Política

La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, destacó las "excelentes e históricas" relaciones diplomáticas con Japón, que este año cumplen 150 años.

Fue durante una ceremonia de bienvenida a dos buques de entrenamiento de la marina japonesa.

La canciller resaltó, asimismo, el rol de la cooperación japonesa en Perú y el "trabajo conjunto en diferentes foros multilaterales", como el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), así como el apoyo de Japón al proceso de adhesión peruano a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Perú asumirá la presidencia de APEC en 2024 y la Cancillería está a cargo de las actividades preparatorias de la cumbre de jefes de Estado de los países miembro que se realizará el próximo año en el país.

Con respecto a la OCDE, las autoridades peruanas adoptaron la hoja de ruta del proceso de adhesión a este organismo en junio del año pasado, documento en el que se detallan los instrumentos normativos que Perú debe incorporar para completar su admisión.

Los buques de entrenamiento Kashima y Hatakaze de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón llegaron el martes al puerto de Callao y permanecerán en el territorio peruano hasta el próximo viernes, como parte de las actividades oficiales por el 150 aniversario de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Gervasi dijo que, en forma recíproca, el buque escuela de la armada peruana Unión visitará igualmente ese país cuando acodere en el puerto de Tokio entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre próximos, como parte de una gira de instrucción alrededor del mundo que inició hace unas semanas.

La Marina de Guerra del Perú informó que los buques japoneses realizarán un ejercicio PASSEX con naves peruanas para fortalecer el entrenamiento e interoperabilidad, como parte de su propio crucero de instrucción.

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El delito de trata de menores, regulado en el artículo 129-A del Código Penal, por grave y pluriofensivo al lesionar varios bienes protegidos por la Constitución, puede ser sancionado hasta con la pena máxima de cadena perpetua. 

Así lo sostuvo el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, Marco Antonio Angulo Morales.

Comete este ilícito el que, mediante violencia, amenaza u otro tipo de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro, en el territorio de la República o para su salida o entrada del país con fines de explotación.

“La trata es, además, un delito transnacional porque participan organizaciones criminales que no solo delinquen a nivel nacional, sino que tienen conexiones más allá de las fronteras”, refirió el juez.

Y agregó: “El acto mismo consiste en la ubicación de la víctima para ser trasladada y utilizarla en actividades como prostitución, trabajos forzados, y obtener con ello un beneficio económico ilícito”.

El o las agravantes se dan, precisó el magistrado, cuando la víctima es un/a menor de 18 años de edad o mujeres y si este/a fallece.

Al respecto, indicó Angulo Morales que por la gravedad del ilícito las penas van desde los 8 años de cárcel hasta cadena perpetua

“Si la víctima fallece como consecuencia del delito de trata, se castiga con la máxima pena”, refirió el juez.

El juez superior señaló que este delito puede manifestarse cuando la víctima menor es captada y trasladada a un ámbito del trabajo doméstico.

También en los campamentos mineros, en que los delincuentes o la organización someten a las víctimas a una especie de esclavitud en actos de prostitución.

En este caso, la responsabilidad recae en el tratante y en los clientes de estos servicios ilegales, y por su condición de autor y coautor, tendrán que recibir la drástica sanción, resaltó el magistrado.

Por ello, recalcó Angulo Morales que es deber del Estado y del sector justicia cautelar adecuadamente la protección de las víctimas menores para que no sean sometidos a estas organizaciones.

“El Poder Judicial está respondiendo a las expectativas de la sociedad y ante los requerimientos fiscales, para la tramitación y posterior juzgamiento y se están imponiendo penas severas como corresponde, porque es un delito grave y representa un alto índice de recurrencia”, puntualizó Angulo Morales.

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El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se sumó al pedido formulado por empresarios y emprendedores de la micro, mediana y gran empresa que exigen trabajar y circular libremente y se respete su derecho constitucional a la paz y a la tranquilidad frente a la convocatoria de la marcha para el próximo 19 de julio.

"Empresarios y emprendedores de la micro, mediana y gran empresa, asociados en 170 instituciones de todo el país exigen trabajar y circular libremente, y se respete su derecho constitucional a la paz y a la tranquilidad", resaltó el jefe del Gabinete a través de su cuenta de Twitter.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Asociación de Exportadores (Adex), la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), entre otros gremios, se pronunciaron en relación a las anunciada marcha del próximo 19 de julio.

Pidieron fomentar el diálogo y la solución pacífica de las diferencias con respeto a la vida e integridad de todos los peruanos.

"Exhortamos a la unidad nacional y estamos en contra de un país dividido o paralizado. En el Perú los peruanos queremos trabajar y salir adelante con paz y desarrollo nacional", refirieron.

El ministro del Interior, Vicente Romero, también se pronunció al respecto y señaló que la Policía Nacional adopta las previsiones necesarias para garantizar la seguridad de todos los peruanos en Fiestas Patrias y en la anunciada marcha convocada para el próximo 19 de julio.

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El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) emitió un comunicado y descartó que exista cualquier tipo de copamiento o despidos de personal, ello en respuesta a recientes publicaciones sobre la materia.

