Política

Miembros de la Policía Nacional resguardan el peaje Chillón en Puente Piedra, donde los vehículos circulan libremente de norte a sur tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordena suspender el cobro del peaje a los conductores.

El viernes último, el TC informó que declaró fundado el habeas corpus colectivo presentado contra Rutas de Lima y ordenó suspender el cobro del peaje por vulnerar el derecho al libre tránsito de los vecinos y de los usuarios que circulan por dicha vía.

El magistrado del Tribunal Constitucional Helder Domínguez explicó que estará vigente hasta que se adopten las medidas para que cese el acto lesivo vulneratorio de la libertad de tránsito, es decir, hasta que existan rutas alternas idóneas y razonables para la ciudadanía.

Domínguez detalló en RPP que si bien hay rutas que pueden considerarse alternas, éstas no están materialmente acondicionadas para la transitabilidad de los vehículos, por lo que tomar dichos trayectos toma mucho tiempo, de 50 minutos a dos horas.

/MRG/

La presidenta de la república, Dina Boluarte, afirmó hoy que el Perú garantiza el éxito, la seguridad y la calidad de los Juegos Panamericanos 2027, candidatura a la que postula a la ciudad de Lima.

"El Perú les garantiza el éxito, a la seguridad, la calidad y el calor humano y la excelencia de estos Juegos (Panamericanos 2027) porque es una política de Estado apoyar al deporte en todas sus disciplinas", dijo.

/MRG/

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, consideró que los bienes incautados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) podrían ser destinados a los alcaldes provinciales y distritales de zonas vulnerables, a fin de mitigar las necesidades de la población.

Tras recibir la visita protocolar del nuevo jefe de la Sunat, Arturo Gonzáles López, anunció que, en el marco de su función de fiscalización, visitará el almacén de esa entidad para gestionar apoyo y atender las necesidades que tienen las autoridades locales. 

“Muchas veces la ayuda del Gobierno central no es suficiente, pero hay otras instancias como la Sunat que ha incautado bienes y estos podrían servir para mitigar las necesidades que vive la población”, sostuvo en entrevista para el canal del Congreso.

Soto indicó que son más de 9 mil toneladas de bienes incautados que pueden ser distribuidos bajo ciertos parámetros y de acuerdo a las necesidades que tenga cada región del país.

Preció que en lo que va de gestión, el Congreso aprobó una serie de medidas, entre ellas, otorgar facultades a la Sunat para que disponga de los bienes y mercancías en situación de abandono legal o voluntario, incautados, decomisados o provenientes de acciones de control ingresados hasta diciembre de 2022.

De otro lado, el titular del Congreso expresó su deseo de darles a los empresarios afectados por la pandemia cierta flexibilidad en el pago de sus impuestos, con el propósito de mejorar la recaudación tributaria.

Por su parte, el superintendente de la Sunat agradeció al titular del Congreso por la aprobación de la norma que les permitirá disponer de los bienes incautados y otorgarlos de manera eficiente y transparente a quien lo requiera.

Sostuvo que existen muchas solicitudes solicitando adjudicación de los bienes y que se da prioridad a las autoridades de las zonas más vulnerables y de acuerdo al orden de pedido que se hace.

En otro momento, expresó la voluntad de trabajar de la mano con el Congreso para discutir y aprobar medidas en materia tributaria.

Reunión con alcalde

Seguidamente, el presidente del Congreso se reunió con el alcalde de la Municipalidad Distrital de Tunan Marca, provincia de Jauja, en Junín, Robel Mallma Rosales, quien solicitó apoyo para su localidad, que ha sufrido los embates de la naturaleza. Manifestó que, debido a las fuertes lluvias, hay 300 familias afectadas y 125 damnificados.

El presidente del Congreso se comprometió apoyar los requerimientos de maquinaria para esa zona afectada.

/NDP/PE/

Con un total de 117 votos a favor, el pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que denomina como Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú a la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, así como su incorporación al sistema universitario.

Así, la iniciativa dispone que dicha casa de estudios continúe otorgando "el grado académico de bachiller y el título profesional de licenciado de las carreras profesional de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú", mimos que son inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Además, en su calidad de universidad, pueda ofrecer los grados académicos de maestro y doctor en las carreras que hayan sido acreditadas ante SUNEDU y mediante convenios de cooperación nacional e internacional.

