Política

El Gobierno declaró hoy su reconocimiento a las defensoras y defensores públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), quienes, desde 34 direcciones distritales distribuidas en todo el país, brindan servicios de asistencia y patrocinio legal gratuito principalmente a personas en situación de vulnerabilidad o de escasos recursos económicos.

El acto de reconocimiento se realizó en ceremonia especial en Palacio de Gobierno, encabezada por la presidenta de la república, Dina Boluarte, y el titular del sector Eduardo Arana, en la que se distinguió a cuatro profesionales ganadores del concurso "Defensor del Bicentenario".

La mandataria resaltó el trabajo de estos profesionales para acercar la justicia a las peruanas y peruanos y señaló que defender los derechos de las personas es una de las labores más nobles que puede cumplir un ser humano.

Manifestó, que su Gobierno ha puesto especial énfasis en la labor de acercar los servicios del Estado a la población, en la costa, sierra y selva, y expresó el respaldo de su gestión al trabajo de las y los defensores públicos.

El ministro Arana, por su parte, expresó su reconocimiento al arduo trabajo que desempeñan los defensores públicos en todo el territorio nacional, "dando una mano amiga a la población que más lo necesita".

Dijo que la Defensa Pública del ministerio es el estudio jurídico más grande del país y brinda servicios con mística, voluntad de trabajo y resultados.

Además, que el año pasado se ofreció más de un millón de atenciones en todo el Perú, a través de consultas y patrocinios, lo que implica que más de un millón de personas fueron escuchadas por el Estado a través de esta dependencia de su sector.

En el acto, realizado en el marco del 28 aniversario de la Defensa Pública, se reconoció a los cuatro ganadores del concurso "Defensor del Bicentenario", entre ellos Edgard Guzmán, de Tacna, en la categoría Defensa Penal; Jhox Tineo, de Ayacucho (Asistencia Legal); Mariusca Pereda, de Áncash (Servicios Multidisciplinarios); y José Manrique, de Moquegua (Conciliación Extrajudicial).

La Defensa Pública cuenta con 2,062 defensores públicos distribuidos en 390 sedes en todo el país, con 121 profesionales del equipo multidisciplinario y 96 conciliadores extrajudiciales.

/MPG/

El canciller Javier González-Olaechea sostuvo hoy un encuentro de trabajo con su homólogo de Trinidad y Tobago, Amery Brown.

Dicha cita se desarrolló en el marco de la VIII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realiza en la San Vicente y las Granadinas. 

Durante el encuentro ambas autoridades acordaron profundizar los vínculos bilaterales entre ambos países.

En ese marco, suscribieron un Memorándum de Entendimiento que establece el Mecanismo de Consultas Políticas, el cual permitirá institucionalizar el diálogo político.

Jamaica

Asimismo, el titular de Relaciones Exteriores también se reunió con la canciller de Jamaica Kamina Smith, ocasión en la que se comprometieron a fortalecer el diálogo y la cooperación bilateral, así como en el marco de la Comunidad del Caribe (Caricom). 

Ambas autoridades dialogaron sobre la próxima visita del BAP "Unión" a Jamaica, y respecto a asuntos de interés mutuo en el ámbito regional y multilateral.

Participación

Como se recuerda, el canciller se encuentra en Kingstown (San Vicente y las Granadinas), donde participó en la VIII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Además, también estuvo presente en la III Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores del Consenso de Brasilia, que se celebra de forma paralela a la referida cumbre.

/ANDINA/PE/

La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso de la República dos denuncias constitucionales contra las parlamentarias Rosio Torres Salinas y Heidy Lisbeth Juárez Calle.

Esta medida, según informa el organismo a través de su cuenta oficial en la plataforma X (antes Twitter), se hizo a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.

Las denuncias constitucionales contra ambas congresistas se debe a la presunta comisión del delito de concusión. 

Asimismo, se precisa que los hechos guardan relación con cobros presuntamente indebidos que las referidas parlamentarias habrían efectuado a personal de sus respectivos despachos congresales y de las comisiones que presidían.

Como se recuerda, el 4 de abril del año pasado, la Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra la congresista Rosio Torres como presunta autora del delito de concusión por los presuntos cobros irregulares a los trabajadores de su despacho.

La investigación también comprende a Juan Daniel Pérez Guerra, sobrino de la legisladora, como presunto cómplice del referido delito.

Posteriormente, el 14 de abril, la Fiscalía de la Nación también abrió investigación preliminar contra Heidy Juárez, ante la presunta comisión del delito de concusión. Ello porque también habría ocurrido el cobro irregular a trabajadores de su despacho. 

/PE/

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, celebrará está tarde una audiencia pública en la que abordará la situación del Ministerio Público en el Perú y su impacto en los derechos humanos.

En esta audiencia, la CIDH recibe información relevante sobre amenazas, presiones e influencias indebidas sobre la fiscalía, que podrían obstaculizar su funcionamiento independiente y comprometer el respeto de los principios democráticos. 