IRTP precisó que los funcionarios, que hasta el mes de junio ocupaban la Gerencia General, Gerencia de Prensa, Gerencia de Radio y Jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica, presentaron sus respectivas cartas de renuncia.

“En ninguno de los casos se trató de ceses, despidos ni retiros de confianza”, informó el IRTP a través de un comunicado.

El documento señala también que las personas naturales que se adjudican órdenes de servicio, las ejecutan respecto a la actividad específica y plazo suscrito. Agrega que estas acciones no obedecen a procesos de renovación ni generan vinculación laboral alguna.

“El IRTP descarta cualquier tipo de copamiento y ratifica los principios de eficiencia operativa, meritocracia y optimización de los recursos públicos”, indica el documento difundido en su cuenta de Twitter.

Informó, además, que la actual gestión ha designado, por confianza, exclusivamente a tres funcionarios en las posiciones de Asesoría de Presidencia Ejecutiva, la Gerencia de Televisión, y la Jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica.

Asimismo, menciona que se designó como gerente general temporal al Sr. Luis Francisco Vivanco Aldon, mediante resolución de su Presidencia Ejecutiva.

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Como un "error" así lo reconoció la ministra de Cultura, Leslie Urteaga la reunión que sostuvo su institución con el colectivo denominado como "La Resistencia", cuestionada por presuntos actos extremistas.

"Reconozco que ha sido un error. Yo asumo mi responsabilidad por eso estoy aquí dando la cara, diciéndole a la población que el Ministerio de Cultura tiene como función atender a las personas que puedan verse vulneradas de algún derecho cultural", dijo Urteaga en declaraciones a RPP.

La titular del Mincul aseveró que desde su sector se modificarán los procedimientos de atención a la ciudadanía a fin de que haya mayor igualdad con todos.

"Rechazamos y condenamos enérgicamente los actos de violencia a través de grupos extremistas nosotros asumimos una responsabilidad, hay errores, estamos corrigiendo. Manifestamos nuestras disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos al respecto. Tenemos que mejorar nuestros procedimientos para que esto no ocurra. El Ministerio de Cultura es un ministerio que brinda servicios culturales al margen de las ideologías", afirmó.

"Ese procedimiento que vamos a mejorar nos va a permitir tener igualdad con todos, esa es la idea", añadió.

Asimismo, mencionó que ha podido conversar con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, pero aún no con la jefa de Estado, Dina Boluarte. Precisó que serán ellos quienes indiquen si continuará o no en el cargo.

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El ministro del Interior, Vicente Romero afirmó que la Policía Nacional viene tomando las previsiones necesarias para garantizar la seguridad de todos los peruanos en Fiestas Patrias y en la anunciada marcha convocada para el próximo 19 de julio.

“Tenemos el personal suficiente para controlar cualquier tema en el país”, señaló en rueda de prensa. “En la Policía Nacional nos hemos preparado; hemos hecho las capacitaciones necesarias y hay un plan general a nivel nacional”, expresó el representante del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, “se han tomado todas las previsiones necesarias”, dijo Romero. “Las actividades (por Fiestas Patrias) se tienen que desarrollar en el país de manera normal; tengan ustedes la seguridad”, manifestó.

En cuanto a la marcha denominada ‘Toma de Lima’, el ministro señaló que quienes participen de ella de forma pacífica “no tendrán ningún problema”. “Al contrario: vamos a apoyarlos dándoles seguridad”, manifestó.

Sin embargo, de detectarse comportamientos violentos, la Policía “tiene instrucciones precisas y sus propias formas y directivas, e intervendrán de acuerdo a ley”, indicó.

Consultado sobre el control policial en carreteras en la entrada a la ciudad de Lima, el ministro señaló que estas se dan particularmente en garitas de control como la de Pucusana, donde se detecta a las personas que tengan requisitorias.

“Es un mecanismo, una línea de acción que trabaja la Policía Nacional para darle seguridad en puntos de entrada y salida” a la ciudad, manifestó.

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Los peruanos que residen en el extranjero y que retornen al país podrán acceder a incentivos tributarios a fin de poder reinsertarse económicamente, de acuerdo a una ley oficializada por el Congreso.

Se trata de la Ley Nº 31827, que modifica la Ley de reinserción económica y social para el migrante retornado, publicada por el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Según la norma, se facilitará el retorno de los ciudadanos, independientemente de su situación migratoria, mediante incentivos y acciones de aquellos que contribuyan con la generación de empleo productivo o favorezcan la transferencia de conocimiento y tecnología, tras la crisis sanitaria internacional del covid-19.

Podrán manifestar por escrito ante la autoridad competente en el exterior o en el interior del país su interés de acogerse a los beneficios tributarios en un plazo máximo de 180 días calendario antes o después de su fecha de ingreso al país.

Para ello, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Los peruanos que deseen retornar al Perú que hayan residido en el exterior sin interrupciones por un tiempo no menor de 3 años.

b) Los peruanos que hayan sido forzados a retornar por su condición migratoria por el Estado receptor y que hayan permanecido en el exterior sin interrupciones por 2 años.

