Política

Cinco candidatos a la Presidencia de la República fueron convocados para exponer sus propuestas en materia de lucha contra la corrupción, en una conferencia internacional que realizará la Contraloría General de la República el 03 y 04 de febrero.

Se trata de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP); Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos Por el Kambio (PPK); César Acuña, de Alianza Para el Progreso (APP); Alan García, de Alianza Popular (AP); y Alejandro Toledo, de Perú Posible (PP).

La VI Conferencia Anticorrupción Internacional, tiene como tema la agenda política contra la corrupción hacia el año 2021 y se llevará a cabo en la Universidad de Lima. La presencia de los candidatos aún está por confirmar.

Al evento asistirán expertos internacionales que darán cuenta de los principales temas anticorrupción: entre ellos el argentino Bernardo Kliksberg, y los estadounidenses Phillip Herr y Raymond Fishman.

Los especialistas analizarán la corrupción y su impacto en la gestión pública, la relación entre el crimen organizado y corrupción, así como la impunidad y el accionar de la sociedad civil ante dicho delito.

/P.A.G./

El jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano, destacó que la mesa de diálogo para el desarrollo sostenible de Madre de Dios es una muestra clara de la voluntad política del Gobierno por atender y resolver la problemática de dicha región, donde anunció la instalación de una base militar que combatirá la minería ilegal.

"Es la demostración de la voluntad política del Presidente de la República de considerar a Madre de Dios dentro de la agenda política en una situación prioritaria", remarcó tras advertir que “seguramente el diálogo no va a ser fácil” y que en algunos aspectos probablemente las discusiones se prolonguen.

Consideró que en temas ya señalados, como el del suministro del combustible, “debemos poner acaso un esfuerzo más técnico que político de todas las partes involucradas, para intentar llegar a acuerdos que posteriormente puedan ser monitoreados y tener, por lo tanto, seguimiento de los mismos”.

Al referirse a los retos de la mesa, sostuvo que “el país ahora observa que es posible sentarnos sin presiones y sin métodos violentos para iniciar un proceso que sirva de ejemplo a otros lugares, en donde seamos capaces, a través de iniciativas, lograr consensos”. 

“Es indudable lo que ha señalado el gobernador regional. Madre de Dios tiene grandes potenciales para su desarrollo. Y debemos esforzarnos por lo tanto para lograr el desarrollo económico y social de la región. En ese sentido, como autoridades, tanto nacionales como regionales, estamos en la obligación de trabajar para lograr esos objetivos”, manifestó.

La instalación de una base militar en la zona de La Pampa para combatir la minería ilegal fue el primer acuerdo tras la instalación de la mesa de diálogo, destacó el gobierno regional.

En la reunión, el gobernador regional, Luis Otsuka, ofreció un panorama general sobre los principales problemas de la región y solicitó la derogatoria o modificatoria de los decretos supremos 013 y 016 que, a su juicio, no permiten el desarrollo integral de su pueblo.

Bajo esa premisa, pidió que la restricción de la venta de combustibles se aplique exclusivamente en la zona de La Pampa, y en el resto de la región se levante la mencionada medida.

Igualmente apuntó la necesidad de que se varíe sustancialmente los decretos legislativos 1220 y 1237, que, afirmó, restringen y penalizan la actividad forestal.

En la cita de esta tarde participaron los ministros del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, Energía y Minas, Rosa Ortiz, Defensa, Jakke Valakivi, y del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, entre otros altos funcionarios.

Por la región Madre de Dios estuvieron el gobernador Luis Otsuka, acompañado de funcionarios y equipo técnico, los alcaldes provinciales de Tambopata, Manu y Tahuamanu, distritos, dirigentes de la alianza de federaciones, organizaciones productivas, comunidades nativas y cámara de comercio.

/CCH/ Andina

El flamante presidente del Tribunal Constitucional (TC), Manuel Miranda Canales, reiteró que la nueva Ley Universitaria, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la educación superior, es constitucional, por lo cual no existen argumentos para no aplicarla.

Refirió que el TC, tras haber recibido demandas de diversa naturaleza de los colegios de abogados, de más de 5 000 ciudadanos y de los propios congresistas, ya falló sobre la constitucionalidad de esta norma.

“El Tribunal Constitucional ha emitido una resolución después de un debate y ha declarado en líneas generales que la Nueva Ley Universitaria es constitucional”, afirmó en declaraciones a la prensa.