La solicitud de esta audiencia fue realizada a inicios de diciembre de 2023 por el Instituto de Defensa Legal-IDL (Perú), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). 

La solicitud se presentó durante la gestión de la entonces Fiscal de la Nación Patricia Benavides, quien actualmente se encuentra suspendida del cargo. Actualmente, este cargo es ejercido de forma interina por el fiscal supremo Juan Carlos Villena.

El Gobierno del Perú expresó hoy su condena y pesar por los hechos ocurridos en el norte de la Franja de Gaza, que condujeron a la muerte de decenas de civiles indefensos y numerosos heridos.

Este mensaje fue transmitido a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores por medio de sus redes sociales oficiales.

"El Gobierno del Perú expresa su condena y pesar por los hechos ocurridos el pasado 29 de febrero, en el norte de la Franja de Gaza, que condujeron a la muerte de decenas de civiles indefensos y numerosos heridos", refiere en el documento. 

Asimismo, transmite sus más sentidas condolencias y solidaridad "con las familias de los afectados, sin distinción de nacionalidad o credo".  

"El Perú exhorta a respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario y a garantizar la protección de los civiles y el flujo de la ayuda humanitaria", agrega el comunicado. 

Además, resalta que el Perú, guiado por su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y la solución pacífica de las controversias, seguirá abogando por la solución de dos Estados, Palestina e Israel, conforme a la Resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1947.

Ello con la finalidad de que puedan convivir en paz, "dentro de fronteras internacionalmente reconocidas y seguras, de conformidad con el derecho internacional y demás resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas".

/PE/

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria quedo expedito para pronunciarse respecto a la tutela de derechos solicitada por la fiscal Patricia Benavides en la investigación que se le sigue por supuesto delito de organización criminal.

Tras escuchar las posiciones defendidas por Benavides, su abogado y la fiscalía, el juez Juan Carlos Checkley dio por terminada la audiencia y señaló que la decisión que adoptará se les comunicará a ambas partes a través de sus casillas electrónicas.

La tutela de derechos interpuesta por la exfiscal de la Nación implica que se anulen las diligencias efectuadas por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en la investigación a la que está sometida. 

En ese contexto, Benavides considera irregular que la investigación corra a cargo de la fiscal Delia Espinoza.

Del mismo modo, ha solicitado que se excluya de lo actuado en este proceso la información entregada por el agente especial ‘Roberto’, infiltrado en el Congreso por el caso de las supuestas negociaciones entre Benavides y diversas bancadas parlamentarias.

A su vez, el Ministerio Público requirió que sea declarado infundado el pedido de tutela de derechos.

"Proceso kafkiano

Durante la audiencia, Benavides pidió hacer uso de la palabra para pedir que se respete el debido proceso en esta investigación. Refrió que en su carrera siempre ha respetado esta prerrogativa, incluso en el caso del expresidente Pedro Castillo, como lo demuestra el hecho de que sigan vigentes las investigaciones que ella inició.

“Me enfrento a un proceso kafkiano donde no se ha respetado la Constitución y la ley”, manifestó la exfiscal de la Nación, quien consideró que es la Fiscalía de la Nación la que debe investigarla, pero ello no se ha cumplido, delegándose las pesquisas a otra fiscalía de manera irregular, según dijo.

/ANDINA/PE/

La presidenta Dina Boluarte participa en la ceremonia de reconocimiento al 'Defensor del Bicentenario', distinción que busca destacar el desempeño de los defensores públicos en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad.

La ceremonia se realizará hoy al mediodía en Palacio de Gobierno.

/DBD/

La presidenta Dina Boluarte sostuvo hoy que la Ley de Ciberdefensa y su reglamento marcan un hito en el compromiso con la seguridad nacional y garantiza la protección de los activos críticos nacionales y los recursos claves ante un eventual ciberataque.

“Este reglamento establece un marco jurídico para las operaciones militares en el ciberespacio, de esta menara garantizamos la protección de activos crítico nacionales y recurso claves ante eventuales ciberataques a instalaciones de gas, sistema interconectado de electricidad, centrales eléctricas, plantas de refinamiento, servicios públicos primordiales, sistemas de comunicaciones y sistemas de mando y control”, refirió.

Asimismo, el reglamento regula las operaciones en y mediante el ciberespacio, asignando roles y responsabilidades al Ministerio de defensa y a otros organismos ejecutores, a fin de garantizar una respuesta coordinada y efectiva contra las crecientes amenazas en el ciberespacio que no conoce de fronteras.

“Además refuerza nuestro compromiso con la protección de los derechos y libertades de nuestros ciudadanos en el entorno digital, asegurando que las operaciones de ciberdefensa se hagan respetando siempre el marco legal y los estándares del derecho internacional”, apuntó

Durante la ceremonia de presentación del reglamento, la mandataria reconoció la partición en este proceso de los ministerios de Defensa, Justicia, Relaciones Exteriores, la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de inteligencia y otros.

