Política

El congresista Juan Carlos Eguren descartó que exista una alianza entre el Partido Popular Cristiano (PPC) y el Apra con miras a las elecciones generales del 2016.

“No existe ningún pacto, acuerdo u alianza, más bien el PPC tiene su acuerdo del último Congreso de participar (en los comicios) con candidato propio. Lo que sí, hay buenas relaciones y comunicación con el APRA”, señaló. 

Refirió que así como el PPC puede tener buenas relaciones con el Apra también las puede tener con el líder de la agrupación Peruanos por el Kambio, Pedro Pablo Kuczynski. 

“Si algo nos une de manera particular con el APRA es que somos los dos partidos más históricos, institucionales; pero no hay anda concreto, específico, más allá que buenas relaciones”, declaró

En otro momento el legislador, de la bancada PPC- APP, exhortó a todos los niveles de gobierno (nacional, regional y local), invertir su presupuesto en iniciativas para prevenir los efectos del fenómeno El Niño. 

Remarcó que en solo ocho meses solo se ha gastado el 40 por ciento del presupuesto público en medidas de prevención para para la ejecución de obras que permita mitigar sus efectos.

“Hay dos meses para gastar el 60 por ciento del presupuesto, ese es el llamado que formulo a las autoridades”, acotó. 

/CCH/ Andina

Los ministros del Interior y de Defensa se presentarán ante la Comisión de Defensa del Congreso, para informar sobre diversos temas de sus respectivos sectores, según la agenda parlamentaria difundida hoy.

El titular del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, se presentará el próximo lunes 31, para informar sobre la seguridad ciudadana, la situación de las comisarías, y los problemas policiales.

En tanto, el ministro de Defensa, Jakke Valakivi, hará lo propio el 7 de setiembre, para dar cuenta de la muerte de dos soldados, uno en instalaciones de la Fuerza Aérea, y otro en el Ejército.

La Comisión de Defensa, que preside Emiliano Apaza (Gana Perú), también aprobó en su plan de trabajo visitas de inspección al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y a la Escuela de Guerra del Ejército.

Los legisladores Octavio Salazar (FP) y Lourdes Alcorta (CP), expresaron su preocupación por la presencia de corrientes terroristas al interior de las universidades, como San Marcos y la UNI, por lo que también se acordó invitar a los rectores de los centros superiores de educación pública.

El congresista Manuel Zerillo (GP), pidió priorizar la aprobación del acta en la que se encuentra la aprobación de un proyecto de ley, para cambiar la denominación de los actuales gobernadores del Ministerio del Interior por el de prefectos y subprefectos.

Esto, con el fin de evitar se les confunda con los actuales titulares de los gobiernos regionales que también se denominan gobernadores.

/CCH/ Andina

El titular de la Comisión de Fiscalización, Gustavo Rondón, dijo que pedirá que este miércoles el pleno debata las mociones para que se les otorgue facultades especiales a fin de investigar las ramificaciones peruanas del caso Lava Jato y los detalles de las agendas atribuidas a la Primera Dama, cuya pertenencia ella ha descartado.

“Conversaremos con el presidente del Parlamento, Luis Iberico, para agendar ambos temas”, indicó.

De no incluirse ambos pedidos en la sesión que realizará el miércoles por la tarde la Representación Nacional, se verá en la del día siguiente, aseguró el legislador.

Mientras, la comisión continuará con sus pesquisas, añadió.

Las supuestas irregularidades de determinadas concesiones de obras públicas a empresas brasileñas fue investigada por la Comisión de Fiscalización cuando la encabezaba Enrique Wong (SN). 

De otro lado, el grupo a cargo de Rondón convocó a su sesión del día miércoles a la procuradora para el delito de lavado de activos Julia Príncipe, a fin de consultarle sobre el tema de las agendas atribuidas a la Primera Dama.

Príncipe entregó dichos documentos la semana pasada al Ministerio Público.