Asimismo, señaló que la aplicación de la norma corresponde al Poder Judicial.

“Nosotros como Tribunal Constitucional no entramos en la ejecución de las leyes, eso corresponde a los canales correspondientes, en este caso el Poder Judicial y ahí se están ventilando, se ventilarán, y ahí se darán los resultados”, señaló.

Tras juramentar como nuevo titular del TC, Miranda Canales precisó que la Nueva Ley Universitaria trae una norma interpretativa en el sentido de que los profesores universitarios que ahora no tienen grado de magister, lo podrán ser dentro de cinco años. 

“Pero no contados desde la publicación de la ley, sino desde la publicación de nuestra sentencia, es decir un año y medio más”, precisó.

/CCH/ Andina

El jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano, anunció esta tarde que el Gobierno ha dispuesto la instalación de una base militar que combatirá y erradicará la minería ilegal en la zona de La Pampa, en la región Madre de Dios, en la selva sur peruana.

Fue el primer acuerdo al que arribó el Ejecutivo y las autoridades de Madre de Dios, tras la instalación de la mesa de diálogo para el desarrollo sostenible de esta región amazónica, en la base de la Fuerza Aérea del Perú, adyacente al aeropuerto local.

De esta manera se atendió la solicitud que sustentó el gobernador regional, Luis Otsuka, quien dijo que era la forma más rápida y eficaz de enfrentar la minería ilegal. 

Cateriano Bellido indicó que el Ministerio de Defensa será la institución encargada de implementar la referida base en un plazo no mayor a los 90 días. 

En la reunión, Otsuka ofreció un panorama general sobre los principales problemas de la región y solicitó la derogatoria o modificatoria de los decretos supremos 013 y 016 que, a su juicio, no permiten el desarrollo integral de su pueblo.

Bajo esa premisa, pidió que la restricción de la venta de combustibles se aplique exclusivamente en la zona de La Pampa, y en el resto de la región se levante la mencionada medida.

Igualmente apuntó la necesidad de que se varíe sustancialmente los decretos legislativos 1220 y 1237, que restringen y penalizan la actividad forestal, en perjuicio de los agricultores de la Amazonía.

Cateriano señaló que las mesas de trabajo, con asistencia de ministros y funcionarios, se reiniciarán el 18 de enero, fecha en que se buscará salidas a los requerimientos de la región Madre de Dios, a través de sus autoridades.

Entre los planteamientos figura la creación de la empresa autónoma de energía eléctrica para la región, el rediseño de las acciones para una verdadera formalización de la minería, una sesión descentralizada del Consejo de Ministros y la derogatoria o modificatoria de los decretos supremos 013 y 016, y de los decretos legislativos relacionados al tema forestal para la Amazonía.

En la cita de esta tarde participaron los ministros del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, Energía y Minas, Rosa Ortiz, Defensa, Jakke Valakivi, y del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, entre otros altos funcionarios.

Por la región Madre de Dios estuvieron el gobernador Luis Otsuka, acompañado de funcionarios y equipo técnico, los alcaldes provinciales  de Tambopata, Manu y Tahuamanu, distritos, dirigentes de la alianza de federaciones, organizaciones productivas, comunidades nativas y cámara de comercio.

/CCH/ Andina

Ante los hechos suscitados en universidades públicas que se niegan a adecuarse a la Ley Universitaria, el Ministerio de Educación (Minedu), la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y la Contraloría General de la República coordinan las medidas a adoptar para el cumplimiento de la legalidad.

En un comunicado oficial, la Contraloría informó que ante el agravamiento de la situación y la intranquilidad que esto genera en el desarrollo de las actividades académicas, es que los tres organismos han acordado reunirse para encontrar una solución al tema.

La institución recordó que en 2015 efectuó controles simultáneos preventivos en 31 universidades públicas, con el fin de verificar el cumplimiento de la nueva norma, producto de lo cual se identificaron riesgos y se emitieron oportunamente informes de control con recomendaciones para subsanarlos. 

Dichos riesgos y recomendaciones, agregó, fueron comunicados a los titulares de las universidades correspondientes, a fin de que tomen las medidas respectivas y se continúe el proceso en cumplimiento de la ley. 

