, entre ellos Dionisio Romero Paoletti, para su campaña presidencial de 2011.

De acuerdo a la acusación fiscal, se estima que Fuerza Popular habría recibido en forma indebida cerca de 17 millones de soles para ambas campañas presidenciales.

Juicio Oral

La fiscalía solicitó 30 años de prisión para Keiko Fujimori, acusada de los presuntos delitos de lavado de activos,  organización criminal, fraude en procedimiento administrativo y falsedad genérica.

Junto a ella enfrentarán juicio oral otras 48 personas, entre ellas su exesposo Mark Vito Villanella; los asesores de Keiko Fujimori, Ana Hert, Pier Figari, Vicente Silva,  los exdirigentes de Fuerza Popular como Jaime Yoshiyama, José Chlimper, entre otros.

/ANDINA/PE/

La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda de amparo de los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello y ordena su reposición inmediata como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La resolución emitida el Poder Judicial dispone la nulidad del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobado por la Comisión Permanente del Congreso que los acusaba.

Además, de la inaplicación de las resoluciones legislativas del Congreso emitidas el 8 de marzo de 2024, mediante las cuales el Pleno del Parlamento decidió inhabilitar por 10 años en el ejercicio de la función pública a ambos magistrados.

Por consiguiente: “Ordenamos reponer en el día a Luz Inés Tello de Ñecco y a Aldo Alejandro Vásquez Ríos en sus cargos de miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia” dice la resolución del Poder Judicial.

/MLG/

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional estableció oficialmente el inicio del juicio oral contra Keiko Fujimori y más de 40 procesados por organización criminal, lavado de activos y otros, en agravio del Estado en el caso Cócteles, tras declarar improcedente el pedido de nulidad presentado por cinco acusados.

Además, el Poder Judicial determinó que mañana, martes a las 9:00 horas, continuará la diligencia contra Fujimori y los demás involucrados.

El colegiado recalcó que el pedido resulta un “imposible jurídico”, pues la nulidad solicitada ya fue resuelta por el Juzgado de Investigación Preparatoria que aprobó el auto de enjuiciamiento, lo cual constituye una ‘decisión inimpugnable’.

Ante la decisión del tribunal, los abogados de Keiko Fujimori y otros investigados plantearon un recurso de reposición para revocar la disposición, alegando que persiste una situación de indefensión al no existir una imputación concreta.

Sin embargo, el tribunal desestimó dichos recursos (de reposición) de los abogados contra la decisión del colegiado, y dio por instalado el juicio oral contra Keiko Fujimori y los otros 45 acusados.

El fiscal José Domingo Pérez mañana sustentará la acusación contra los abogados.

Keiko Fujimori y más de 40 personas son acusadas de los presuntos delitos de crimen organizado y lavado de activos, a raíz de los aportes que recibió la excandidata presidencial de Fuerza Popular en las campañas electorales de 2011 y 2016.

Caso Cócteles

Las investigaciones por este caso fueron iniciadas el 2014, por la Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato, cuando se conoció que Fuerza Popular habría recibido aportantes no declarados para su campaña, entre ellos de la empresa Odebrecht.

Dichos recursos, según la fiscalía, habrían sido justificados mediante actividades como cócteles en uno de los cuales Fuerza Popular dice haber recaudado más de un millón de dólares para la campaña presidencial, y mediante el  “pitufeo”, es decir, el fraccionamiento de aportes en montos más pequeños para no levantar alertas de las autoridades.

La fiscalía, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, también señala que Fuerza Popular habría recibidos aportes no registrados y en efectivo de diversos empresarios, entre ellos Dionisio Romero Paoletti, para su campaña presidencial de 2011.

De acuerdo a la acusación fiscal, se estima que Fuerza Popular habría recibido en forma indebida cerca de 17 millones de soles para ambas campañas presidenciales.

El juicio oral

La fiscalía solicitó 30 años de prisión para Keiko Fujimori, acusada de los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal, fraude en procedimiento administrativo y falsedad genérica.

Junto a Keiko Fujimori otras 48 personas enfrentarán juicio oral, entre ellas su exesposo Mark Vito Villanella; los asesores de Keiko Fujimori, Ana Hert, Pier Figari, Vicente Silva, los exdirigentes de Fuerza Popular como Jaime Yoshiyama, José Chlimper, entre otros.

