Política

El delito de lavado de activos, que es blanquear dineros, y en grandes cantidades, provenientes de delitos como el narcotráfico, prostitución, trata de personas, terrorismo, minería ilegal, corrupción y otros, para ser justificados o insertados en el sistema financiero, puede ser sancionado hasta con 35 años de cárcel.

Así lo refirió el juez integrante del Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional, Luis Del Carpio Narváez. 

"El lavado de activos es un delito extremadamente grave. Es una de las lacras que esta sociedad arrastra y se suele pensar que no causa mucho daño por lavar dinero, porque no se mata a nadie", sostuvo. 

Explicó, asimismo, que la Corte Suprema estableció que en el lavado de activos no es necesario "ni siquiera que se esté investigando el delito previo, que se esté procesando, que se cuente con una sentencia, simplemente que exista la presunción de que ese dinero proviene de fuente ilícita".

"Cuando se tenga intención de recibir un dinero a sabiendas o presumiendo de su existencia ilícita, es obvio y evidente que nos encontramos ante un delito de lavado de activos", agregó. 

El magistrado señaló que la sanción por este ilícito en su tipo base es de un mínimo de 8 hasta un máximo de 15. 

En tanto que, precisó que si el delito es cometido por un integrante de una organización criminal, aprovechándose de la condición de funcionario público o cuando el valor del "dinero sucio" supere las 500 unidades impositivas tributarias, el rango de pena aumenta entre 25 y un máximo de 35 años.

Sobre el testaferro o el denominado "prestanombre", el que aparece a la luz representando a alguien, recibiría, afirmó el juez, la misma sanción que el autor y también como integrante de una organización criminal. 

"La ley de lavado de activos no hace distingos en cuanto al testaferro en la dosificación de penas, sin embargo, cuando se emite una sanción, el juez está facultado para dosificar la pena al jefe o cabecilla, a los mandos medios y a los testaferros de acuerdo a los hechos y responsabilidad probada", remarcó.

/NDP/PE/

La presidenta de la república, Dina Boluarte, afirmó hoy que la entrega de nuevas instalaciones en diversas instituciones educativas del país, demuestra el compromiso serio y responsable en impulsar la educación en nuestro país.

Estas declaraciones fueron realizadas por la mandataria durante la ceremonia de entrega de nuevas instalaciones en la institución educativa Gastón Vidal Porturas, ubicada en Nuevo Chimbote (Áncash).

"Estos son hechos que demuestran el compromiso serio y responsable del Gobierno en impulsar la educación en el Perú, herramienta fundamental para el desarrollo de nuestros niños y adolescentes que son el presente y futuro de la nación", manifestó.

Asimismo, la jefa de Estado precisó que tienen claro que es necesario seguir avanzando en el cierre de brechas en infraestructura educativa, no solo en la región Áncash, sino en todo el país.

Además, indicó que en la región Áncash se entregarán tres nuevas instituciones educativas, una de las cuales la hará el nuevo jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén. Todas ellas beneficiarán a más de 3,000 niños y adolescentes.

De igual modo, explicó que la inversión conjunta es de 197 millones de soles, cuyas obras generaron 5,700 empleos. "Al construir colegios damos trabajo y generamos la calidad de vida de nuestros hermanos, en un trabajo articulado, honesto, decente y en lucha contra la corrupción", aseguró.

Posteriormente, la mandataria inauguró las nuevas instalaciones del colegio Villa María, también en Áncash, desde donde enfatizó que se seguirá afianzando el trabajo del Estado para brindar mejores infraestructuras a nuestros escolares.

"Seguiremos afianzando todo esfuerzo, todo trabajo y todo presupuesto a nivel nacional para poder dejar como herencia a la educación peruana infraestructuras como esta, de este colegio Villa María. En este colegio se van a beneficiar aproximadamente 585 escolares desde el nivel inicial primaria y secundaria", señaló

"Hoy este centro educativo cuenta con 31 aulas completamente equipadas, cuatro talleres, un aula de psicomotricidad, una biblioteca, una sala de usos múltiples, un laboratorio, losas deportivas, una cocina comedor y múltiples espacios recreativos", agregó.

/ANDINA/PE/

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró fundado el requerimiento para levantar el secreto bancario de la congresista de Alianza para el Progreso, Rosío Torres, quien es investigada por el delito de concusión por, supuestamente, haber inducido a sus trabajadores a entregarle parte de sus remuneraciones.