Por último, se dispone que dicha universidad adecúe su estatuto y órganos de gobierno conforme a lo dispuesto en la Ley N.º 30220, Ley Universitaria, en un plazo máximo de tres años.

Universidad Nacional Autónoma de Cutervo

Previamente, el pleno del Congreso aprobó por allanamiento, con 112 votos a favor, el dictamen de los proyectos de ley 5670, 5688, 5713 y 5867 que proponen crear e implementar la Universidad Nacional Autónoma de Cutervo en Cajamarca.

La denominada casa de estudios ofrecerá las carreras de Ingeniería Agroindustrial; Ingeniería Ambiental; Ingeniería Civil; Ingeniería Mecánica y Eléctrica; Medicina Veterinaria y Zootecnia; Administración, Economía y Contabilidad; Educación y Enfermería.

Además, se dispone que esta funcionará "con los recursos propios generados, canon minero, ingresos provenientes de donaciones y legados y los que se gestionen en el ámbito de los gobiernos local, regional, nacional e internacional". Los gastos corrientes no serán financiados con el canon minero.

/MPG/

La Comisión de Economía del Congreso debatirá y votará en la sesión del miércoles el posible retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de las cuentas individuales previsionales administradas por las AFP.

Así lo comunicó el congresista José Luna Gálvez quien anticipa que el predictamen que propone la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, considera esta vez el retiro de hasta 4 UIT; sin embargo, advirtió que se insiste en que solo podrán acceder al retiro quienes no cuenten con aportes por al menos seis meses consecutivos hasta 31 de diciembre del 2023.

Tampoco podrán cobrar, según el predictamen, a quienes califiquen para acceder al Régimen de Jubilación Anticipada por Desempleo (REJA).

Además, el predictamen que se debatirá en sesión descentralizada a realizarse en Chanchamayo, Junín, plantea autorizar el retiro de hasta dos UIT en un solo retiro de los afiliados que sufran una enfermedad oncológica.

"Este es un avance sobre el predictamen anterior que solo planteaba el retiro de hasta 2 UIT; a pesar de ello, se debe abrir esta posibilidad para todos los afiliados y no solo para desempleo", recalcó el parlamentario.

Sostuvo, que la lucha continuará hasta que todos los afiliados puedan retirar sus aportes y no solo quienes se encuentren sin empleo hace seis meses.

El parlamentario destacó que esta decisión se produce una semana después de que una marcha llegara al Congreso para demandar el urgente retiro de las 4 UIT de las cuentas de AFP.

“Esa multitud que participó en la marcha fue la voz ciudadana para contar con ese dinero y cubrir sus necesidades. Hoy es el momento para tomar medidas urgentes que ayuden a reactivar la economía, impulsar a las empresas, sobre todo a las micro y pequeñas empresas; generar empleo y enfrentar la inseguridad ciudadana”, manifestó

Luna Gálvez ratificó que un componente de la democracia y de la economía social de mercado es el respeto a la libertad y derecho de los ciudadanos decidir sobre su dinero. Así, el parlamentario emplazó a los legisladores y a las autoridades del Ejecutivo para que cumplan con la deuda social que tiene con los peruanos, con aprobar el retiro de las 4 UIT de nuestras AFP.

/MPG/

El pleno del Congreso aprobó para el próximo jueves 14 de marzo la interpelación a los ministros de Cultura, Leslie Urteaga, por la venta de entradas a Machu Picchu, y del Interior, Víctor Torres, por el tema de la inseguridad ciudadana.

En el caso de Urteaga, se trata de dos mociones de interpelación aprobadas. La primera se plantea que la ministra responda un pliego de preguntas en relación a la contratación de una plataforma virtual de una empresa privada para la venta de entradas a la ciudadela inca.

Por lo tanto, la segunda moción, propone que explique las acciones que se han tomado para la implementación de una plataforma estatal virtual para la venta de entradas a Machu Picchu, en función de un acuerdo con las autoridades locales del Cusco.

A propuesta del presidente del Congreso, Alejandro Soto, Urteaga concurrirá al Parlamento a responder las preguntas este jueves 14 de marzo, a las 16:00 horas.

En tanto, en relación al ministro del Interior, se aprobaron también dos mociones de interpelación para que responda sobre la situación de la inseguridad ciudadana que afecta a los peruanos.