/MPG/

El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional rechazó el pedido para el cese de la prisión preventiva de la empresaria Sada Goray, quien continuará afrontando en prisión la investigación por el caso Fondo Mi Vivienda.

Raúl Justiniano, titular del referido juzgado, indicó que, si bien la defensa presentó un nuevo elemento en la investigación en su contra, este no desvirtúa las motivaciones por las cuales se dictó la prisión preventiva.

Al dar al conocer su decisión, el juez observó los contratos de trabajo presentados por Saga Goray, la inconsistencia en las direcciones de dichas empresas, la temporalidad de los contratos, y los cuestionamientos que formula a los delitos imputados en su contra.

“Consideramos que no se cumple en la norma para amparar el pedido de cesación de la prisión preventiva, por lo cual se resuelve declarar infundado el pedido formulado por la defensa técnica de Saga Goray”, indicó.

Sada Goray es investigada por el Ministerio Público por el presunto delito de organización criminal y colusión agravada. Se le atribuye además ser presunta cómplice primaria del delito contra la administración pública al haber concertado, en setiembre 2021, con el exministro de Vivienda Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, para defraudar al Estado.

Esa concertación se habría dado a través de Salatiel Marrufo, ex jefe del gabinete de asesores del referido Ministerio, y habría permitido direccionar la designación de los directores del Fondo Mi vivienda, que actuarían en beneficio de las empresas de Sada Goray.

La defensa de la empresaria señaló que apelará esta decisión porque la considera injusta.

/ANDINA/PE/

El Ministerio Público formuló acusación fiscal y solicitó pena de prisión efectiva en otro caso vinculado a la red Orellana en el que están investigados y procesados la hermana de Rodolfo Orellana, Ludith Orellana Rengifo; Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, abogado y el presunto cómplice de la organización criminal; y Jaime Ernesto Bojórquez Jurado, ex registrador público. Ellos son sindicados como presuntos autores de los delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, en agravio del Estado.

El fiscal provincial Elvis Suárez Ferrer, de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Quinto Despacho), presentó al Poder Judicial las imputaciones y requirió la pena de cárcel de nueve años de prisión efectiva para Bojórquez Jurado, en su condición de registrador público de la Gerencia de Propiedad de Inmueble de la Zona Registral IX de Lima, a quien Vargas Machuca Arrese, como cómplice primario de Ludith Orellana, ofreció y, posteriormente, le entregó la suma de USD 1000 para que ilícitamente inscriba un título en una partida registral de un inmueble del distrito de Los Olivos.

Para dicho fin, Ludith Orellana se valió del abogado de la organización criminal, Vargas Machuca Arrese, quien se contactó con Bojórquez para coordinar los trámites ilegales a favor de los intereses de la imputada, hecho que se consumó el 11 de enero de 2013, cuando este le ofreció, por llamada telefónica, la suma de USD 1000.

Dentro de la red delictiva, Jaime Bojórquez es una nueva figura que aparece en este proceso, contra quien el fiscal Suárez Ferrer y el fiscal adjunto provincial Eiser Jiménez Coronel, realizaron una investigación minuciosa reuniendo pruebas, testimonios y documentación suficiente y contundente que los vincula a los delitos imputados y señalan el grado de participación delictiva que tuvo con sus coacusados.

El caso se encuentra en etapa intermedia por lo cual el Juzgado debe convocar a la audiencia de control de acusación. En ese contexto, la fiscalía —con esta acusación penal y solicitud de cárcel efectiva— continúa su labor inquebrantable contra la corrupción y la organización criminal de Rodolfo Orellana Rengifo a la que viene combatiendo desde las investigaciones y los procesos penales contra la referida organización criminal, enquistada en la administración pública del país.

/NDP/MPG/

Al ser abordado por la prensa sobre el inicio del juicio oral por el caso Cócteles que enfrenta la lideresa Keiko Fujimori, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, garantizó que este proceso como otros será desarrollado con las debidas garantías y el respeto a la ley.

“El Poder Judicial siempre va a garantizar un proceso imparcial y con respeto al debido proceso, de quien sea y en cualquier caso”, afirmó la autoridad judicial tras inaugurar en Comas la Nueva Sede de los juzgados de paz letrado.