/CCH/ Andina

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 resolvió abrir un proceso sancionador contra Solidaridad Nacional para determinar la presunta infracción a la Ley Orgánica de Elecciones en lo relacionado a la propaganda electoral prohibida que atenta contra las buenas costumbres y la honorabilidad de los candidatos, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El proceso contra Solidaridad Nacional se realiza en base a un informe elaborado por el coordinador de fiscalizaciones del JEE, Leonel Concha Montoya, donde se hace mención al primer spot publicitario del candidato presidencial Hernando "Nano" Guerra García, quien se refiere a varios candidatos (con sus imágenes en pantalla) de manera aparentemente ofensiva.

“Se dispone abrir proceso sancionador contra la organización política Solidaridad Nacional, puesto que se considera que existen suficientes elementos probatorios que justifican objetivamente el inicio de dicho procedimiento para la determinación de infracción a las normas de propaganda electoral en periodo electoral, por contravenir el artículo 389 de la Ley Orgánica de Elecciones”, señala la resolución del JEE. 

El artículo 389 de la Ley Orgánica de Elecciones indica que “es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos años aquel que haga propaganda electoral, cualquiera que sea el medio empleado, en las horas en que está suspendida; o aquel que atente contra la ley, las buenas costumbres o agravia en su honor a un candidato o a un partido”.

El informe de fiscalización que da origen al caso ha sido enviado al personero legal de Solidaridad Nacional para que en el plazo de tres días hábiles proceda a realizar sus descargos y remita la información que considere pertinente.

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 es presidido por Manuel Miranda Alcántara. 

/CCH/ Andina

El presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, invocó a los rectores declarados en abierta rebeldía frente a la Ley Universitaria, a deponer su actitud y acatar esta norma, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la educación superior.

“Invocamos a los rectores que aún se ponen en rebeldía a que se les ilumine el cerebro y entren al estado de derecho”, manifestó durante su discurso pronunciado en una actividad oficial en Ocobamba, distrito de la provincia de Chincheros, ubicado en la región Apurímac.

El jefe del Estado enfatizó que el gobierno no quiere universidades “de medio pelo”, por lo cual impulsa una reforma cuyo objetivo es garantizar educación superior de calidad.

Humala advirtió que, de mantener su posición de desacato frente a la Ley Universitaria, estas autoridades "no podrán firmar nada", perjudicando así a los estudiantes y a los procesos de obtención de títulos profesionales.

"Queremos fortalecer la educación universitaria. Este objetivo se tradujo en la reforma educativa desarrollada en el ámbito universitario, a través de la creación de la Sunedu, mediante un nuevo marco legal", comentó.

Estas palabras las dijo al dirigirse a los pobladores de Ocobamba, jurisdicción distrital a la que el mandatario llegó para inaugurar diversas obras viales.

Tras resaltar la predisposición del Poder Ejecutivo de colaborar en la realización de proyectos que contribuyan al desarrollo de los pueblos menos favorecidos, Humala destacó los logros que su gobierno está alcanzando en el tema educativo.

"Jamás se invirtió tanto en educación como con este gobierno", indicó al señalar que el monto destinado a dicho rubro sobrepasa los S/. 1 000 000 000.

Asimismo, resaltó que, a través del Programa Beca 18, se han entregado más de 83 000 becas a jóvenes cuya condición social no les permitiría seguir estudios superiores "y solo se dedicarían a sobrevivir".

La inclusión social pasa también por la educación y el proporcionar acceso a servicios básicos a la población más necesitada, indicó.

En el caso concreto de la región Apurímac, hasta donde se desplazó, Humala señaló haber encontrado que solo el catorce por ciento de la población accedía al agua potable; situación que en 2016 ha mejorado, ampliándose a 70 por ciento.

En ese punto, pidió que las autoridades municipales y regionales "trabajen de manera transparente" junto al gobierno central.

"Mientras no se robe, los apoyo, y si se equivocan, corregimos", indicó el dignatario.

/CCH/ Andina

El congresista Daniel Mora, cuestionó al candidato presidencial Alejandro Toledo por declarar que en un eventual gobierno de Perú Posible disolvería la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

La posición de Toledo es inconsistente y no tiene ningún asidero, remarcó el ex presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso peruano.

“Creo que él no tiene mayor conocimiento de lo que es la universidad en el Perú. La calidad de las universidades en Estados Unidos, donde Toledo ha estudiado, no se compara con la nuestra. Esa calidad se verifica con supervisión”, anotó. 

Asimismo, refirió que la SUNEDU debe convocar inmediatamente al Ministerio Público para lograr el desalojo de Pedro Cotillo en el rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y hacer que se cumpla la Ley Universitaria vigente desde el 10 de julio del año pasado.