Ambas mociones de interpelación fueron aprobadas por la mayoría y los ministros deberán presentarse ante la representación nacional este jueves 14 de marzo, a las 19:00 horas.

/MPG/

El pleno del Congreso no alcanzó los votos suficientes para inhabilitar por diez años para ejercer cargos públicos al presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio de la Haza, esto ante una presunta infracción constitucional.

Precisamente, en la sesión anterior del pleno la propuesta de acusarlo e inhabilitarlo no alcanzó los votos necesarios, por lo que se planteó una reconsideración de la votación efectuada.

Ahora, solo se alcanzó 42 votos a favor, 36 en contra y 10 abstenciones, por lo que se rechazó inhabilitar al magistrado de la JNJ.

“Señores congresistas, no se alcanzó el número de votos requeridos para la aprobación, se expedirá la resolución legislativa del Congreso y se remitirá al archivo el expediente”, señaló el presidente del Congreso, Alejandro Soto.

Asimismo, no se alcanzó los votos  ecesarios para inhabilitar por 10 años de la función pública a Imelda Tumialán, mimebro de la JNJ (37 a favor, 44 en contra y 30 abstenciones) en virtud a una reconsideración a la votación anterior planteada por la congresista Rosangela Barbarán. 

En consecuencia, este informe también pasará al archivo, según informó el presidente del Congreso.

Tras estas dos nuevas votaciones en el Congreso, continuarán como miembros plenos pleno de la JNJ Imelda Tumialán Pinto, Antonio de la Haza, José Ávila Herrera, Guillermo Thornberry Villarán y María Zavala Valladares. En todos estos casos, el informe que recomendaba su inhabilitación no alcanzó los votos necesarios para ser aprobado.

Caso contrario sucederá con Inés Tello de Ñeco y Aldo Vásquez Ríos, cuyos informes alcanzaron los votos necesarios para ser inhabilitados el pasado viernes y dejarán de formar parte de este importante organismo.

Cuestión previa

Iniciado el pleno, la congresista Sigrid Bazán presentó una cuestión previa para que se reúna la Junta de Portavoces, a fin de ver los alcances del artículo 100 de la Constitución, atendiendo la opinión de algunos constitucionalistas que cuestionan el voto de algunos miembros titulares de la Comisión Permanente.

Dicho pedido, respaldado por el congresista Roberto Sánchez, fue denegado por mayoría en el pleno.

Durante el debate, la congresista Martha Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución, sostuvo que el Congreso actuó bajo la norma y con el criterio que se establece la ley en el caso de la inhabilitación de los siete integrantes de la JNJ, realizada el pasado viernes.

/ANDINA/PE/

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio respuesta al Ministerio Público en referencia a la reciente inscripción de la organización política de alcance nacional denominada Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros.

En oficio dirigido al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, el JNE remitió la información sobre la citada  organización política de alcance nacional a fin de evaluar si corresponde aplicar lo que prevé el artículo 14 de a Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Política (LOP), sobre la declaración de ilegalidad por conducta antidemocrática. 

En el documento se precisa que la información la organización obra en los registros de la Dirección Nacional de Registros de Organizaciones Políticas (DNROP) del JNE y que se está remitiendo al despacho de la Fiscalía un informe d esta dirección y además de los documentos solicitado en formato físico y digital. 

Se indica que en el acta de fundación de la citada organización política se adjunta el compromiso de sus fundadores, quienes declaran su vocación democrática, el respeto al estado constitucional de derecho, a las libertades y derechos fundamentales que consagra la Constitución Política, adjuntando además declaraciones juradas en igual sentido.

El JNE enfatizar que, conforme al artículo 10 de la LOP, la DNROP verifica el cumplimiento de los requisito formales previstos en el artículo 5 de la mencionada ley, es decir de la documentación que acompaña a las organizaciones políticas a su solicitud de inscripción.

En ese sentido, subraya, una vez inscrita la organización política el JNE solo posee competencia para fiscalizar el funcionamiento permanente de los locales y comités partidarios a través de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE), la cual informa a la DNROP. 

El pleno del JNE señala que no efectúa verificaciones sobre el comportamiento democrático de las organizaciones  políticas y que interviene únicamente en caso se produjera alguna apelación en contra de lo decidido por la DNROP frente a los actos cuya inscripción es exigida por la ley.