Hoy, la Comisión de Fiscalización tenía previsto recibir a la titular del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) Magali Silva, y al de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) Víctor Ramos. Sin embargo, ambos se excusaron de asistir.

/CCH/ Andina

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) capacitó a más de 100 dirigentes y afiliados de los partidos políticos en temas de cultura política y electoral, con el fin de fortalecer a las agrupaciones para su participación en las elecciones generales del 2016, informó la institución.

La referida capacitación se realizó a través de los talleres, que forman parte del programa de Fortalecimiento en cultura política y electoral para directivos y afiliados de partidos políticos (Cepdapp), a la que asistieron 116 afiliados.

"De esta cifra, 53 afiliados corresponden al Partido Fuerza Popular, 28 afiliados al Partido Aprista Peruano, 18 al Partido Popular Cristiano, y 17 a Acción Popular", precisó en la comunicación.

Según el organismo electoral, las jornadas de capacitación estuvieron a cargo de especialistas de la Gerencia de Información y Educación Electoral (GIEE) de la ONPE, en la que se abordó temas como regímenes y sistemas políticos, partidos, democracia, sistema electoral, actores y procesos electorales, entre otros.

El programa de capacitación se efectuó en siete sesiones, y posterior a ello se llevó a cabo una ceremonia de clausura, en la que otorgaron certificados a los asistentes, acreditándolos como mediadores de educación electoral.  

Luego, se espera que estos 116 mediadores electorales formados realicen la réplica, es decir, puedan desarrollar talleres de educación electoral en sus propios comités partidarios distritales.

El programa de capacitación inició el pasado mes de abril y se extenderá hasta septiembre, periodo en el que esperan capacitar a cerca de 600 dirigentes y afiliados de partidos con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

La ONPE informó que las organizaciones políticas que deseen participar de estos talleres debe enviar una solicitud dirigida al organismo. 

/CCH/ Andina

La ex ministra de Justicia en el segundo gobierno aprista, Rosario Fernández, negó haber tenido alguna participación en la designación de Miguel Facundo Chinguel como presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, principal implicado en la liberación de narcotraficantes a cambio del pago de dinero.

Ante la Sala Penal Nacional, donde se presentó en calidad de testigo por el caso de los narcoindultos, la ex ministra refirió que cuando llegó al portafolio, en diciembre del 2007, su antecesora en el cargo, María Zavala, ya prácticamente había dejado listo el nombramiento de los integrantes de la comisión, incluido Chinguel, y lo que ella hizo fue respetar esa decisión.

Fernández remarcó que la referida comisión actuaba con plena autonomía e independencia, como establece su reglamento, y nunca se reunió ni interfirió en sus decisiones, con respecto al indulto o conmutación de pena a un reo.

"La comisión actuaba de manera autónoma, nunca he participado ni he estado en la sala de trabajo, ellos generaban su propia agenda y parámetros, jamás me he reunido con ellos", señaló.

Fernández reconoció que durante su gestión se modificó el artículo 11 del reglamento de la Comisión de Gracias, para que sus decisiones ya no sean con criterios objetivos, sino con criterios de conciencia, lo que daba más discrecionalidad en sus decisiones.

Sin embargo, ante la pregunta de uno de los magistrados de la sala, la ex ministra no supo explicar las razones de ese cambios, y menos el origen de la iniciativa, a pesar que ella firmó la resolución ministerial que la aprobaba.

Su respuesta fue que suponía que la propuesta provino de la propia comisión, que pasó dos filtros, uno legal y otro técnico, antes de llegar a su despacho, para la firma aprobatoria.

La ex ministra durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) anotó que los integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales eran considerados cargos de confianza, y que los expedientes que llegaban a su despacho, solo eran revisados para ver si cumplían con las formalidades del caso, antes de enviarlos al entonces mandatario aprista.