El parlamentario dijo que después de la salida de Cotillo debe iniciarse el proceso de cumplimiento de implementación de la Ley Universitaria, sin perjuicio de las actividades académicas.

Para finalizar, Mora calificó de “lamentable” que cuatro universidades estatales, de un total de 31, no cumplan con la ley, pese a las resoluciones judiciales emitidas por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.  

/P.A.G./

Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el fuero Militar Policial pasó a ocupar el primer lugar en ejecución presupuestal del año 2015, al haber ejecutado el 99.4 % de su presupuesto institucional y 100 % en proyectos de inversión correspondientes al ejercicio que acaba de concluir.

Su presidente, general Juan Pablo Ramos Espinoza, señala que ello se debe a una serie de proyectos de implementación y mejora de su sistema de administración de justicia especializada.

La inversión realizada -refiere- fortalece institucionalmente a la justicia militar policial y la dota de nuevos recursos, en momentos en que se “trabaja por producir un cambio en la calidad del desempeño de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional".

El fuero Militar Policial, es el organismo establecido por la Constitución para investigar los delitos de función que cometen los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en situación de actividad durante el cumplimiento de operaciones militares y policiales.

El órgano jurisdiccional ha gastado un total de S/. 18’541,351, de su Presupuesto Institucional Modificado PIM, (ascendente a S/. 18’646,058, según el reporte de gestión presentado al cierre del año por el MEF.

Igualmente, ocupa el primer lugar en ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP), rubro en el cual ha ejecutado el 100 % de un presupuesto ascendente a S/. 2’781,012.

Esta inversión fue dirigida a modernizar el sistema de notificaciones judiciales, cambio del parque automotor con más de 20 años de antigüedad, dotar de tecnología a los juzgados y salas de juzgamiento en las cinco divisiones de la justicia militar policial (tribunales superiores) a nivel nacional y modernización de instalaciones de la sede central.  

En la lista de mayor ejecución presupuestal se encuentran: el Poder Judicial, con 98.8 %; el Ministerio de Cultura, con el 98.6 %; Transportes y Comunicaciones, 98.0; y Ministerio Público, con 97.7 %.

/P.A.G./

El ministro de Justicia, Aldo Vásquez, dijo la noche de ayer que las observaciones al tratado de extradición con Francia están plenamente justificadas, por lo que descartó que esto sea parte de una maniobra política.

En el hipotético caso que un exfuncionario del gobierno llegara a buscar refugio en Francia, y el Perú pida su extradición, con tratado o sin tratado siempre se podrá invocar el principio de reciprocidad, pero además el próximo gobierno podría perfectamente aprobar el acuerdo, señaló.

El titular de la cartera precisó que el Gobierno peruano no busca la cancelación del acuerdo logrado con Francia, sino su perfeccionamiento, para lo cual buscará un diálogo con las autoridades galas.

"El Ejecutivo no ha dicho en ningún momento que el tratado no va, no se ha descalificado el tratado (...) lo que hemos dicho es que hay elementos que requieren un tratamiento más preciso", detalló a un canal de televisión por cable.

En ese sentido, Vásquez refirió que lo que preocupa al gobierno peruano es, primero, que en el acuerdo no queda claro si Francia se compromete a extraditar a sus ciudadanos, como sí lo hará el Perú; y en segundo lugar, el manejo de la prescripción.

Con respecto al primer punto, señaló que el artículo 113 del Código Penal de Francia señala que París podrá juzgar a sus ciudadanos en cualquier parte del mundo, pero además la experiencia indica que dicho país no extradita a sus ciudadanos.

Si París, efectivamente, confirma que no extraditará a sus ciudadanos, no se cancela el tratado, sino se ajustará la cláusula correspondiente al Perú, para que haya una equivalencia, aclaró.

Sobre la prescripción, anotó que el problema es que los plazos de este concepto en el país europeo son más cortos que en el Perú, por lo que un extraditable bien podría demorar los tiempos en Francia, esperar que se cumpla la prescripción, y así evadir el pedido de la justicia peruana.

La tendencia internacional es que rija la prescripción del país solicitante de la extradición, donde se ha cometido el delito, no del concedente, tal como sucede en la Unión Europea, y en los últimos acuerdos firmados por Perú, subrayó.

Finalmente, señaló que las observaciones surgieron de la evaluación que hicieron varios ministerios después de su aprobación en el Congreso, y que aún hay tiempo de corrección porque el proceso no termina todavía.

/P.A.G./