"El JNE procede en aplicación de la ley según sus marcos autoritarios. En el caso de constatarse alguna modalidad de fraude a la ley en lo atinente al desempeño de cualquier organización política corresponderá la decisión pertinente por la autoridad legalmente competente", señala.

/ANDINA/PE/

El Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Carlos Revilla y Alcides Villafuerte, investigados como presuntos autores de los delitos de organización criminal y colusión agravada, en el caso “Los intocables de la corrupción”.

La medida fue dictada por el juez Miguel Quevedo Melgarejo, quien declaró fundado requerimiento formulado por el Ministerio Público.

El magistrado indicó que, debido a la naturaleza grave de los delitos imputados a los investigados, el plazo de 36 meses “resulta necesario, razonable y proporcional” para garantizar su presencia a lo largo de todo el proceso penal.

Por ello, ordenó su inmediato internamiento en el establecimiento penal que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) designe. 

El plazo de la prisión preventiva para los exfuncionarios de Provías Descentralizado vencerá el 29 de enero de 2027.

La fiscalía señala que Carlos Revilla y Alcides Villafuerte formarían parte de una presunta organización criminal liderada por el expresidente Martín Vizcarra que opera en Provías Descentralizado y que habría cobrado coimas a cambio de licitaciones.

Ambos fueron detenidos el pasado 29 de enero, en el marco de una orden judicial que además autorizó el allanamiento de sus viviendas.

Villafuerte aspira a convertirse en colaborador eficaz en el caso. En febrero de 2024 entregó medio millón de soles en efectivo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficoop), dinero que habría sido parte de la coima recibida.

/PE/

El congresista Pasión Dávila propuso ampliar hasta el 31 de marzo de 2025 el bachillerato automático y modificar la Ley Universitaria a fin de prohibir la contratación de terceros para la elaboración de la tesis y el cobro por asesorías.

La obtención del bachillerato automático se encuentra vigente hasta el 31 de marzo de 2024.

El proyecto de ley N.° 7231-2023-CR dispone que los estudiantes matriculados en los programas de pregrado o posgrado están obligados a realizar de manera independiente la investigación y redacción de sus tesis, demostrando su capacidad para llevar a cabo investigaciones originales y contribuir al conocimiento en su campo.

En ese sentido, prohíbe que los docentes universitarios asesores de tesis cobren por esta labor prestada a los estudiantes, la misma que deberá brindarse de manera gratuita, garantizando la imparcialidad en el proceso de evaluación de las tesis. 

“Se prohíbe la venta de tesis”, indica el proyecto de ley que busca promover la investigación para obtener el grado de bachiller o del título profesional e impulsar la inserción de los graduandos en el mercado laboral.

Plantea además que las instituciones de educación superior establecerán sanciones para los estudiantes que contravengan esta ley, y para los docentes que cobren por la asesoría de tesis, la misma que será proporcional a la gravedad de la falta y podría ir desde una amonestación hasta la expulsión del estudiante o del docente infractor.

En el caso de las instituciones académicas de educación superior, el proyecto de ley señala que tienen la responsabilidad de promover la ética y la originalidad en la producción de tesis, para lo cual deberán establecer mecanismos de supervisión y control para garantizar que los estudiantes cumplan con los requisitos de investigación y redacción de manera independiente.

Prohíbe además las asesorías de tesis de particulares, salvo aquellos que cuenten con la autorización expresa del Ministerio de Educación, que deberá establecer mecanismos de control y fiscalización a las personas naturales y jurídicas que brinden esta labor, con el fin de garantizar la calidad y la integridad de dicho servicio.

De no contar con esta autorización, los asesores particulares de tesis serán pasibles de ser denunciados y sancionados de acuerdo con la legislación penal vigente.

El congresista Dávila indica que “el negocio de la tesis” es una práctica común entre los estudiantes por lo que se requiere regular la elaboración de la tesis para garantizar que los estudiantes sean responsables de su trabajo académico, la calidad y la transparencia.

“Dada la proliferación de servicios de particulares que ofrecen la elaboración de tesis, es necesario establecer una prohibición expresa para la contratación de asesorías de particulares no autorizados”, precisa el proyecto.

Sostiene que la contratación de servicios de tesis socava la integridad académica y va en contra de los principios de honestidad y originalidad que se esperan en la elaboración de una tesis, lo que perjudica la formación académica de los estudiantes y afecta la reputación de las instituciones educativas y del sistema educativo en general.

/ANDINA/PE/