En ambos casos, el cómputo para el plazo exigido en el exterior no será afectado por las visitas realizadas por dichos connacionales al Perú que no excedan los 180 días calendario al año, sean estos consecutivos o alternados.

La autoridad competente expedirá una tarjeta que le permita al retornado solicitar los beneficios. La solicitud de acogimiento debe ser resuelta en un plazo no mayor de 30 días hábiles.

Los peruanos que se acojan a los beneficios tributarios estarán liberados por única vez del pago de todo tributo que grave el internamiento en el país de los siguientes bienes:

a) Menaje de casa hasta por US$ 50,000.

b) Un vehículo automotor, hasta por un máximo de US$ 50,000, según la tabla de valores referenciales de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), siempre que se cumpla con los requisitos previstos en la normatividad vigente.

c) Instrumentos, maquinarias, equipos, bienes de capital, dispositivos médicos y demás bienes que usen en el desempeño de su trabajo, profesión, oficio o actividad empresarial, hasta por un máximo de US$ 350,000, siempre que presenten un perfil de proyecto destinado a un área productiva vinculada directamente al desarrollo de su trabajo, profesión, oficio o empresa que pretendan desarrollar en el país, o se trate de científicos o investigadores debidamente acreditados.

Los beneficiarios solicitan ante la Sunat los incentivos tributarios dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la fecha de su ingreso al país cuando hubiesen obtenido la tarjeta del migrante retornado en el exterior. Si la tarjeta del migrante retornado ha sido obtenida en el país, el plazo se computa desde la fecha de su emisión.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Sunat atienden excepcionalmente al ciudadano peruano que, habiendo residido de forma consecutiva en el exterior el tiempo mínimo establecido, se ha visto imposibilitado de cumplir con el plazo para presentar por escrito su intención de acceder a la norma, con el plazo aduanero para solicitar los incentivos tributarios o con el período máximo para visitas al Perú, cuando acredite causas de fuerza mayor o hecho fortuito.

El ciudadano deberá proporcionar documentación emitida por una autoridad pública, una empresa de transporte internacional o certificación médica que acredite la situación que genera una atención extraordinaria.

La consideración sobre el tiempo máximo para visitas al Perú deberá ser proporcional al motivo que la genera y, para el caso de los plazos, la solicitud excepcional no puede ser presentada después de 30 días de culminada la situación que origina la excepción.

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La presidenta Dina Boluarte liderará la sesión del Consejo de Ministros, en Palacio de Gobierno.

La sesión se iniciará a las 09:00 horas.

Precisamente, ayer el jefe del Gabinete, Alberto Otárola adelantó que el Consejo de Ministros abordará las acciones que ejecuta el Poder Ejecutivo en prevención al Fenómeno de El Niño.

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El Congreso de la República publicó la ley que promueve el estudio, producción y consumo del Nostoc, conocido comúnmente como cushuro, en todas sus variedades como alimento para la prevención y lucha contra la anemia y desnutrición.

La Ley Nº 31825 señala que el Ministerio de la Producción (Produce), como ente rector, convocará al Ministerio del Ambiente (Minam), Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y Ministerio de Cultura (Mincul), así como a los gobiernos subnacionales para que realicen de manera coordinada las siguientes acciones:

a) Asegurar el estudio y la investigación del Nostoc.

b) Incentivar la conservación, cuidado, producción y consumo sostenible del Nostoc.

c) Proteger la infraestructura, áreas y demás espacios en los cuales se desarrolla y produce el Nostoc.

d) Establecer relaciones de cooperación internacional para el perfeccionamiento del estudio, investigación, conservación, cuidado, producción y consumo sostenible del Nostoc.

e) Promover el desarrollo de la industria de producción del Nostoc, dando énfasis en la generación de oferta por parte de la industria local y demanda por parte del sector público sobre la base de los intereses estratégicos del Estado.

Dichas actividades se realizarán con cargo a sus presupuestos institucionales y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

La norma publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano lleva la rúbrica del presidente del Congreso, José Williams, y de la primera vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano.

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La Comisión Permanente del Congreso de la República sesionará hoy miércoles 12 de julio, desde las 11:00 horas y tiene como único punto de agenda el proyecto de resolución legislativa para autorizar el ingreso al país de unidades navales y personal militar de Colombia.

Se trata de una iniciativa del Poder Ejecutivo que propone autorizar el ingreso unidades navales y de personal militar extranjero de la República de Colombia, con armas de guerra, a fin de participar en la Jornada de Apoyo al Desarrollo Binacional Colombia - Perú 2023 (Acción Cívica), actividad que se realizará l 15 y 28 de julio, y el 9, 21 y 22 de agosto.

El Proyecto de Resolución Legislativa 5533 fue presentado el 6 de julio de 2023 y decretado a las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores el 10 de julio de 2023.

Según la convocatoria enviada a los miembros de la Comisión Permanente, este grupo de trabajo sesionará de manera virtual.

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