“juntos y unidos avanzamos hacia un futuro más seguro para nuestro país, demostrando que estamos preparados para enfrentar y superar los desafíos del ciberespacio. Gracias a todos por su compromiso, su dedicación y su trabajo arduo, sigamos adelante unidos en la defensa de nuestra nación en todas las dimensiones”, manifestó.

La mandataria destacó también que, a la par de intensificar el uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo del país y el bienestar de la población, se debe garantizar la seguridad de los principales sistemas digitales del país, protegiéndolos ante cualquier amenaza, porque la seguridad y el bienestar de la nación dependen de la fortaleza física pero también de la capacidad de resiliencia en el ciberespacio.

/DBD/

El pleno del Congreso desestimó las mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, así como la que planteaba interpelar al ministro de Justicia, Eduardo Arana.

En el caso de la moción de vacancia presidencial, 69 congresistas se expresaron en contra, mientras que 28 votaron a favor y seis se abstuvieron.

El vocero de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, se encargó de sustentar el pedido, argumentando que los viajes al extranjero de la mandataria “no se ajustan al marco constitucional vigente puesto que salió del país sin tener ningún vicepresidente al cual encargar el Despacho Presidencial”.

Respecto a la legislación que autoriza los viajes al exterior de la Jefa del Estado y la faculta a ejercer funciones de gobierno de manera remota, Cruz indicó que ninguna norma puede estar por encima de lo que se indica en la Constitución.

Mociones de interpelación

De otro lado, el pleno del Congreso no admitió a debate la moción de interpelación planteada en contra del ministro de Justicia, Eduardo Arana. 62 parlamentarios votaron en contra, 25 a favor y 13 se abstuvieron.

La sustentación del pedido corrió a cargo del parlamentario no agrupado Jaime Quito, quien señaló que este se sustenta en la liberación del expresidente Alberto Fujimori, autorizada por el gobierno y ejecutada a través de la cartera ministerial a cargo de Arana.

El legislador afirmó que la salida de prisión del exmandatario mencionado, si bien fue dispuesta por una sentencia del Tribunal Constitucional, “resulta contraria a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y contraviene a la obligación del Ejecutivo de cumplir y hacer cumplir los tratados internacionales”.

Asimismo, antes de que se levante la sesión plenaria, se dio cuenta de la presentación de dos mociones de interpelación planteadas contra la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, presentada por diversas bancadas. Las preguntas formuladas tienen que ver con las modificaciones en el sistema de acceso al turismo a Machu Picchu.

Se hizo lo mismo respecto a dos mociones interpelatorias dirigidas al ministro del Interior Víctor Torres respecto a temas de seguridad ciudadana, así como de un pedido similar para el titular de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez a fin de que responda sobre lo que los parlamentarios firmantes consideran “su ineficiencia e ineficacia” en ese sector.

El titular del Parlamento, Alejandro Soto, señaló que, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de este poder del Estado, en la próxima sesión plenaria se procederá a consultar la admisión de estos pedidos.

/DBD/

El titular de la presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, destacó la puesta en vigencia del reglamento de la Ley de Ciberdefensa, y consideró que Perú cuenta por primera vez en su historia con “un marco normativo sólido” sobre ese tema.

Durante la ceremonia en la cual fue promulgado ese reglamento, el titular del gabinete ministerial señaló que la finalidad de dicha legislación “es proteger los intereses del país ante amenazas y ataques en el ciberespacio”.

“Este reglamento contribuye a minimizar y evitar pérdidas económicas producto de ciberataques a los activos críticos nacionales y recursos clave, como instalaciones de gas, sistemas interconectados de alta intensidad, centrales eléctricas, plantas de refinamiento, servicios públicos primordiales, sistemas de comunicación, entre otras”, explicó.

Otárola recalcó que la Ley de Ciberdefensa fue promulgada en 2019, pero pasaron casi cinco años sin que se reglamente; situación que hoy ha variado por disposición de la presidenta Dima Boluarte.

“Por primera vez nuestro país cuenta con un marco normativo solido en ciberdefensa que permitirá a nuestras instituciones adoptar las medidas necesarias para resguardar los intereses de nuestra nación”, manifestó Otárola.

Recordó que en los últimos tiempos, tanto en Perú como en otros países, “hemos visto ciberataques a infraestructura crítica y recursos claves en diversos puntos en el mundo a  instituciones públicas, servicios básicos, aeropuertos y hospitales e incluso el robo de información de los sistemas”.

“Es un asunto urgente frente al cual debemos prepararnos y responder como gobierno y estado”, manifestó.

Estas acciones resultan “muy perjudiciales para nuestra patria, nuestra seguridad y nuestros ciudadanos”, añadió.

/DBD/