De otro lado, refirió que las reuniones con alcaldes y gobernadores regionales para implementar unidades de flagrancia en la lucha contra la delincuencia han sido transparentes y públicas en el marco de la ley.

“El Ejecutivo no nos da recursos, tenemos que buscarlos bajo el amparo de una ley que se dio el año pasado, pero nunca esas reuniones son privadas y no veo razón que se cuestionen”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo el doctor Arévalo Vela que el Estado debe invertir en salud, educación, seguridad, en justicia y solo realizar actividad empresarial en aquellos campos en que el privado no puede participar.

“En general, las empresas públicas que no son fundamentales para el desarrollo, deberían ser privatizadas”, indicó.

Más servicios para procesos de alimentos, filiación, etc. 

Debe señalarse que la Nueva Sede de los juzgados de paz letrado, que cuenta con un área de área techada de cerca de 600 m2, tiene como objetivo brindar un servicio de justicia más rápida, eficiente y de calidad en la jurisdicción de Lima Norte.

“Inauguramos hoy la Nueva Sede de Juzgados de paz letrado de Comas, donde se dará un mejor servicio a los litigantes; es un importante avance y es parte de mi política de gestión modernizar el servicio de justicia”, expresó el doctor Arévalo Vela.

Su implementación permitirá descentralizar la carga de trabajo, brindar una atención más rápida y eficiente de los casos, otorgar un servicio más cercano y accesible a los usuarios; además, mejorar la experiencia del usuario y satisfacción con el sistema judicial.

La sede judicial, ubicada en la Av. Túpac Amaru N.º 4083 - 4087 y 4091 Urb. Carabayllo – Distrito de Comas, adscrita a la Corte de Lima Norte, está compuesta por cuatro Juzgados de Paz Letrado Mixtos, que son la primera instancia de acceso a la justicia.

Los juzgados de paz letrados sentencian, así, casos de faltas menores y de acuerdo a su competencia. Además, resuelven apelaciones realizadas sobre las sentencias de los juzgados de Paz No Letrados

Debe señalarse que los Juzgados de Paz Letrados de Comas cuentan con un área administrativa, una mesa de partes, un archivo modular, una sala de audiencia, y módulo portátil de auto consultas.

Asimismo, se ha adquirido un sistema de aire acondicionado, mobiliario de oficina, kit de audio y video, un servidor tipo torres y equipos de cómputo, con la finalidad de brindarle a los jueces, personal jurisdiccional y administrativos ambientes cómodos para que brinden un servicio de calidad al ciudadano.

/NDP/MPG/

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) concluyó los informes individuales de evaluación integral y ratificación de 74 jueces y 208 fiscales convocados a este proceso al tener siete años o más de desempeño en sus respectivos cargos.

Los magistrados pueden acceder a sus informes individuales con las conclusiones respectivas en la extranet de la Junta Nacional de Justicia, y realizar las observaciones, si las tuvieran, hasta el 4 de julio, informó esta institución.

Los informes individuales fueron aprobados por la comisión de Evaluación y Ratificación, luego de la revisión de los documentos presentados por los magistrados sobre rubros como organización de trabajo, calidad de decisiones, publicaciones realizadas, medidas disciplinarias, asistencia y puntualidad, procesos judiciales, méritos y reconocimientos, entre otros.

Cabe destacar que en esta convocatoria (N° 001-2023-Ratificación/JNJ) fueron llamados a ratificación 300 magistrados, de los cuales fueron excluidos 18 por motivos de ascenso, renuncia, cese por jubilación, licencia por salud, destitución y fallecimiento. 

Continúan en el proceso de ratificación una jueza suprema, una fiscal adjunta suprema, 143 magistrados de Lima y 137 de otras regiones.

Todos ellos, con sus expedientes, pasarán al pleno para la decisión final. Se requiere el voto favorable de cinco miembros para la ratificación individual en sus cargos.

El pleno de la JNJ emitirá las resoluciones con la decisión final por cada magistrado entre el 22 de julio y el 23 de agosto, de acuerdo al cronograma de la convocatoria de evaluación y ratificación.

La potestad de ratificación de jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años es una de las funciones constitucionales de la Junta Nacional de Justicia.

/NDP/PE/