El magistrado Juan Carlos Checkley, titular del referido juzgado, también dispuso esta medida para el investigado Juan Pérez Guerra, informó el Poder Judicial a través de sus redes sociales.

Un programa de televisión difundió hace unos meses un informe denominado “Mocha Sueldos” en el que mostraba la forma en la legisladora recortaba los ingresos a sus trabajadores.

La investigación está a cargo del Ministerio Público que requiere la información de las operaciones financieras realizadas por Torres entre julio del 2021 hasta abril del 2023.

Hace dos días a Unidad de Investigación de Canal N accedió al testimonio de un colaborador eficaz quien presentó ante la fiscalía una serie de chats, vouchers y audios sobre el pedido de aportes irregulares que fueron usados para pasajes aéreos y hasta perfumes.

/RAM/

El presidente de la JNJ, Antonio de la Haza, señaló que los integrantes de esta entidad se sienten “optimistas” respecto a la decisión que emitirá el Congreso respecto a la acusación en su contra.

“Somos optimistas de que los señores congresistas reflexionarán y verán en nuestros argumentos la verdad, pues no hemos cometido ninguna infracción constitucional”, manifestó, en rueda de prensa efectuada en el Congreso.

En cuanto a la posibilidad de que se vote en el pleno del Congreso independientemente por cada miembro de la JNJ, a fin de determinar si son acusados acusa o no, De la Haza indicó que la posición de todos ellos “es única”, pues no son responsables de irregularidades.

En ese sentido, consideró que aplicar esa modalidad de votación sobre la acusación planteada “no sería lo más apropiado”.

Pronunciamientos a favor

Con respecto a los pronunciamientos de diversas organizaciones internacionales en contra de la destitución de los miembros de la Junta, De la Haza indicó que parten de la observación que estos realizan a lo que viene ocurriendo en el país.

“Son pronunciamientos de reflexión para que las autoridades del país se den cuenta de lo que significa una JNJ dentro del sistema de administración de justicia”, expresó.

Por su parte, el vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez, señaló que la acción de amparo que se ha interpuesto para que el Congreso no aborde el tema de la acusación contra los miembros de esta entidad, “sigue su curso”.

Esta rueda de prensa se efectuó tras suspenderse la sesión plenaria en la cual se debate el pedido de acusar constitucionalmente a los miembros de la Junta e inhabilitarlos por diez años en el ejercicio de toda función pública. 

En ella los denunciados, junto a sus abogados, hicieron uso de su derecho a la defensa.

La sesión se reanudará a las 15.00 horas, de acuerdo a lo dicho por el presidente del Congreso, Alejandro Soto.

/PE/

Mediante un comunicado el Poder Judicial aclaró que cambio en la sala que juzgará a Keiko Fujimori responde a sanción disciplinaria contra uno de sus miembros, se trata del magistrado Raúl Caballero quien fue suspendido por retardo en emitir sentencias en la Corte Superior de Tacna.

A continuación el texto completo del pronunciamiento de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada:

/RAM/

A menos de un mes del inicio del juicio oral a Keiko Fujimori, el Poder Judicial modificó la composición de la sala que juzgará a la lideresa de Fuerza Popular, quien es acusada del delito de lavado de activos.

La resolución de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada establece la incorporación de la magistrada Juana Caballero García, como nueva integrante del colegiado que desde el 01 de julio ventilará el caso de Fujimori.

Dicha corte dio por concluida la designación del juez Raúl Caballero Laura en el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional e incorporó a Caballero García, a quien designó como presidenta de la sala.

Caballero García también integrará el Octavo Juzgado Penal Unipersonal Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, señala la resolución administrativa publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

Entre tanto, los magistrados Nayko Coronado Salazar, quien era presidenta hasta el miércoles, y Max Vengoa Valdiglesias permanecen asimismo como integrantes del juzgado.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional programó para la fecha antes mencionada la instalación del juicio oral contra Keiko Fujimori y otros 45 imputados por el denominado “Caso Cócteles”.

El juicio oral contra Fujimori responde a los millonarios aportes que presuntamente recibió de empresas como la brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016.

Para justificar ese dinero en las cuentas del partido, los comandos de campaña organizaron cócteles con simpatizantes, de ahí que el juicio esté denominado como el Caso Cócteles, y también recurrieron a amigos y conocidos para que simulen el aporte de grandes sumas de efectivo.

/RAM/