/CCH/ Andina

El congresista Fernando Andrade, promotor de la eliminación del voto golondrino, precisó hoy que en caso se incumpla con los plazos establecidos para la actualización del domicilio, además de una multa, estos ciudadanos serían pasibles a una denuncia por falsedad genérica.

Según dijo, adicional a la multa de S./11.50, que equivale al 0.3% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), también correspondería una sanción legal.

"Si bien tienes una multa también representaría un pasivo de una denuncia, pues entras aquí en falsedad genérica al dar un domicilio que no es real, y eso ya es una denuncia mayor", declaró.

Al respecto, señaló que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) será el ente encargado de ejecutar la verificación domiciliaria y realizar las denuncias que correspondan a través de su Procuraduría Pública.

Enfatizó, en otro momento, que el plazo para la actualización de residencia es de 60 días, después de lo cual cada vez que uno se mude tendrá sólo 30 días para efectuar la actualización.

"Lo que dice es que por esta vez tienen 60 días para actualizar tu domicilio real, pero después de esto, en caso te mudes tendrías 30 días para cambiar tu nuevo domicilio", manifestó.

Andrade aseveró que la aplicación de la eliminación de voto golondrino también contribuye a una mejora en el proceso de votación, pues la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por medio de la georeferencia puede ubicar a los votantes en locales de votación próximos a sus viviendas.

/CCH/ Andina

El presidente ejecutivo de Devida, Alberto Otárola, destacó que la reciente ley aprobada en el Congreso que permite la interdicción aérea de avionetas sospechosas al servicio del narcotráfico, corta “la vena aorta” de la salida de droga del Vraem.

“Va a ser un arma eficaz potente para el combate contra el narcotráfico, porque estamos cortando la vena aorta de la ruta del tráfico ilícito de droga”, declaró.

La norma que permite a la Fuerza Aérea el derribo de las avionetas bajo sospecha razonable que transportan droga, y tras un protocolo estricto de intervención, representa “un golpe directo” a donde más duele a las economías ilegales, que es a los bolsillos, indicó.

El titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), señaló que para dar esta norma, se ha trabajado sobre la base de “la legislación comparada”, que existe en Suiza, Estados Unidos, Colombia, Brasil y Chile. 

“Se ha hecho un equipo de trabajo que ha cuidado todas las especificidades para adecuarlas al Perú y que ha establecido rigurosos procedimientos”, subrayó.

El derribo de una “narcoavioneta” solo se dará tras pasar un estricto protocolo de reconocimiento, comunicación, confirmación de la matrícula de la aeronave, de aproximación, y que se rehúse a aterrizar en un lugar designado.

/CCH/ Andina

El asesor presidencial, Wilfredo Pedraza, resaltó que las recientes normas del Ejecutivo sobre seguridad ciudadana buscan promover la aplicación de sanciones para los delitos leves, como trabajos comunitarios, y garantizar que los vehículos de quienes atropellan a alguien sirvan de garantía para el pago de los derechos de las víctimas.

En el primer dispositivo al que se hace referencia se considera, además de promover las penas de trabajo comunitario, aplicar el mecanismo de arresto por un fin de semana para los responsables de ilícitos que no merecen cárcel, indicó.

“Esperamos que con esta norma se organice mejor la forma en que deben de ejecutar estas sanciones”, dijo al referir que la intención es que los jueces puedan aplicarlas en mayor número de casos que hasta ahora e incrementar el número de condenados en esos ámbitos.

“Con esto se evitará que jóvenes, delincuentes primarios, lleguen a prisión solo por delitos leves”, añadió Pedraza, quien mencionó que la pena de trabajo comunitario era muy poco aplicada en el país “por la inadecuada regulación que tenía”.

El trabajo comunitario a aplicar se debe realizar en entidades públicas o privadas, detalló.

Por otro lado, la otra norma promulgada el sábado es aquella con la que se busca que los fiscales y jueces pueden embargar los vehículos o bienes de quienes atropellan a una persona y la abandonan sin asumir las obligaciones derivadas de su accionar, explicó Pedraza.

“Es muy importante esto, porque la principal causa de muertes y lesiones en el país es la de los accidentes de tránsito”, manifestó.

La medida cautelar mencionada se aplicará, según sea el caso, al conductor o al propietario del vehículo, añadió.

La Primera Dama, Nadine Heredia, advirtió hoy que el tema de las agendas que se le atribuyen, y cuya pertenencia ha descartado, es usado para que no se hable del juicio por los narcoindultos del segundo gobierno del Apra, partido al que responsabilizó estar detrás de una campaña política en su contra.

"Por qué no sacan informes sobre la Interoceánica o el caso Lava Jato, por qué sale esto de las agendas en el mismo periodo del juicio narcoindultos", aseveró al recordar que testigos de este proceso han confirmado que se pagaba por este tipo de beneficios.

Según refirió, los testimonios  apuntan al  extitular de la comisión de indultos, Miguel Facundo Chinguel; al exministro aprista Aurelio Pastor y a otros miembros del partido aprista.

"Cuánto valía la firma de Alan García por los narcoindultos", indicó.

También lamentó que se pretenda cuestionar reuniones políticas que tuvo el Partido Nacionalista cuando no era gobierno. "Por qué no hablan cuánto le pagaron a los apristas por darle la carretera Interoceánica, de las vinculaciones de las empresas brasileñas cuando ellos eran gobierno", añadió Heredia Alarcón.

La Primera Dama consideró que este tema de las agendas forma parte de una campaña política, detrás de la cual estaría el partido liderado por García.

Sostuvo que si bien dicha agrupación ha rechazado esa posibilidad, advirtió que el excongresista Álvaro Gutiérrez, quien hizo la denuncia de las agendas, "en su corta  vida política se dedicó a servir al partido aprista".

Recordó que ha formulado una denuncia por robo contra Gutiérrez porque ha mostrado a la prensa documentos como vouchers, tarjetas e incluso fotografías que fueron robados de su hogar y han expuesto a sus hijos.

Esta denuncia comprende a Micheline Vargas, quien  trabajó por mucho tiempo en su hogar y es cercana al exparlamentario. "Ellos deberán responder a la justicia si son los que sustrajeron esos documentos", enfatizó. 

Aclaró que los documentos mencionados sí le pertenecen pero no las cuatro agendas presentadas en un medio de comunicación.

"Las desconozco, no son de mi propiedad, no las reconozco como mías, no reconozco su autenticidad", precisó tras referir que están "contaminadas" pues el propio Gutiérrez dijo que las tuvo nueve meses y se las llevó a Italia consigo.

/Andina/

La comisión parlamentaria que investiga a la infiltración del narcotráfico en la política propondrá que toda sentencia o resolución que determine archivar o absolver a personas involucradas en casos de tráfico de drogas, sean informadas al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Esta medida tiene como fin que dichos actos se evalúen al momento de la ratificación de los jueces y fiscales correspondientes, indicó la presidenta de la referida comisión parlamentaria, Rosa Mavila.

"Quienes evalúen a estos magistrados deberán tener en cuenta todos los fallos que han emitido en esa materia y en ese sentido", apuntó.

Esta propuesta forma parte de la veintena de proyectos de ley que la comisión elabora para evitar que continúe la injerencia del narcotráfico en la política local.

Otro proyecto que será presentado plantea la participación del Ministerio Público en el inicio de todas las cadenas de custodia de los estupefacientes y pruebas incautados al narcotráfico.

"Actualmente es responsabilidad del Ministerio Público, pero cuando la causa no entra aún en intervención fiscal, queda en manos de la Policía y no hay un debido cuidado de la prueba", indicó.

También propondrá que la Contraloría General esté en condiciones de realizar "una sistemática investigación" de los desbalances patrimoniales que se detecten a las autoridades públicas.

/P.A.G./